Pedro Castillo como presidente del Perú perpetró este 7 de diciembre un golpe de estado. Disolvió el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, asumió todo el poder para gobernar por decretos leyes y convocar a constituyente, pero fracasó porque el Congreso determinó su vacancia con sucesión constitucional y Castillo fue detenido y procesado. Esta verdad con todo el mundo de testigo está tratando de ser suplantada con la falacia de presentar a Castillo como víctima para justificar la conspiración y la violencia, repitiendo la falsificación de la narrativa impuesta en Bolivia para encubrir los crímenes de Evo Morales y su régimen.
Un delito flagrante o infraganti “es aquel en que el delincuente es sorprendido mientras lo está cometiendo, cuando es perseguido y detenido sin solución de continuidad con respecto a la ejecución, tentativa o frustración”. Esto es “en el mismo momento de estarse cometiendo un delito sin que el autor haya podido huir”. Lo flagrante “es de tal evidencia que no necesita pruebas”, porque los hechos que flagran (de arder o resplandecer como fuego o llama) son la prueba plena.
Los actos de Pedro Castillo con su discurso de 9 minutos y 57 segundos en el que se proclamó dictador son delitos señalados constitucional y tipificados penalmente, y su frustrada huida a la embajada de México en Lima, con la confirmación dada por el gobierno mexicano, configuran la flagrancia.
El socialismo del siglo 21 o castrochavismo ha planteado rápidamente una narrativa falsificada que consiste en presentar a Pedro Castillo como víctima del golpe de estado y lo han hecho por medio del denominado “Comunicado Conjunto de Argentina-Bolivia-Colombia y México sobre la situación del Perú” tratando a Castillo el 12 de diciembre como “presidente” al que dicen que “desde el día de su elección fue víctima de un antidemocrático hostigamiento violatorio del articulo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos…”
Argentina-Bolivia-Colombia-México han iniciado la falsificación de la verdad para incitar y sostener la violencia en Perú. Los operadores locales pasaron del apoyo a la vacancia a manipular la falsedad de la ilegalidad en la sucesión presidencial, desconociendo a la presidenta, pidiendo constituyente, buscando coartadas a Castillo, generando violencia en busca de víctimas mortales para usarlas.
El dictador Nicolas Maduro denunció que “son las elites oligárquicas, que no permiten que un simple maestro llegue a la presidencia del Perú e intente gobernar para el pueblo”. Reunidos en Cuba, los dictadores Díaz-Canel, Luis Arce, Daniel Ortega y Nicolás Maduro y gobernantes del Caribe pidieron “cordura a políticos peruanos” afirmando que Castillo “fue víctima de una operación de sus adversarios de derecha..”
Luego de casi 14 años de dictadura, en las elecciones de 2019 Evo Morales cometió delitos flagrantes de fraude electoral, falsificaciones y otros. Ante la resistencia civil y popular por la flagrancia de los crímenes, renunció voluntariamente con su vicepresidente, se refugiaron en la zona cocalera y el Congreso bajo control absoluto de Morales aceptó su renuncia y designó como presidenta a la senadora Jeanine Añez en la línea de sucesión del estado plurinacional impuesto por Morales. Como primer acto de impunidad, un avión de la Fuerza Aérea de México enviado por López Obrador llevó a Morales a México donde fue proclamado “el derrocado presidente víctima de un golpe de estado”.
Con frecuentes visitas a Cuba establecieron a Evo Morales en la Argentina de Fernández/Kirchner desde donde continuaron promoviendo y financiando la conspiración y la violencia en Bolivia. Morales fue grabado instruyendo personalmente bloqueos y crímenes para cercar ciudades de Bolivia, masacres en Senkata, Sacaba con decenas de muertos. El gobierno que debió ser de transición resultó de continuismo dictatorial y sin restaurar ni la República ni la democracia se coludieron en el nuevo fraude electoral de 2020 que llevó al poder a Luis Arce, ministro de Morales y garante de impunidad y continuidad.
La narrativa falsificada de que Evo Morales dejó el poder el año 2019 víctima de un golpe de estado se hizo oficial, el régimen abrió causas penales y emitió condenas de 10 años de cárcel contra la ex presienta y decenas de víctimas, por lo único que no hicieron y que nunca existió, el golpe de estado.
El castrochavismo repite en Perú la falsificación de la narrativa y la violencia extrema que les devolvió el dictador, la impunidad y el narcoestado en Bolivia. Sin duda su plan es asilar a Castillo o liberarlo, convertirlo en víctima del golpe de estado en lugar de autor, mientras bloquean y matan, restaurarlo y/o con su bandera llegar a una constituyente para organizar su dictadura como estado plurinacional.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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