Con ferrotanques abandonados en Coahuila: así detectaron la red de huachicol fiscal en la que se implica a Ernesto Ruffo Appel

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, se encuentra vinculado a proceso junto a siete coacusados por su probable responsabilidad en ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Su arresto se derivó de investigaciones que permitieron a las autoridades detectar una red de huachicol fiscal que causó daños patrimoniales a la nación de hasta por 4 mil millones de pesos al declarar solo el 10% del combustible que transportaba, y en la que Ruffo Appel estaba implicado.

La cadena de huachicol fiscal fue denominada por Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), como la más grande red de contrabando de hidrocarburos realizada por vías férreas.

De Coahuila hasta San Luis Potosí y Nuevo León: los indicios de la red de huachicol

De acuerdo con la FGR, la investigación se originó con el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, que representaban un riesgo para la población y seguridad industrial debido a las altas temperaturas.

Las autoridades realizaron inspecciones en campo, toma de muestras y dictámenes periciales para determinar el contenido de los ferrotanques y preservaron los indicios que los llevó ampliar el análisis de la cadena logística completa.

Las investigaciones permitieron identificar otros ferrotanques relacionados con la misma red en los estados de San Luis Potosí y Nuevo León que también contaban con características de importación irregular al haberse declarado únicamente el 10% de lo que realmente contenían.

Lo anterior permitió reconstruir gradualmente la ruta ferroviaria usada en el traslado del combustible.

De los ferrotanques a la localización de la empresa INGEMAR S.A. de C.V.

El análisis de facturas, cartas porte, pedimentos, documentación corporativa e información ferroviaria permitió a las autoridades identificar a la importadora principal: INGEMAR S.A. de C.V., una sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México que permitía distribuir el combustible a diversas entidades del país.

De acuerdo con los datos, la empresa fue constituida por José “N” y dos personas morales, pero dos meses después -en una asamblea celebrada en octubre de 2018- Ernesto Ruffo inició su participación dentro de la estructura societaria al incorporarse al capital variable de la empresa.

La investigación refiere que para el 2021, Ernesto Ruffo ya figuraba como accionista y fue designado como Secretario del Consejo de Administración, lo que llevó a que participara junto con José “N” en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad.

La FGR detalló pudo advertir durante las diligencias que tanto José “N” como el exgobernador comparecieron de manera conjunta en actos corporativos, modificaciones societarias y otorgamiento de poderes, particularmente relacionados con actividades de administración, comercio exterior, gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras, así como en la operación general de la empresa.

Durante los años siguientes, la empresa amplió su objetivo social para incluir actividades relacionadas con el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, en la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares vinculados al sector energético.

La Fiscalía General de la República detalló que hasta el momento cuentan con 96 datos de prueba para determinar las característica del hidrocarburo asegurado; dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica para establecer la capacidad real de los ferrotanques; dictámenes de fotografía, criminalística y de identificación.

Hasta el momento se ha imputado un daño fiscal de más de 100 millones de pesos derivado del contrabando de hidrocarburo realizado con el uso de 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025; sin embargo, los nuevos datos obtenidos por la Fiscalía permitieron establecer que fueron más de 4 mil operaciones irregulares llevadas a cabo durante el primer semestre de ese año, lo que podría ascender el daño a más de 4 mil millones de pesos.

Mientras las investigaciones continúan, Ernesto Ruffo Appel permanecerá en prisión preventiva en el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.