
América Latina ha sido una región fuertemente golpeada por la COVID-19. Además de ser uno de los continentes con mayor desigualdad, la pandemia generó la pérdida de muchos empleos y el surgimiento de nuevas masas de personas que han optado por el trabajo ambulatorio como el mecanismo más rápido para atender sus necesidades básicas. Sin embargo, una de las principales formas de atender esta realidad ha sido la prohibición, exclusión y decomiso de sus productos por parte de las autoridades, como si la pobreza pudiera desaparecer solo por prohibirse.
Es importante recordar que mucha de la población que trabaja en calle es afectada por diversas capas de vulnerabilidad. Algunos son personas adultas mayores, otras menores de edad, mujeres en situación de violencia, personas obligadas a trabajar en calle, o individuos con condiciones crónicas de salud, solo por mencionar algunos factores, y la mayoría de ellos compartiendo condiciones de pobreza y falta de acceso a opciones de empleo formal. Cada día trabajado equivale al ingreso total que recibirán y con los que solventarán los gastos de ellos y sus familias.
Ante esta problemática, las políticas urbanas cobran una gran relevancia. Son los gobiernos municipales los responsables de gestionar el orden del espacio público y las actividades que en éste se realizan. Ante la focalización de distintas actividades de comercio informal en los puntos más transitados de las ciudades, la alternativa elegida es la prohibición y persecución de quienes realizan este tipo de trabajo. ¿Qué otra mirada podemos tener para atender esta realidad?
Los gobiernos municipales deben promover ciudades donde las políticas públicas atiendan a toda la población, incluyendo a aquellas que trabajan en el comercio ambulatorio. Por lo tanto, se requiere de medidas integrales donde el abordaje no sea solo la fiscalización, sino atendiendo el origen del problema. Es decir, identificar de forma adecuada las causas que han llevado a una persona a trabajar en la calle de manera informal.
Un primer paso es simplificar el lenguaje y las etapas para trabajar formalmente en el espacio público. Muchas veces, la barrera es el complicado acceso a los mecanismos de formalización, donde usualmente no se da un trato adecuado para quienes acuden a realizar consultas. Por otro lado, está la inclusión de quienes trabajan en las calles al momento de diseñar los distintos programas y mecanismos de formalización y generación de empleo. ¿Cuántas veces se les consulta, entrevista y considera al momento de pensar en las soluciones para esta población?
Por otro lado, está la generación de procesos integrales. Muchos municipios cuentan con programas de productividad y programas sociales a los que debieran articularse las políticas de atención al comercio ambulatorio. El empadronamiento de quienes trabajan de forma ambulatoria es un mecanismo para caracterizar a la población, conocer cuáles son sus necesidades, pero también sus capacidades. Fortaleciendo los conocimientos que poseen, es posible incorporarles en procesos formales y, a su vez, atender las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, articulado también con programas que se implementan desde los gobiernos nacionales.
Es necesario repensar también la forma como se aborda el comercio ambulatorio. Muchas veces es pensado como una actividad negativa que debe desaparecer; sin embargo, son actores clave para hacer las calles más vivas. Contar con personas que tienen puestos móviles de alimentos, que poseen kioscos de libros, que venden periódicos o revistas, son algunos elementos que contribuyen a que una calle se sienta más segura, pues suma ojos en la calle. Por supuesto, estas actividades deben realizarse de forma ordenada, higiénica y con los estándares adecuados de trabajo. El reordenamiento del comercio ambulatorio debería significar identificar dónde es posible realizarlo, bajo qué temáticas y mejorando las condiciones físicas y espaciales, para que así pueda contribuir a dinamizar calles que antes solo estaban vacías.
Repensar cómo abordamos este tipo de trabajo implica también repensar cómo nos vemos como comunidad. ¿Quiénes han sido las personas que se ha buscado atender? ¿A quiénes se ha querido incluir? ¿Y a quiénes se ha excluido? Cuando a todos se nos aborda con la misma dignidad, puede trabajarse para tener ciudades verdaderamente inclusivas.

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