Llegó la hora de la Corte Suprema en Estados Unidos

Ingresó al ruedo el protagonista que faltaba, la Corte Suprema de Estados Unidos, que no es una institución exactamente igual a las que tienen el mismo nombre en otras partes del mundo. Es más, con mayor poder y menos control que en otros lugares, y en ese sentido es casi única. Lo suyo es más que la separación de poderes, son los frenos y contrapesos. Al menos en EE. UU. ninguna otra institución o persona tiene ese poder, ni siquiera el presidente. Es la palabra definitiva en todo, equivale a una ley, toda vez que, por el sistema de precedentes, sus decisiones deben ser obedecidas por todos, a todo nivel. A veces más, ya que no hay una Corte declarando inconstitucional sus resoluciones.

Curiosamente esas atribuciones no figuran en la constitución, sino que fue una decisión de la propia Corte Suprema a inicios del siglo XIX al decidir en un fallo que era la autoridad definitiva en el país, lo que ha sido cumplido desde entonces a rajatabla. Es incluso el motivo por el cual el país firma pocos tratados internacionales, ya que rehúye todos los que limiten o condicionen en alguna forma esas potestades, hasta aquellos de la infancia. A diferencia de otros países, ni siquiera tiene la obligación de fallar todo lo que se le presenta, ya que decide escuchar pocos casos, casi siempre los que tienen un componente constitucional, en su doble carácter de ser el máximo tribunal legal de derecho, pero también tribunal constitucional.

Para decidir si interviene o no, la Corte Suprema somete habitualmente a los abogados a estrictos interrogatorios de porqué debieran ser escuchados, predominando en general la idea fundacional de que el sistema tiene preferencia por los estados, y para que predomine la intervención federal, debe estar mandatada en alguna disposición legal expresa. Estas audiencias sirven de orientación, pero no siempre se cumplen los pronósticos, aunque en este último caso de la apelación a lo resuelto en el Estado de Colorado, pareció haber una rara mayoría en los foros de la TV por cable, que las intervenciones de los supremos parecían apuntar a darle la razón al abogado de Donald Trump.

En todo caso, en un país tan dividido y polarizado como es hoy EE. UU. inevitablemente lo que resuelva va a ser interpretado en clave político-partidista, partiendo por los votos de los tres supremos que fueron propuestos al Senado mientras Trump estuvo en la presidencia, aunque en la historia de la Corte, la división más que ser entre derecha e izquierda, ha sido entre conservadores y liberales, o más bien, entre originalistas que piensan que solo les corresponde interpretar el sentido de los padres fundadores o aquellos que creen que su deber es que sea un organismo vivo, adaptado a las cambiantes necesidades de la historia, para que no pierda vigencia.

Mas aún, en esa historia abundan las decisiones que sorprenden a quienes siguen el día a día de la Corte, por parte de supremos que han ejercido el llamado “derecho al olvido”, es decir, aquellos que se olvidan del partido que los eligió para llegar a este sillón vitalicio, donde no tienen limitación de edad por lo que han existido casos de quienes han permanecido en ella cuando estaban gravemente enfermos.

Esta Corte Suprema no quiso escuchar los alegatos del entonces candidato derrotado Donald Trump en 2020, a diferencia de lo que ocurrió el año 2000 cuando intervinieron en la disputa entre George Bush y Al Gore, dándole la razón a la resolución primera del Estado de Florida, poniendo así fin a varias decisiones contradictorias de diversas cortes, proclamando en la práctica el triunfo de Bush, con lo que no hubo recuento y no se supo que había pasado con los quinientos y tantos votos que estaban en cuestión. Así fue que se decidió al ocupante de la Casa Blanca.

Ahora, entra al campo de juego y deberá pronunciarse sobre algo que ya anunció, la petición de Trump de revisar la decisión de la Corte Suprema de Colorado de excluirlo de la participación en la primaria de ese estado en virtud de la enmienda 14 de la constitución, aprobada para excluir de la vida pública a los derrotados de la guerra civil. A ello, se ha agregado una segunda petición, no resuelta aún, para suspender el fallo reciente de un tribunal de apelaciones que rechazó que tuviera inmunidad penal para ser juzgado por los hechos que tuvieron lugar el 6 de enero de 2021 en el Capitolio, ya que alegaba que tenía una protección especial por ser presidente en ejercicio ese día, aunque la verdad que más que una decisión definitiva, lo que busca es que los juicios de connotación política se resuelvan después del día de elecciones.

