El doble estándar de los que condenan el perdón a Fujimori pero aplauden la amnistía a las FARC en Colombia

Apenas conocida la decisión del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, de indultar al ex primer mandatario Alberto Fujimori, de 79 años, que cumplía una pena de 25 años desde el año 2005, las ong transnacionales de derechos humanos se apresuraron a condenar la decisión.

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José Miguel Vivanco, el hombre a quien iba dirigida la pregunta de Nieto Loaiza, es un conocido referente de Human Right Watch, una organización surgida en Estados Unidos y que hoy tiene ramificaciones en varios países, incluida Argentina.

En su cuenta de Twitter, Vivanco, que es director del Departamento de las Américas de la citada ONG, escribió: "Lamento indulto humanitario a Fujimori. En lugar de reafirmar que en un estado de derecho no cabe un trato especial a nadie, quedará para siempre la idea que su liberación fue una vulgar negociación política a cambio de la permanencia de @ppkamigo en el poder".

Detrás de él también se pronunció Amnistía Internacional calificando la decisión del presidente peruano como un "duro golpe" a la lucha contra la impunidad.

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Es llamativo que la indignación presente contra Fujimori se dé en momentos en que éste contribuye con su acción a respaldar al presidente electo y a evitar una crisis institucional en Peru, análoga a la que estos mismos sectores deploraron en Brasil, tras la destitución de Dilma Rousseff.

Recordemos que tres días antes de la decisión de otorgar el indulto a Fujimori, Kuczynski enfrentó un juicio político en el Congreso peruano motivado por denuncias de que habría recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht. El actual presidente se salvó de la destitución gracias a que Alberto Fujimori, en este caso a través de su hijo, que es diputado, dividió los votos de su fuerza. Es lo que Vivanco llama "vulgar negociación política".

Pero la indignación del dirigente colombiano Rafael Nieto Loaiza, que pertenece al partido Centro Democrático, fundado por el ex presidente Álvaro Uribe, se debe a que el Acuerdo de Paz impulsado por el actual mandatario Juan Manuel Santos, además de poner en pie de igualdad al Estado colombiano con las fuerzas insurrectas que desafiaron por décadas su autoridad y soberanía, estableció la impunidad para los crímenes cometidos por la guerrilla de las FARC. Y no hubo entonces ningún pronunciamiento en contra de esa decisión por parte de la ONG de Vivanco.

Álvaro Uribe fue el principal opositor al acuerdo y -algo rápidamente olvidado- el pueblo colombiano le dio la razón rechazando en un plebiscito el Acuerdo elaborado por Santos y las FARC, lo que fue desconocido por el gobierno.

El caso colombiano, además, complica a quienes sostienen la tesis de que sólo los crímenes cometidos por el Estado son de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, porque las FARC hacían la ley e impartían "justicia" en los territorios que por muchos años controlaron; actuaban como un Estado paralelo, que hasta cobraba impuestos, extorsivamente, desde ya.

Por lo tanto, los crímenes que cometieron, como las cínicamente llamadas "retenciones", que no eran otra cosa que arrojar a civiles y militares secuestrados a la selva, donde pasaban años en completa incomunicación del mundo exterior e incluso de sus familias y viviendo en condiciones infrahumanas, difícilmente escaparían a la categoría de "imprescriptibles" que los organismos de derechos humanos esgrimen siempre únicamente contra agentes estatales.

Este doble estándar no es nuevo. En los últimos años, pese a que las dictaduras quedaron atrás en el subcontinente, jamás salió de boca de los gobiernos latinoamericanos, ni de sus organizaciones supranacionales, una condena clara y sin atenuantes contra las FARC, un grupo que combatía, recordemos, no a una dictadura sino al orden democrático en Colombia.

Esto condenó a ese país sudamericano no sólo a luchar en soledad contra el flagelo de la guerrilla y la amenaza de fragmentación territorial, sino a tener que soportar además críticas -en especial durante el auge del "bolivarianismo" adoptado por varios gobiernos de la región-, ingerencia en sus asuntos internos e incluso exigencias perentorias de negociar con los grupos insurrectos (ver: Déjà vu: los reiterados errores de cálculo de los dirigentes latinoamericanos con Uribe).

Lo mismo cabe para Sendero Luminoso en el Perú. A Fujimori se lo condena por excesos cometidos durante su presidencia (1990-2000) en la represión contra esa guerrilla –a la cual desarticuló por completo, vale recordar-, pero quienes hoy se desgarran las vestiduras por el indulto a un ex presidente de 79 años, que está en prisión desde 2005, enfermo además, no tienen el mismo entusiasmo para cuestionar a los grupos exremistas que tomaron las armas en democracia.