Las reformas que deben afrontar Venezuela y Rusia en la industria petrolera

Sin saberlo, el juez Leonard P. Stark ha decretado la muerte lenta pero segura de los petroestados en todo el mundo. De hecho, cuando decidió que CITGO era un alter ego del gobierno venezolano y, por lo tanto, sujeto a ser tratado como un activo a aprovechar en el pago de la deuda soberana, derribó de un solo golpe la base de los petroestados en todo el mundo. La decisión fue, en parte, facilitada por el Latin American Herald Tribune cuando solicitó poner fin a las prácticas de sellado abusivas que cubren la documentación del caso. Al otorgar la solicitud, el juez Stark permitió que el mundo viera claramente la toma de control de CITGO por parte del gobierno venezolano. Esto probablemente aceleró la decisión.

Curiosamente, la decisión llega cuando el mundo se acerca a la celebración del sesenta aniversario de la creación de la OPEP que comenzó en El Cairo con el Acuerdo de Caballeros diseñado por Juan Pablo Pérez Alfonso, el Ministro de Petróleo de Venezuela en el Primer Congreso Árabe del Petróleo celebrado en la primavera de 1959. Pérez Alfonso y Mohamed Mossadegh de Irán se habían mantenido en contacto, por lo menos, una década antes y habían llegado a la conclusión de que los países productores no podrían desarrollarse si la industria petrolera estaba en manos extranjeras. Esta conclusión surgió de su experiencia en el trato con las principales petroleras, quienes a través de los precios de transferencia impulsaron los dividendos en detrimento de los flujos de ingresos de los países productores. Hubo una ola de nacionalizaciones, siendo la primera la de Irán que causó la caída de Mossadegh. Las naciones productoras de petróleo, en poco tiempo, se dieron cuenta de que las empresas estatales podrían equipararse a cualquier otro departamento gubernamental y eso afectaría el bienestar, en tiempos de conflicto, con las naciones que consumen petróleo. Las naciones árabes patrocinaban Palestina y, por lo tanto, necesitaban distanciar sus unidades de producción de petróleo de la política exterior. Las compañías petroleras nacionalizadas se crearon así como corporaciones privadas que se mantenían a distancia de la burocracia estatal. Se establecía entonces una muralla china entre los intereses económicos y la política exterior. Y hasta ahora, todas las naciones productoras de petróleo, excepto Venezuela y Rusia, han mantenido dicha separación.

Pero a medida que el comercio mundial se vuelve más competitivo, la matriz energética mundial continúa diversificándose, la recopilación de información y la distribución prácticamente no tienen costo y las consideraciones ambientales introducen reformas en la producción de energía fósil, las demandas de rendimiento económico reclaman la liberalización de las unidades productoras de petróleo. Los estados petroleros exitosos del pasado deben reformarse antes de encontrarse con un activo decreciente. Esto ha dado lugar a la privatización de muchos enlaces a la cadena de valor de la energía fósil. Aunque parezca increíble, estas reformas no han sido previstas ni por Rusia ni por Venezuela, cuyas empresas son cada vez más el alter ego de sus gobiernos. Y piensan que pueden llevar a cabo estas políticas sin consecuencias en un mundo donde las tecnologías de la información han creado un estanque global que no oculta nada. La decisión del Juez Stark pronto obligará a los líderes de estas dos naciones a enfrentar la realidad. Y puede ser bastante desconcertante para su liderazgo.

*Beatrice E. Rangel es Directora de Amla Consulting Group