Son 91 los procesos en su contra, de todo tipo, civiles y penales, que han producido el inesperado resultado que las resoluciones adversas hacen crecer su apoyo en la base republicana al igual que vis a vis Joe Biden.

EE. UU. tiene un particular sistema electoral que ha existido desde su creación, que no es mayoritario sino de Colegio Electoral, donde la elección no necesariamente la gana quien ha obtenido más votos, sino quien triunfa en más estados, siendo la cantidad mágica la de 270 electores para ese Colegio que se reúne en Washington, después de las elecciones, Los estados son quienes envían compromisarios que viajan a elegir al presidente.

Dejando afuera las acusaciones no probadas y las teorías conspirativas de fraude, no hay evidencia que la Corte quiera entrar al fondo de las alegaciones, aunque sería bueno que lo hiciera, toda vez que puede hacer aquello para lo cual nunca ha habido votos suficientes en el Congreso, lo cual es que se establezcan requisitos comunes en todo el país y en todo centro de votación para desterrar definitivamente las acusaciones de irregularidades y tener un sistema más cercano a lo que ocurre en otras democracias, que son capaces de informar resultados oficiales no cuestionados poco después del cierre de las urnas, y no a través de proyecciones televisivas.

En otras oportunidades, la Corte Suprema ha utilizado sus atribuciones para resolver nudos donde el poder político aparece maniatado, solucionando problemas. Ocurrió con una decisión que la propia Corte revirtió el año pasado, la de Roe versus Wade que en 1973 permitió el aborto, mediante la consagración constitucional del derecho a la intimidad, o lo que la Corte Suprema logró en los años 50 y 60 con los derechos civiles de los afroamericanos, en nombre de la igualdad, antes de que lo hiciera el Congreso.

Sin embargo, hoy no se avizora nada semejante, debido a que al parecer les complica estar judicializado de la política, desde el momento que se les pide a los tribunales decisiones que le corresponden en democracia a la ciudadanía. Colabora también el hecho que no siempre la información es objetiva, desde el momento que, en los otrora medios independientes, hay activismo más que información, lo que a su vez ayuda a la polarización.

Por último, como EE. UU. ha sido afortunado por no haber tenido instancias de toma violenta del poder (tanto que no hay expresión en inglés para golpe de estado, usándose el idioma francés), por lo que casi no hay normas recientes para lo que se debate parcialmente hoy en tribunales, por lo que se están usando disposiciones cuyo origen es la guerra civil. Además, la polarización ha llegado también al manejo de documentos reservados por las autoridades, por lo que la clave de los procesos se encuentra en la división imperante más que en su propio mérito.

La politización aumenta en vez de disminuir y puede alcanzar a fallos futuros de la Corte Suprema, toda vez que el país no tiene mayor experiencia en delitos como la insurrección, con lo que, de tomar este camino, la Corte estaría ingresando en tierra desconocida. Se complica aún más cuando hay un porcentaje importante de la población que piensa que existen dos sistemas de justicia, siendo el segundo solo para enjuiciar a Trump. Además, al aparecer como un perseguido político el líder de la oposición, lamentablemente se agrega una mala imagen en el exterior, que perjudica la política exterior de la potencia. Es injusto para EE. UU. pero es una realidad con grupos que rechazan a través del mundo la propia idea de lo que el país es y representa.

Por lo demás, los juicios no han hecho mella en su caudal electoral, no pareciendo que alguna sentencia vaya a derribarlo, y aun así no se impediría que asuma la presidencia en caso de ganar, y si llegara a ser condenado, algunos de sus partidarios dicen que aun así podría perdonarse a sí mismo.

Hay todo tipo de juicios contra Trump, pero una duda clave es más específica: ¿por qué el partido demócrata, fiscales electos como militantes en Georgia y Nueva York y la propia Casa Blanca están actuando así? Si se suman los itinerarios político y judicial, no hay duda de que los juicios de origen político se han presupuestado para coincidir con la campaña. El motivo pareciera ser uno solo, que las resoluciones influyan en el voto independiente en los estados que se consideran como bisagras, es decir, 6 u 8 donde el resultado es incierto a diferencia de aquellos estados que se sabe con anticipación quien va a ganar. La campaña y los recursos se concentran en estos 6 u 8 que son en definitiva los que deciden el nombre del ganador, al no ser un sistema mayoritario. Todo indica que va a ser tan disputado como el 2016 o el 2020.

