Disidencias de las Farc de ‘Calarcá’ secuestraron a dos ganaderos en Caquetá por tener publicidad en sus celulares de Abelardo de la Espriella

En medio de la creciente tensión en las zonas rurales del departamento de Caquetá, el gobernador Luis Francisco Ruiz denunció el martes 25 de agosto de 2026 que al menos dos personas fueron secuestradas tras una reunión convocada por disidencias armadas, en la que se identificaron contenidos digitales vinculados al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en sus teléfonos móviles.

Los dos privados de su libertad son ganaderos que tenían stickers y publicidad alusiva al primer mandatario, según lo reveló el propio mandatario regional en diálogo con Semana. De acuerdo con su testimonio, comerciantes y empresarios de la región fueron citados a la fuerza a una reunión en el sector de Villalobos, jurisdicción de San Vicente del Caguán; antigua zona de distensión.

“Alias Juan Carlos citó a comerciantes, alrededor de 25 o 30 personas. Ya habían existido reuniones masivas con diferentes actores, con ganaderos y comerciantes, y la de ayer fue con otro grupo de personas de la región”, contó Ruiz al citado medio. Durante el encuentro, los asistentes fueron sometidos a extorsión y a la inspección de sus dispositivos móviles, en los que hallaron estos elementos.

Ruiz describió que “los citaron, los extorsionaron y después les revisaron los celulares a las personas que asistieron. Allí encontraron que dos de estas personas tenían información relacionada con Abelardo De La Espriella. Uno tenía un sticker y al otro le encontraron publicidad dentro del celular. Inmediatamente los retuvieron y hoy todavía no se sabe nada de esas dos personas”, remarcó.

Las revisiones de celulares se han convertido en una herramienta de control para los armados. El gobernador afirmó a Semana que “en todas las reuniones les están revisando el teléfono a la gente y no pueden tener contacto conmigo o, en su defecto, haber publicado en sus redes sociales publicidad de Abelardo De La Espriella”; en una situación que ha encendido las alarmas en el sur del país.

Una situación recurrente en Caquetá con las disidencias de las Farc

El gobernador Ruiz destacó en su versión que esta situación no es nueva y que se repite en diferentes sectores del departamento, al afectar también a ganaderos y otros actores económicos. “Eso es algo que ya se ha venido presentando de manera reiterativa. El tema del voto fusil y de la intimidación ha sido una realidad en el departamento”, declaró Ruiz sobre estos secuestros, citado por Semana.

La presión de los grupos armados ha incidido también en las elecciones recientes. Ruiz señaló que “después de que el departamento en la primera vuelta tuvo un resultado favorable para un candidato, en la segunda vuelta ese resultado cambió por una diferencia de aproximadamente 400 votos. Para nosotros, eso fue producto del voto fusil y de la intimidación que hubo”, reveló el mandatario seccional.

El temor a represalias ha llevado a que muchas víctimas no denuncien formalmente estas situaciones. “No se puede condicionar a la gente a denunciar, porque la gente tiene miedo. Muchos prefieren pagar las multas que les cobran o someterse a los trabajos forzados a los que los obligan antes que denunciar. Estamos hablando de cobros que pueden estar entre los $100 y los $200 millones”, explicó.

El mandatario seccional identificó a alias Juan Carlos como el principal responsable de las intimidaciones, aunque aclaró que será responsabilidad de las autoridades establecer a qué estructura armada pertenece y esclarecer las circunstancias de la retención de las dos personas. Frente a estos casos, Ruiz anunció que la información ya fue compartida con el ministro de Defensa, Jorge Mora.

“Ya tengo una reunión con el ministro de Defensa. Le comenté la situación y vamos a poner en su conocimiento todo lo que sabemos. Lo urgente es establecer qué ocurrió con estas dos personas y garantizar la seguridad de la población”, puntualizó el gobernador al referido medio, mientras las autoridades deberán avanzar en la verificación de los hechos denunciados.