Sanciones y elecciones primarias en Venezuela

Una imagen vale más que mil palabras, dice el cliché. Llegó la delegación de Maduro a Barbados y se vio descender del avión a Camilla Fabri, enviada como “Defensora de Derechos Humanos”. La señora Fabri, ciudadana italiana, está prófuga de la justicia de su país por corrupción y lavado de dinero. Ello vinculado a actividades de su esposo, Alex Saab, a su vez sancionado por el Departamento del Tesoro y alojado en una cárcel de Miami bajo cargos similares.

Eso a la luz del día y a la vista de todos, la obscenidad exhibida en una foto. Si hay algo para reconocerle al chavismo es su franqueza. Fabri hasta estampó su firma en los acuerdos entre el gobierno y la Plataforma Unitaria y lo divulgó en las redes sociales con orgullo. Uno se pregunta si los facilitadores de este cónclave, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Noruega y la Unión Europea, saben con quién están negociando.

Los acuerdos en cuestión son sobre “la protección de los intereses vitales de la nación” y “la promoción de derechos políticos y garantías electorales”. El primero es acerca de la disputa con Guyana por el Esequibo, soberanía que tanto gobierno como oposición reivindican. El segundo trata de la normativa que gobernará la negociación para celebrar elecciones libres, justas, transparentes y—dada la larga historia de fraudes chavistas—creíbles; es decir, verificadas por observadores internacionales.

En paralelo, los Estados facilitadores emitieron su propia declaración. En ella subrayan que a tales efectos es imprescindible lograr la liberación de los presos injustamente encarcelados, la independencia del proceso electoral y de la justicia, la libertad de expresión y de prensa, y el respeto a los derechos humanos y políticos.

Pero lo anterior no se refleja en el texto, pues el mismo no ofrece pasos concretos. El calendario electoral ya está predefinido en la constitución, estipula el segundo semestre de 2024. En cuanto a sus garantías, desde Chávez la observación electoral de la OEA está excluida. El problema es que las demás misiones de observación tienen menos envergadura y competencia técnica. Sobran ejemplos de elecciones en la región en las que la propia Unión Europea debió corroborar sus datos con la OEA antes de hacerlos públicos.

El régimen anunció la liberación de cinco presos, claro que uno de ellos tenía la condena cumplida y otro no estaba detenido. La desprolijidad porque los presos son rehenes. La dictadura los negocia según sus objetivos—siempre el levantamiento de sanciones—y conserva la prerrogativa para usar “la puerta giratoria”; procedimiento por el cual unos salen y otros entran, al mismo tiempo y por la misma puerta. Ha sucedido.

Washington, por su parte, ya está levantando sanciones, por cierto que a cuenta de imprecisas promesas. Uno también se pregunta porqué después de tantos episodios fracasados, siempre por responsabilidad del régimen, nunca se ha hecho a la inversa como todo manual de negociación enseña. Es decir, primero la parte en infracción demuestra hechos—por ejemplo, liberar a todos los presos de conciencia—y luego se van relajando las sanciones de manera gradual.

Una vez impuestas, levantar sanciones antes de obtener concesiones tangibles es un incentivo para que el régimen continúe transgrediendo. Es otro cliché, pero muy válido: no es razonable hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro otorgó una licencia al gobierno de Trinidad y Tobago para explotar el yacimiento de gas de “Dragón” en el espacio marítimo venezolano en el Caribe. Lo hará en sociedad con PDVSA y Shell, y con autorización para efectuar pagos a Venezuela en moneda extranjera o cualquier otro método acordado. La licencia había sido decidida en enero pasado, pero fue anunciada recién ahora en ocasión del encuentro de Barbados.

Es que la necesidad tiene cara de hereje. El objetivo de la medida es disminuir la dependencia de Europa con el gas ruso sustituyéndolo por gas venezolano; la petroquímica Shell es británico-holandesa. No hay certeza que el régimen cumpla con las condiciones políticas del acuerdo, se verá si tiene la capacidad y el deseo de cumplir con sus términos energéticos. La licencia se extiende hasta octubre de 2025; no es mucho tiempo, pero es algo de oxígeno para Maduro.

Quien, en realidad, para entonces tal vez esté en casa escribiendo sus memorias, Pues todo ha sido como hasta ahora excepto una carta que de destapa este domingo 22 de octubre, un “Joker” que la dictadura no tomó en cuenta y que puede cambiar el juego: las elecciones primarias para determinar quién enfrentará a Maduro en 2024. Cuando las primarias comenzaron a planificarse, el régimen mismo disolvió el Consejo Nacional Electoral (CNE), abriendo con ello el espacio para que su organización y ejecución quedara en manos de los partidos de forma independiente, sin el Estado.

Y así ha ocurrido. Se creó la “Comisión Nacional de Primaria” con amplia participación y reconocimiento de la sociedad. Se logró registrar votantes en el país y en el exterior, una conquista de derechos ciudadanos de los refugiados. Se registraron los partidos y sus candidatos. Se movilizó la cobertura periodística y la opinión pública nacional e internacional. Y se logró un amplio apoyo de la comunidad internacional.

Para cuando se reorganizó el CNE, ya era tarde. La primaria es un “fait accompli”, un hecho consumado. Y, además, de la participación ciudadana surgió una candidata favorita: María Corina Machado. Cuando en junio pasado las encuestas mostraron evidencia de su sólido liderazgo, el régimen recurrió a una maniobra política desprovista de fundamento legal alguno: inhabilitarla por 15 años. Es que esas mismas encuestas dicen que hoy derrotaría a Maduro por 40 puntos y a los otros candidatos de oposición por mucho más.

La dictadura está en su propia ratonera, allí se metió sola. Sin el CNE, no puede cometer fraude en la primaria. De dicha elección surgirá un liderazgo para 2024 que tendrá legitimidad en la sociedad, prensa y reconocimiento internacional. Ese liderazgo no podrá ser ignorado. Y si el proceso continúa con una cierta normalidad, Maduro debería perder y transferir el poder en enero de 2025.

Si, por el contrario, Maduro continúa con la inhabilitación de la candidata con una nominación presidencial probablemente rotunda, el riesgo es que su juego se juegue en una cancha sin público. El espacio del régimen para elegir el candidato de la oposición, como ha sido su costumbre, se reduce ahora al mínimo. Finalmente, el juego de aparentar democracia ha concluido, una nueva etapa política se inicia el 22 de octubre. Los venezolanos están esperanzados, y por cierto que contagian.