La Unión Europea y el Reino Unido sancionaron a espías y hackers rusos por una campaña de ciberataques contra Europa

La Unión Europea y el Reino Unido impusieron este lunes sanciones coordinadas contra oficiales de los servicios de inteligencia rusos, hackers y empresas privadas vinculadas al Kremlin, en respuesta a lo que calificaron como una campaña de ciberespionaje y sabotaje digital contra gobiernos e infraestructuras críticas europeas. Es la primera vez que ambos bloques actúan conjuntamente en materia de ciberseguridad desde que Londres abandonó la UE en 2020.

Bruselas impuso medidas restrictivas —fundamentalmente congelación de activos y prohibiciones de viaje— a nueve personas y cuatro entidades. Londres fue más lejos y añadió 24 nombres a su lista negra, entre ellos altos cargos de la inteligencia militar rusa, conocida por sus siglas en ruso como GRU, responsables de dirigir operaciones de amenaza híbrida. El Gobierno británico describió las sanciones como el primer paquete cibernético conjunto con la UE y las enmarcó en lo que denomina “intentos cada vez más temerarios del Estado ruso de sembrar el caos y la división en Europa”.

El núcleo de las sanciones europeas apunta al llamado Centro 16 del Servicio Federal de Seguridad ruso, el FSB, la principal agencia de inteligencia interior y contrainteligencia del país y heredera del KGB soviético. Según la UE, esta unidad controla varios grupos de ciberamenazas, entre ellos el conocido como Turla, activo desde hace más de dos décadas y vinculado a operaciones de espionaje contra objetivos gubernamentales y de defensa en Francia, Alemania, Polonia, Chipre, Países Bajos, Austria, Eslovaquia, Rumania y Finlandia desde al menos 2010. La jefa de la política exterior europea, Kaja Kallas, afirmó que el FSB “ha llevado a cabo una amplia gama de actividades cibernéticas maliciosas con una gravedad creciente”.

El detonante más reciente y concreto de las sanciones fue el ataque del 29 de diciembre de 2025 contra la red eléctrica polaca. Ese día, hackers vinculados al Centro 16 desplegaron un malware destructivo —denominado DynoWiper— contra más de 30 parques eólicos y solares, una planta de cogeneración de calor y electricidad, y una empresa manufacturera. El objetivo era destruir datos en los sistemas de control industrial. La operación fracasó, pero el ministro polaco de Asuntos Digitales, Krzysztof Gawkowski, reconoció en enero que el país estuvo “muy cerca” de un apagón masivo durante uno de los períodos de frío más intensos del invierno. La Oficina de Exteriores británica precisó que el ataque podría haber dejado sin electricidad a 500.000 ciudadanos.

El Kremlin ha negado sistemáticamente su implicación en operaciones cibernéticas ofensivas. El presidente Vladimir Putin afirmó el mes pasado que las acusaciones europeas de sabotaje son infundadas y buscan justificar los “planes agresivos” de Occidente contra Rusia. Sin embargo, la cadencia de los incidentes atribuidos a Moscú se ha acelerado. En abril, Suecia señaló a un grupo prorruso con vínculos con los servicios de seguridad rusos como responsable de un ciberataque contra una planta de calefacción. Las autoridades de Polonia, Noruega, Dinamarca y Letonia han advertido en los últimos meses que Rusia está atacando infraestructuras críticas en todo el continente.

El contexto es el de una guerra híbrida que se intensifica en paralelo al conflicto armado en Ucrania, ya en su quinto año. Los servicios de inteligencia occidentales llevan tiempo documentando cómo Moscú ha externalizado parte de sus operaciones digitales hacia grupos hacktivistas, empresas privadas y redes de ciberdelincuentes, lo que dificulta la atribución directa y ofrece al Estado ruso una capa de negación plausible. Las sanciones de este lunes buscan, precisamente, desmantelar esa cobertura: el Gobierno británico subrayó que Rusia “no puede escudarse en el uso de estos grupos intermediarios”. La coordinación entre Londres y Bruselas, pese a la ruptura del Brexit, sugiere que la amenaza cibernética rusa está actuando, paradójicamente, como factor de reintegración práctica entre el Reino Unido y sus vecinos europeos.