La urgencia e importancia de desmontar el narcoestado en Bolivia

El establecimiento y soporte de las dictaduras del socialismo del siglo 21 en las Américas ha convertido a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia en narcoestados y la mayor amenaza contra la vida y la seguridad de las democracias. La suplantación de la política por el narcotráfico avanza buscando la creación de una subcultura para legitimar y legalizar el crimen. En los últimos 22 años Bolivia pasó de ser el país más eficiente y exitoso en la lucha contra el narcotráfico a un narcoestado que urge desmontar por interés de la región y del mundo.

Penetrada por el narcotráfico Bolivia recuperó la democracia el 10 de octubre de 1982 con la presidencia de Hernán Siles Suazo, pero fue el 19 de julio de 1988 que el presidente Víctor Paz Estenssoro promulgó la “Ley del régimen de la coca y sustancias controladas” o “Ley 1008” en la que se establecen los cuatro elementos de esta política: “la prevención, la erradicación de coca ilegal, la interdicción y el desarrollo alternativo”. Esta ley y su aplicación se convirtieron el “Política de Estado”.

En Agosto de 1993 Bolivia tenía alrededor de 60.000 hectáreas de cultivos de coca ilegal base de la producción de la cocaína; la zona del trópico de Cochabamba o Chapare era una zona bajo control de los cultivadores ilegales de coca bajo mando de Evo Morales sobre la que el Estado había perdido control; la política se veía afectada por las acusaciones de narco vínculos. Diez años después, en Octubre de 2003 -cuando se produjo el golpe de estado- Bolivia tenía solo 3.000 hectáreas de coca ilegal. La política de “coca ilegal cero” había dejado al narcotráfico sin materia prima. El narcoestado ha llevado a Bolivia a tener hoy alrededor de 100.000 hectáreas de coca ilegal.

El 17 de Octubre de 2003 derrocaron al presidente Sánchez de Lozada quien había venido advirtiendo públicamente que las reiteradas conspiraciones e intentos de golpe de estado y de asesinato en su contra estaban dirigidos a la construcción de una “dictadura/narcoestado”. Al día siguiente del derrocamiento, Carlos Mesa, el vicepresidente felón devenido en presidente, Evo Morales y los conspiradores, se reunieron en El Alto y aprobaron la “Agenda de Octubre” estableciendo su programa: “asamblea constituyente, nacionalización del gas, protección del cultivo de la coca, enjuiciamiento de los derrocados…y más”.

Con el golpe del 17 de octubre de 2003 empezó la construcción de la dictadura/narcoestado, que avanzó cuando Evo Morales desconoció los convenios internacionales antinarcóticos el 2008 expulsando a la DEA y al Embajador de Estados Unidos, que se institucionalizó cuando suplantaron la Constitución de la República por el estado plurinacional, y se consolidó con la “ley general de la coca” 906 de 8 de marzo de 2017 que suplanta la ley 1008.

El gobierno de este narcoestado -con leyes que institucionalizan la protección al narcotráfico y al terrorismo- es el que ha sido entregado al presidente Rodrigo Paz Pereira. La Bolivia que recibe Paz es un narcoestado plurinacional con constitución, leyes y estructura diseñados y operando para la promoción y protección del crimen, el narcotráfico, el terrorismo y la impunidad. Hasta aquí ha salido el dictador pero no la dictadura. El presidente Rodrigo Paz asumió el gobierno pero no tiene aún el poder que permanece en manos de la dictadura/narcoestado.

La realidad objetiva es gravísima. Evo Morales y su grupo delictivo controlan como zona libre para el narco el trópico de Cochabamba, el país es área de protección de narcotraficantes y terroristas, operan en el territorio carteles y grupos mafiosos de todo el mundo, el grupo más importante de productores de coca y de cocaína tiene condición de partido político -el Movimiento al socialismo MAS- que controla la mayor parte de los municipios y gobernaciones del país, el sistema de justicia depende del régimen que instaló el narcoestado, los narcotraficantes que han tenido funciones públicas empezando por Evo Morales gozan de impunidad, el crimen está sindicalizado, y más.

El desmontaje del narcoestado debe seguir los tres pasos imprescindibles de la transición de la dictadura a la democracia: 1.- eliminar la estructura jurídica del narcoestado; 2.- no impunidad, procesando, capturando y extraditando a los narcotraficantes y narco vinculados empezando por Evo Morales; y 3.- ilegalizar los instrumentos que el narcotráfico usa para ser parte de la política, como el MAS y organizaciones denominadas sociales o sindicales del sistema narco.

La ejecución de estos tres ejes solo es posible con el respaldo del pueblo que hoy existe, con autoridades competentes, con una Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico idónea, y la imprescindible cooperación internacional que supone el retorno de la DEA en los términos y alcances de los convenios vigentes hasta 2008 desconocidos por Evo Morales. Bolivia sabe cómo luchar y derrotar al narcotráfico, ya lo hizo entre 1993 y 2003 y fue modelo para las Américas.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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