Chile evalúa autorizar la caza selectiva del lobo marino ante un aumento de conflictos con pescadores en el sur

En Chile, el gobierno evalúa eliminar la restricción legal vigente para el lobo marino común y analiza establecer una cuota o caza selectiva tras el aumento de los conflictos con pescadores artesanales en las regiones de Los Lagos y Aysén.

El debate tomó fuerza después de una sesión realizada el 21 de julio en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde autoridades, científicos y dirigentes expusieron distintas posiciones sobre cómo abordar estas interacciones en el sur del país.

Según Mongabay Latam, esta controversia se originó por las demandas presentadas por pescadores artesanales y está centrada en la captura de merluza austral, actividad que tiene importancia tanto económica como social para las comunidades en la costa.

El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, sostuvo que antes de adoptar cualquier medida se requiere un proyecto que defina cuántos animales podrían extraerse, bajo qué condiciones se realizaría la captura, cuál sería su procesamiento y qué destino comercial tendrán.

La propuesta gubernamental ha generado una respuesta inmediata en el ámbito académico, donde diversos especialistas advierten sobre los riesgos ecosistémicos de la medida. Según un informe publicado por Cooperativa Ciencia, la remoción de ejemplares podría provocar alteraciones en la trama trófica y riesgos sanitarios derivados de la manipulación de la especie. Los expertos enfatizan que la caza no garantiza una mejora en la productividad pesquera y señalan que, históricamente, otros individuos ocupan rápidamente los espacios dejados por los animales removidos.

En paralelo, investigadores han cuestionado la premisa oficial de una sobrepoblación. De acuerdo con lo consignado por el Diario El Día, no existen antecedentes científicos suficientes que validen un crecimiento descontrolado de la especie a nivel nacional. La postura académica sostiene que el aumento de las interacciones responde a factores multicausales, como la sobreexplotación de recursos pesqueros y la conducta aprendida de los animales, por lo cual sugieren priorizar métodos de disuasión no letales y mejoras operativas antes de avanzar en una política de control poblacional.

El reclamo del sector

Jorge Bustos Nilsson, presidente del Consejo Regional de Pescadores Artesanales de Los Lagos (COREPA), señaló que los reclamos se remontan a unos 15 años.

El presidente vincula el cambio con la crisis sanitaria de la salmonicultura provocada por el virus ISA, que derivó en el desplazamiento de parte de esa industria hacia Aysén.

Según su planteo, los centros salmoneros funcionaban como fuente de alimento para estos mamíferos y, tras ese traslado, los animales permanecieron en aguas interiores donde operan embarcaciones artesanales.

El dirigente detalló que “desde aquel año no hemos podido encontrar una solución a este tema y cada vez los ataques son más frecuentes” y sostuvo que las pérdidas en algunas faenas pueden equivaler a la totalidad de la captura.

También describió accidentes durante el virado manual de líneas: cuando un lobo toma un pez enganchado y tira del aparejo, puede hacer que los anzuelos terminen clavados en los integrantes del rubro. “Eso es pan de cada día”, afirmó.

Cifras en discusión y daños sin medición oficial

La información presentada por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) ubicó al lobo marino común cerca de 130.000 ejemplares, mientras que Urrutia citó estimaciones de un censo de 2018 que lo sitúan entre 112.000 y 150.000 individuos.

Bustos Nilsson aseguró que los métodos basados en drones o fotografías aéreas no permiten contar a los animales que permanecen en cavernas, zonas con vegetación o sectores alejados de la costa, y considera que la cifra real sería mayor.

Hernán Cortés Bernal, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), estimó que el impacto económico de estas interacciones alcanzaría 1.770 millones de pesos chilenos al año, equivalentes a cerca de 1,8 millones de dólares.

Esa cifra incluye capturas perdidas, daños en aparejos, más gasto en combustible y jornadas suspendidas para reparar equipos. Cortés advirtió, al mismo tiempo, que no existe una investigación sistemática que cuantifique esos daños a escala nacional.

Según su postura, “falta mucha voluntad política para financiar proyectos de investigación relacionados con las pesquerías en Chile y en específico las que afectan a la pesca artesanal. No hay una cuantificación seria que pueda dar respaldo a lo que nosotros estamos diciendo”.

La respuesta de científicos e investigadoras

El aumento de los encuentros con la pesca respondería a una combinación de factores, no al crecimiento poblacional. El comunicado menciona la disminución de recursos pesqueros asociada a la sobrepesca y cambios ambientales como El Niño.

También influirían la alimentación intencional en caletas y el acceso a residuos; esa disponibilidad de comida fácil puede hacer que algunos ejemplares asocien las embarcaciones con alimento.

Investigadoras e investigadores de distintas instituciones sostienen que la evidencia científica no respalda el control poblacional como solución al conflicto y alertan sobre impactos ecológicos y comerciales de una eventual cuota de caza.

Los censos muestran que las poblaciones del mamífero marino se han mantenido estables durante las últimas 3 décadas. Para los especialistas, esa recuperación posterior a la explotación comercial del siglo pasado no significa que exista una sobreabundancia.

Maritza Sepúlveda, académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, explicó que “los lobos marinos son lo que se denomina especies centinelas, es decir, hablan de la calidad de un ecosistema”.

“¿Cómo vamos a permitir la caza de un animal que nos está diciendo cómo está el ambiente? Por este y todos los demás argumentos, la autorización de caza es insostenible”, aseguró Sepúlveda.

Alternativas propuestas y decisión pendiente

La evidencia internacional indica que sería necesario remover hasta alrededor del 50% de la población para lograr una baja significativa de los encuentros y mantener esa extracción con el tiempo.

Rodrigo Hucke, presidente del Centro Ballena Azul, sostuvo que resulta reduccionista atribuir el conflicto a la sola presencia de la especie, sobre todo por su papel como depredador de alto nivel en el ecosistema marino.

También propuso analizar opciones vinculadas con observación y turismo, siempre que esas actividades no alteren colonias reproductivas ni generen problemas.

“Las colonias reproductivas son maravillosas: se puede ver a las crías tomando leche, a las mamás gritándoles para ver dónde están y poder encontrarlas dentro de la colonia. Con torres de observación y binoculares, se podría darle la vuelta a hacer algo más novedoso, entretenido y seguro”, aseguró Hucke.

El comunicado científico propone mejoras en los métodos de captura, cambios operativos en zonas con más contacto, manejo de residuos y descartes, prevención de la alimentación intencional y medidas adaptadas a cada pesquería. En Chile continuará en vigor la prohibición hasta el año 2031.

Sepúlveda planteó que “necesitamos tener una mirada amplia, ecosistémica y de trabajo conjunto entre Estado, pesca y ciencia; esta triada virtuosa con la que podríamos encaminarnos para buscar medidas en conjunto que traten, al menos, de mitigar y lograr una convivencia”.