Sin embargo, lo judicial no parece estar funcionando de acuerdo con lo esperado, y está probando ser tan imprevisible como lo puede ser un tercer candidato, como por ejemplo Robert Kennedy. Usualmente hay más que dos postulantes, pero siempre el ganador ha sido republicano o demócrata, aunque existen algunas pocas experiencias donde un tercer candidato no ha sido electo, pero ha definido el resultado. Ocurrió en 1988 donde la votación de Ross Perot quitó votos a Bush padre y ayudó a elegir a Bill Clinton, y también pasó el 2000, donde los votos de Ralph Nader perjudicaron a Gore en Florida y le dieron la presidencia a Bush hijo.

En la actualidad, el traslado de debates partidistas a un lugar tan inadecuado como los tribunales, hace correr el riesgo que se manifieste en EE. UU. lo mismo que ha pasado en otros países, es decir, mayor pérdida de confianza en la justicia y mayor politización de esta, ya que en el futuro podría tener lugar una vuelta de mano, es decir, que en aquellos estados y condados de clara mayoría republicana se intente dejar afuera de la competencia electoral a candidatos demócratas, como también fiscales electos actúen en contra de algún presidente demócrata, como podría ser el propio Biden en un tema conflictivo como por ejemplo, la inmigración ilegal en la frontera sur.

La judicialización de la política trae consigo el claro riesgo de desestabilizar al más importante de los sistemas constitucionales que el mundo ha conocido, que también fue hasta hace poco, muy estable. La Corte Suprema no lo ve tan urgente, y al parecer lo que no quiere es ser arrastrada al tsunami de pasión en que se ha convertido el debate nacional. Antes, fracasó en el Congreso el impeachment o juicio político y, por ahora, ningún tribunal ha condenado todavía por insurrección a Trump, quizás porque hasta el momento han estimado que los disturbios del 6 de enero de 2021 fueron graves, pero no un golpe de Estado, por lo que todavía es un tema electoral, donde es altamente negativo que casi la mitad del país no confíe en el sistema electoral.

Es cierto que más que haber un sistema electoral hay 51, los 50 estados y la ciudad capital de Washington, sin embargo, la raya para la suma es que por muchas irregularidades que se sumen a nivel local, la diversidad y la falta de un solo sistema centralizado, por lo mismo, hacen que un fraude a nivel nacional sea prácticamente imposible.

El tema sigue siendo electoral, y por lo mismo, la candidatura del presidente Biden está pasando por un momento difícil, más que por su edad, por sus evidentes problemas de salud, sobre todo, aquellas situaciones de creciente deterioro, lo que se refleja en las encuestas, por tratarse de la persona que maneja el botón y los códigos nucleares.

Junto a la polarización, la confrontación en la forma de una guerra cultural es un peligro que acecha ya que más que existir una sola fuerza antidemocrática encontramos a dos, que se potencian una con la otra, con fuerte presencia en los dos partidos históricos.

¿Lo resolverá en noviembre una elección? No. ¿Lo hará una sentencia judicial? No lo creo.

Si pienso que en la improbable situación que la Corte Suprema decida entrar en el tema de fondo, por cierto, no va a hacer nada que afecte la característica fundamental del sistema electoral, que es el poder de los estados, como también cualquier sentencia que apunte al fondo, va a ser funcional a la existencia del Colegio Electoral. Sin embargo, la Corte Suprema podría hacer un gran servicio definiendo aquello que hoy carece EE. UU., es decir, criterios uniformes para votar, incluyendo protección de los votos, sistemas de identificación de los votantes, e idealmente recuento manual y una justicia electoral con capacidad para resolver oportunamente, evitando así lo que hoy estamos presenciando. Todo en la línea de sus atribuciones únicas, en virtud de las cuales puede obligar a los distintos sistemas de cada estado a que adopten criterios comunes. Sin hacer una reforma profunda como esta, el Estado de Florida modernizó su sistema después del fiasco de la elección del 2000, con tanto éxito que hoy nadie cuestiona su desempeño.

Y ya que el Congreso está tan dividido y no actúa, todos podrían agradecer esa sentencia histórica.

@israelzipper

PhD en Ciencia Política (Essex), Abogado (U. de Chile), Licenciado en Derecho (Barcelona), excandidato presidencial (Chile, 2013)