La pandemia del coronavirus ha aumentado, y mucho, el histórico desafío brasileño de financiar su desarrollo en el sentido de disminuir las desigualdades y ampliar la inclusión social.
El enfrentamiento del Covid-19 ya le costó al gobierno brasileño casi R$ 500 mil millones de reales (US$ 96 mil millones) en gastos relacionados directamente con el combate al virus y las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. La deuda interna trepó del 85% del Producto Interno Bruto a casi el 100%, un nivel crítico para una nación emergente.
Brasil siempre ha convivido con dificultades para costear de manera equitativa el gasto público que impulsa el crecimiento nacional. El economista francés Thomas Piketty, en su nuevo libro Capital e Ideología, muestra que la cuenta de la reducción de la desigualdad obtenida en los últimos gobiernos brasileños se hizo a expensas de la clase media.
La ampliación de la red de protección social exigida por la pandemia precipitó ese debate, llevándolo a la reflexión de que “no se puede gravar a los pobres para ayudar a los pobres”. Esa cuenta debe ser pagada por quienes más tienen.
En un país de desigualdades tan grandes, con el 1% de la población controlando el 50% del Producto Nacional Bruto, el Impuesto a las Grandes Fortunas representa la mejor salida para equilibrar las cuentas y garantizar la justicia social.
La actual pandemia ha hecho que la concentración de la riqueza sea aún más evidente. Un reciente informe de la ONG Oxfam acaba de revelar que 42 brasileños lograron aumentar sus fortunas en US$ 34 mil millones (R$ 177 mil millones) entre marzo, cuando el coronavirus golpeó a Brasil con fuerza, y junio de este año.
La propuesta que presenté y que está lista para ser votada por el pleno del Senado Federal, el Impuesto a las Grandes Fortunas solo alcanzaría a quienes tienen un patrimonio neto superior a R$ 28 millones. La alícuota entera alcanzaría apenas a los patrimonios superiores a los R$ 133 millones. Eso implica que el tributo recaería solo sobre los super ricos del país.
Hasta el Fondo Monetario Internacional, guardián celoso de la austeridad fiscal y enemigo de las aventuras financieras, defiende hoy la adopción de esquemas innovadores de tributación de las grandes fortunas como alternativa para superar una de las mayores crisis económicas de la historia mundial, causada principalmente por la pandemia de coronavirus.
La verdad es que los gobiernos de todo el mundo ya han desembolsado 12 mil millones de dólares, el equivalente a R$ 67 mil millones, para atenuar los efectos de la crisis generada por la pandemia de Covid-19. Con esto, la deuda pública mundial podría llegar al 98,7% del Producto Interior Bruto conjunto de todas las naciones este año, según proyecciones del propio FMI.
El problema es global, pero el desafío es aún mayor para las naciones emergentes, que necesitan acelerar su desarrollo y reducir las desigualdades sociales.
La propuesta que defiendo, contenida en nuestra Proyecto de Ley Complementaria Nº 183, de 2019, no tiene nada de revolucionaria. Reglamenta apenas una disposición que ya contiene nuestra Constitución, por ello adopta la figura de “ley complementaria”. El propio Senado Federal hace más de 20 años aprobó una propuesta en ese sentido, pero terminó fracasando en la Cámara de Diputados. Su objetivo es aplicar en Brasil una experiencia que ya fue adoptada en muchos países, que consiste en la compensación de los super ricos, al impulso que les dio la infraestructura del Estado en la construcción de sus fortunas.
En realidad, se trata de una retribución. Estas megafortunas pueden incluso haber sido construidas con esfuerzo y visión empresarial, pero solo se pudieron viabilizar gracias al uso de la infraestructura del estado brasileño. Nuestros multimillonarios no construyeron sus imperios de la nada, sino usando esa infraestructura, en la que la educación tiene un papel trascendental.
El impuesto, en este caso, permite que retribuyan el impulso recibido por el uso de la infraestructura nacional que los sectores más desprotegidos contribuyeron a construir.
(*) Periodista, senador por el Amazonas del PSDB, es autor del proyecto de ley de Impuesto a las Grandes Fortunas que se debate en el Senado Federal de Brasil. El proyecto tiene dictamen favorable y debe ser votado en la Comisión de Asuntos Económicos del Senado.
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