El documento, en efecto, condena “la represión que ha causado 69 muertos, de los cuales 49 habrían sido asesinados con armas de uso militar y policial”.
Rechaza “la criminalización de la protesta social y el Impedimento del derecho a movilizarse pacíficamente”, exigiendo “el corte de juicios por lesa humanidad y libertad a los detenidos”.
Asimismo, sostiene la falsedad de “que el Gobierno de Dina Boluarte ha autorizado la presencia de tropas norteamericanas con fines de amedrentamiento a la población” y ataca al Parlamento por declarar personas no gratas a los mandatarios de Colombia, México y al boliviano Evo Morales.
En ese mismo texto, el FSP apoya a Petro, López Obrador, Alberto Fernández, Pedro Castillo, Xiomara Castro, Miguel Díaz-Canel y Lula da Silva, máximos exponentes del socialismo del siglo XXI, comprometiéndose a continuar la “batalla contra las fuerzas neoliberales e imperialistas”.
Y, como es ritual en todos sus cónclaves, urgen por “el levantamiento incondicional del criminal y recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano durante más de sesenta años”, haciendo extensiva esa demanda a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela.
El FSP fue creado en 1990 por iniciativa de Fidel Castro y Lula da Silva para coordinar a partidos y dirigentes de izquierda dispersos, desorientados y sin dinero después de la disolución de la Unión Soviética (URSS), logrando agrupar a más de 100 organizaciones políticas, entre ellas las peruanas Partido Comunista, Patria Roja, Nacionalista, Ciudadanos por el Cambio, Tierra y Libertad, Humanista, Pueblo Unido y Perú Libre.
En su primera etapa el FSP fue financiado por la constructora Norberto Odebrecht, al igual que 28 de 35 agrupaciones brasileñas, según registran los expedientes judiciales sobre la Operación Lava Jato.
Más adelante, dispusieron de recursos ilimitados provenientes de Venezuela.
Una abundancia de capitales que este 2023 permitió al FSP invitar a 270 dirigentes regionales, cubriendo pasajes, hoteles, alimentación, movilidad, y atender a 300 participantes de la sociedad civil. Un gasto millonario que explica por qué el FSP se ha convertido en la organización más poderosa del continente, mientras los socialdemócratas y socialcristianos no desarrollan actividades proselitistas para compactar ideas y estrategias porque no disponen de fondos ni tienen –pienso– determinación política.
Más aún, el 12 de julio del 2019 se constituyó en México un anexo del Foro denominado Grupo de Puebla (GP), integrado por 165 miembros, prácticamente todos los líderes del FSP más el exjefe de Gobierno españolJosé Luis Rodríguez Zapatero, así como las peruanas Verónika Mendoza y Aída García Naranjo.
El poder combinado del FSP y del GP permite que controlen parte de la Corte y de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, a los organismos multilaterales de crédito, las ONG de derechos humanos a escala mundial y medios de prensa, garantizando, así, una agenda ideológica y la impunidad de regímenes tiránicos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
En ese contexto sorprende que las autoridades mantengan silencio ante los ataques de esas instituciones porque ni siquiera han desmentido el brulote de que soldados USA se han constituido en nuestro territorio para “amedrentar a la población”.
El silencio diplomático y político en el ámbito externo es una característica de este régimen que al callar acepta y así fortalece a los sectores de izquierda radical.
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