Rusia convirtió en delito pertenecer a Memorial, el grupo de derechos humanos que ganó el Nobel de la Paz

Casi cuatro décadas después de que Andréi Sájarov presidiera su acto fundacional, Memorial ha sido declarada organización extremista por el Estado ruso. El Tribunal Supremo emitió este jueves su fallo tras una audiencia a puertas cerradas, resolviendo a favor de una petición del Ministerio de Justicia que convierte en delito penal cualquier forma de colaboración con la organización: financiarla, trabajar para ella, o incluso difundir sus publicaciones. Para un grupo que nació precisamente para documentar los excesos del poder soviético, la resolución tiene una carga simbólica difícil de ignorar: Rusia criminaliza hoy a quienes durante décadas se dedicaron a registrar los crímenes que Rusia nunca quiso juzgar.

El fallo no llegó sin avisos. Memorial llevaba años en el punto de mira del Kremlin. En 2015 fue inscrita en el registro de “agentes extranjeros”, una categoría con resonancias inequívocamente soviéticas que obliga a marcar todas las publicaciones y revelar fuentes de financiamiento. En diciembre de 2021, el Tribunal Supremo ordenó la liquidación de sus dos entidades principales —el Centro de Derechos Humanos y el Memorial Internacional— acusándolas de no identificarse correctamente como agente extranjero y de difundir una “imagen falsa de la URSS como Estado terrorista”. Una paradoja: la organización que construyó la mayor base de datos pública sobre víctimas del Gulag —con tres millones de nombres registrados de un total estimado de doce millones— era acusada de falsificar la historia.

Memorial respondió a su liquidación como había respondido siempre a la adversidad: siguió funcionando. Sus miembros fundaron en 2023 una asociación internacional con sede en Ginebra y distribuyeron su trabajo entre oficinas en París, Berlín y otras ciudades europeas. “La dispersión horizontal continuó con la comunidad que debió irse de Rusia”, explicaron sus abogados Grigory Vaypan y Tamilla Imanova en una entrevista con Infobae en 2024. “Ahora tenemos miembros en todos los continentes”.

Esa resiliencia es justamente lo que el nuevo fallo busca cerrar: la designación como organización extremista endurece las penas para cualquier ciudadano ruso que mantenga vínculos con la red en el exilio, aunque sea a través de una transferencia bancaria o un mensaje de apoyo.

En un comunicado emitido horas antes de conocerse la resolución, Memorial advirtió que la entidad mencionada por el tribunal —“el movimiento cívico internacional Memorial”— no existe como tal bajo ese nombre, pero que la decisión igualmente “permitiría a las autoridades reprimir cualquier proyecto de Memorial, a sus participantes y seguidores”. Tras el fallo, la organización lo calificó de “ilegal” y denunció que marcaba “una nueva etapa de presión política sobre la sociedad civil rusa”. Sus abogados anunciaron que recurrirán la resolución, aunque el margen legal es estrecho.

Desde Oslo, el Comité Noruego del Nobel reaccionó con dureza. En un comunicado emitido esta semana, calificó las acciones del gobierno ruso de “afrenta a los valores fundamentales de la dignidad humana y la libertad de expresión” y exigió a Moscú que cese “todo hostigamiento contra Memorial y sus miembros”.

En 2022, el mismo comité otorgó a Memorial el Premio Nobel de la Paz —junto al activista bielorruso encarcelado Alés Bialiatski y el Centro Ucraniano para las Libertades Civiles— en reconocimiento a su “extraordinario esfuerzo para documentar crímenes de guerra y abusos de poder”. Horas después de conocerse el galardón, un tribunal de Moscú ordenó la incautación de la sede de la organización.

El trabajo de Memorial no estuvo exento de consecuencias personales gravísimas para quienes lo llevaron adelante. Natalya Estemirova, investigadora del grupo en Chechenia, fue encontrada muerta con heridas de bala en 2009, horas después de ser vista siendo introducida a la fuerza en un automóvil frente a su casa. Yuri Dmitriev, historiador que pasó décadas localizando fosas comunes en la región de Karelia, fue encarcelado en 2020 por cargos que sus defensores consideran una fabricación. El cofundador Oleg Orlov fue condenado en 2024 a dos años y medio de prisión por protestar contra la guerra en Ucrania, y liberado posteriormente en un canje de prisioneros con Estados Unidos.

El alcance del deterioro que Memorial ha documentado dentro de Rusia es por sí solo revelador. En 2015, la organización contabilizaba 46 presos políticos en el país. Hoy esa cifra supera los 1.000.

Vaypan, que fue declarado “agente extranjero” por el Ministerio de Justicia ruso, lo explicó a Infobae con una lógica que vincula directamente la represión interna con la guerra: “Un patrón de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Rusia es lo que hizo posible la guerra. Y esas violaciones permiten a Putin continuar esta guerra”. Su colega Imanova agregó que el régimen ha perfeccionado una forma de terror más económica y eficaz que la soviética: “No hace falta encarcelar a todo el mundo. Basta con encarcelar a una persona y contárselo a todo el mundo a su alrededor para asegurarse de que otros 100.000 tienen miedo de hablar”.

La trayectoria de Memorial es, en cierto modo, un espejo de la historia rusa reciente. Fundada en los estertores de la Unión Soviética con el objetivo de que las víctimas del Gulag no fueran olvidadas, creció durante los años noventa como símbolo de la transición democrática y fue acorralada progresivamente a medida que Putin consolidaba su poder.

Para Vaypan, el fracaso de Rusia en juzgar los crímenes soviéticos tras el colapso de la URSS explica en buena medida el presente: “Los servicios de seguridad soviéticos nunca se disolvieron. Las mismas estructuras y las mismas personas continúan hasta nuestros días. Putin fue oficial del KGB. Y se le permitió continuar su servicio al gobierno”. La historia, sostuvo, no se repite: simplemente nunca fue interrumpida.