El primer ministro francés, Sébastien Lecornu denunció un plan insurreccional atribuido a grupos de extrema izquierda tras los disturbios y saqueos registrados durante el fin de semana en Francia, en el marco de protestas contra el encarecimiento de la vida.
Durante una sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional, Lecornu sostuvo que los episodios no pueden tratarse como una alteración habitual del orden público. Citó el incendio provocado del Ayuntamiento de Limoges y la detención de un sospechoso fichado por pertenecer a la ultraizquierda.
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El funcionario afirmó que las autoridades detectaron una planificación de acciones violentas durante las protestas contra el costo de vida. El Gobierno relacionó esa hipótesis con el incendio en Limoges, los saqueos y destrozos de más de 3.000 comercios, y la intervención de unidades especializadas en terrorismo.
El jefe del Ejecutivo señaló que el arresto de un hombre de 34 años, investigado por el caso del Ayuntamiento siniestrado, constituye una prueba de la presencia organizada de grupos de ultraizquierda. El detenido estaba fichado por la policía por su presunta pertenencia a ese entorno.
La fiscalía local abrió una investigación por destrucción de bienes en banda organizada. Una fuente cercana al caso indicó a AFP que también se solicitó la participación de la Subdirección Antiterrorista de la policía judicial (SDAT).
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Lecornu recalcó que la Fiscalía Nacional Antiterrorista se mantiene como observadora en el expediente. “No podemos hacer como si el diagnóstico sobre el estado de la amenaza, la radicalidad de la amenaza fuese una alteración clásica al orden público”, declaró.
El primer ministro describió el ataque contra el edificio municipal como un objetivo simbólico. “Nadie puede afirmar que convertirlo en un objetivo tenía como meta mejorar la educación”, sostuvo al referirse al Ayuntamiento de Limoges.
Según las autoridades, grupos de ultraizquierda habrían intervenido en los disturbios junto con “delincuentes oportunistas”, a los que se atribuyen saqueos y destrozos en más de 3.000 tiendas de los centros de grandes ciudades.
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Cruces con La Francia Insumisa en el Parlamento
La sesión parlamentaria estuvo marcada por intercambios entre el Gobierno y la oposición. Lecornu aseguró que existe una amenaza nueva y pidió observar “con mucha lucidez” a la ultraizquierda y a la extrema izquierda radical, a las que atribuyó una agenda de movilización y desestabilización institucional.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, acusó a La Francia Insumisa (LFI) de “echar más leña al fuego”. También recordó que uno de los diputados de la formación milita en uno de los grupos de ultraizquierda señalados por las autoridades.
Manuel Bompard, coordinador de LFI, respondió al ministro: “Han perdido el control, lo han admitido. Dejen de echarle la culpa a los demás”. Además, reclamó la dimisión de Nuñez y lo acusó de manipular a los servicios de inteligencia para vincular a su partido con la violencia.
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Lecornu y Nuñez insistieron en que las protestas tuvieron un carácter excepcional. El primer ministro habló de un “modus operandi inédito” en la forma de actuar de algunos agresores y personas violentas.
Refuerzo policial ante nuevas movilizaciones
Ante una nueva convocatoria de manifestaciones para el próximo sábado contra el encarecimiento de la vida, Lecornu prometió un despliegue policial “masivo”. La oposición había cuestionado al Gobierno por una presunta falta de anticipación frente a los disturbios del 17 de octubre.
El primer ministro afirmó que el Ejecutivo no permitirá que “grupúsculos facciosos puedan marchar sobre el Elíseo, sobre Matignon”, en alusión a la sede de la Presidencia francesa y a la oficina del jefe de Gobierno.
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Los episodios ocurren a seis meses de la elección presidencial que definirá al sucesor de Emmanuel Macron. El Gobierno y Marine Le Pen acusaron a Jean-Luc Mélenchon y a LFI de alentar la violencia, mientras los sondeos sitúan a Le Pen como favorita en la primera vuelta y a Mélenchon entre los aspirantes con opciones de llegar a la segunda.
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