América Latina en el informe de la Relatoría Especial de Derechos Culturales

La región ocupa un lugar marginal en el reporte

(foto: ONU Human Rights)
(foto: ONU Human Rights)

El pasado 20 de octubre, la nueva Relatora Especial sobre Derechos Culturales, Alexandra Xanthaki, presentó oficialmente su primer informe que se centra en la defensa del rol de la diversidad cultural y los derechos culturales en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de cara a su segundo ciclo de implementación. En él, la relatoría hace un llamado explícito a incluir los derechos culturales como el cuarto pilar del desarrollo sustentable, junto a los derechos económicos, sociales y ambientales.

Los principales argumentos esbozados se pueden agrupar en dos ejes. El primero refiere a la escasa importancia que los derechos culturales han tenido a la hora de pensar en una agenda de desarrollo sostenible en relación a otros derechos. Considerar la cultura una “dimensión transversal” a los 17 Objetivos de la Agenda que ha significado en la práctica esconder los derechos culturales detrás de una actitud declamatoria. De hecho, la relatoría puntualiza que el único Objetivo referido explícitamente a la cultura es el 11, y de las 168 metas de los objetivos restantes, la cultura solo se menciona en 3: “en el Objetivo 4, sobre educación de calidad; en el Objetivo 8, sobre trabajo decente y crecimiento económico; y en el Objetivo 12, sobre consumo y producción responsables, e incluso en estos contextos apenas se habla de ella.”

El segundo eje es el más débil. El informe sostiene que la cultura es un pilar fundamental del desarrollo sostenible, justo e inclusivo y que es fundamental para contrarrestar “el modelo único de desarrollo” basado en la “acumulación de riqueza” y “el fomento de la productividad”. Las concepciones dominantes del desarrollo estarían ligadas “al colonialismo como procesos imperialistas que han ido imponiendo una determinada forma de entender el ‘progreso’ que no es compatible con las concepciones de las comunidades y sociedades afectadas”. Estos conceptos remiten a una tradición marxista de los estudios culturales, así como a los estudios postcoloniales. Pero en dichos sistemas de pensamiento, los conceptos se redefinen y discuten continuamente, por lo cual la idea de modelos “dominantes” ya ha sido puesta en duda hace décadas.

¿Existe hoy una visión del progreso única? ¿Existen consensos fuertes como los hubo en la década de 1990 sobre modelos de desarrollo? ¿Es posible hablar de visiones dominantes cuando existe una disparidad de modelos económicos, políticos y sociales a través de los cuales naciones como Chile, China, Vietnam, Estonia han logrado sacar de la pobreza a millones de ciudadanos? ¿No es parte fundamental de la crisis política y cultural que se ve en muchas sociedades el hecho de que la globalización, el liberalismo, los modelos productivos se discuten y hasta atacan abiertamente?

La relatoría recuerda con acierto que la diversidad cultural y la creatividad humana son herramientas necesarias para pensar el futuro. Bucear y explorar en las prácticas culturales respuestas posibles a problemas globales es un mandato tanto para los líderes políticos como para las sociedades civiles, porque la cultura es una fuente ya existente de conocimiento cuyo desprecio resulta sumamente ineficiente. Sin embargo, es posible imaginar el rol de la relatora y los especialistas en el campo de la cultura como constructores de puentes, facilitadores de diálogos, más que como autoritas morales que juzgan las opciones elegidas desde otras áreas de expertise.

Unas últimas observaciones sobre el lugar bastante marginal que ocupa América Latina en el nuevo informe. A pesar de que los Objetivos de la Agenda 2030 y el concepto de “desarrollo sostenible” son relevantes para pensar el presente y el futuro de la región, muy pocos Estados y aún menos organizaciones de la sociedad civil han respondido al pedido de información. De los países de América Latina, se hace referencia a la Argentina, México, Cuba, Bolivia y Ecuador, pero solo de los tres primeros hubo aportes tanto de instituciones estatales como de la sociedad civil. Aunque la escasa participación no es responsabilidad de la relatoría, es esperable que el dato forme parte de una agenda futura.

Lo más llamativo en cuanto a la región, es la decisión de citar la autodefinición del gobierno cubano como un estado “que hace hincapié en la promoción de la participación cultural y el desarrollo de diversas capacidades para la apreciación crítica de las artes y la literatura, la creación de valores éticos, estéticos, políticos y cívicos y la defensa de la identidad y el patrimonio cultural nacional” cuando hoy en día hay cinco artistas enjuiciados, cuatro en cárcel común y uno bajo régimen domiciliario por ejercer su derechos básico inalienables como la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica y el derecho a asociarse. Si el informe argumenta que no es posible un desarrollo sostenible sin todos los derechos, legitimar la voz del gobierno cubano resulta como mínimo contradictorio. No es posible soslayar que los artistas independientes en Cuba han sido objeto de la represión estatal sistemática, como le ha sido informado a la relatoría en más de una ocasión por organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de la isla.

*Cecilia Noce es Coordinadora del proyecto de CADAL “Defensa de la libertad de expresión artística” www.cadal.org

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