
El primer ministro húngaro Peter Magyar impulsa un proceso de desmantelamiento institucional heredado de los 16 años de gobierno de Viktor Orbán, que incluye reformas constitucionales, cambios en los medios públicos y una enmienda para destituir al presidente del país, Tamás Sulyok.
El mandatario, en el cargo desde el 9 de mayo, cuenta con que su partido, Tisza, dispone de una mayoría de dos tercios en el Parlamento. Esa posición legislativa es también la que le permite avanzar en la normalización de las relaciones con Bruselas, paso indispensable para desbloquear 16.000 millones de euros (18.300 millones de dólares) en fondos de la Unión Europea congelados durante la era Orbán por preocupaciones sobre el Estado de derecho.
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Entre las iniciativas ya aprobadas figuran un paquete anticorrupción, la disolución de la Oficina de Protección de la Soberanía —que perseguía a los críticos del gobierno anterior— y una reestructuración de los medios estatales. El martes, dos emisoras públicas vieron sus noticieros retirados del aire, lo que Magyar celebró como “el fin de las transmisiones propagandísticas en las plataformas de medios públicos”.
“Esto señala claramente el fin de la política de intimidación y propaganda de Orbán”, declaró Zsuzsanna Vegh, analista política del centro de estudios German Marshall Fund.
El mes pasado, Magyar anunció la denominada “Operación Fuego Purificador”, una reforma constitucional orientada a impedir que se repita la concentración de poder del período pasado. Como paso previo, el Parlamento votará una enmienda de 12 puntos cuyo efecto inmediato sería la salida de Tamás Sulyok, aliado del exmandatario, de la jefatura del Estado. El texto contempla además la salida de cuatro jueces constitucionales al fijar los 70 años como edad de retiro, y un tope de 12 años de ejercicio legislativo.
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El documento establece que “el mandato del actual presidente de la República finalizará al día siguiente de la entrada en vigor de la enmienda a la Ley Fundamental". Fuentes parlamentarias indicaron que la votación podría celebrarse la próxima semana, aunque no ha sido confirmado oficialmente.
Sulyok rechazó dimitir y tildó la medida de amenaza a la democracia. “La cuestión es si esta fuerza arrasará con los principios del Estado de derecho reconocidos y exigidos internacionalmente”, afirmó en un comunicado el domingo.
Fidesz, el partido del exmandatario, convocó una manifestación el jueves en defensa del jefe de Estado. “Estamos aquí porque Viktor Orbán nos pidió que defendiéramos el Estado de derecho en Hungría”, declaró László Gyozo, arquitecto de 60 años. El propio Orbán sostuvo que “los votantes húngaros no autorizaron esto”.
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Amnistía Internacional calificó la presión para apartar a Sulyok de “inaceptable”, mientras el politólogo Gabor Torok advirtió que las frecuentes modificaciones constitucionales sientan un precedente peligroso. Magyar respondió que “no sería apropiado ir en contra de la voluntad democrática del pueblo”. Una delegación de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa visitó Hungría la semana pasada; sus conclusiones aún no se han hecho públicas.
La agenda del primer ministro no supone una ruptura total con la etapa precedente: Tisza mantiene la oposición a la política migratoria común europea y no ha derogado ninguna legislación discriminatoria contra el colectivo LGBTQ+, incluida una ley de 2021 que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en abril que violaba “la identidad misma” del bloque.
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Varios medios privados vinculados a empresarios cercanos a Fidesz han cesado su actividad al agotarse los subsidios publicitarios estatales que los sostenían. “Ahora los oligarcas no están dispuestos a invertir las ganancias obtenidas en licitaciones públicas, porque Orbán se ha debilitado tanto que nadie espera su regreso al poder”, declaró Gabor Polyak, del Observatorio de Medios Mertek.
(Con información de AFP y Euro News)
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