El auge de los fatbikes entre adolescentes de los barrios costeros más acomodados de Sídney ha encendido las alarmas por el fuerte aumento de accidentes graves y la saturación de hospitales. A diferencia de la cobertura nacional, centrada en la emergencia sanitaria y la regulación general, la situación en Sídney evidencia un fenómeno local: estas bicicletas eléctricas, asociadas a un perfil aspiracional y exclusivo, dieron lugar a una subcultura que desafía los límites legales y la capacidad de respuesta de las autoridades, según reportó BBC News.
Para Harold Scruby, presidente de la principal organización nacional de seguridad peatonal, Pedestrian Council of Australia, el fenómeno “se ha expandido de forma imparable” y podría replicar la propagación de una pandemia si no se implementan medidas estrictas. La viralización de maniobras peligrosas y travesías masivas en redes sociales intensifica la presión sobre los organismos de control y la opinión pública.
Los hospitales de la ciudad informan que las lesiones asociadas a fatbikes modificadas son frecuentes tanto en centros de trauma pediátricos como de adultos. El mayor centro hospitalario privado del este de la ciudad, el hospital St Vincent’s de Sídney, reporta que, solo en 2025, el número de lesiones graves relacionadas con bicicletas eléctricas tratadas en su departamento de urgencias se duplicó respecto al año anterior y registró un incremento del 350 % desde 2023.
Los médicos advierten que las lesiones provocadas por fatbikes ya son “casi parte de la rutina”. El Dr. Brian Burns, especialista en traumatología del Royal North Shore Hospital de Sídney, señaló que los adolescentes circulan a velocidades comparables a las de un vehículo motorizado, pero sin casco ni protecciones adecuadas, lo que incrementa el riesgo de traumatismos craneales graves y otras lesiones serias.
Los adolescentes toman las calles con fatbikes modificadas para superar los límites legales
En barrios como Manly, Bondi y Cronulla, adolescentes circulan sin casco ni respeto por las normas de tránsito, alcanzando velocidades superiores al máximo legal de 25 km/h. Muchos de estos vehículos son manipulados mediante sistemas que permiten eliminar los límites de fábrica, lo que facilita superar ampliamente las restricciones normativas. La exposición en redes sociales, con videos de recorridos en campos de golf, centros comerciales y el Harbour Bridge, amplifica la visibilidad y el atractivo del fenómeno.
Según estimaciones del gobierno de Nueva Gales del Sur, actualmente circulan 750.000 bicicletas eléctricas en el estado, de las cuales decenas de miles corresponden a fatbikes ilegales.
El crecimiento de las fatbikes ilegales se aceleró tras la flexibilización de normas federales en 2021 que eliminó requisitos de certificación de seguridad y permitió la entrada de modelos más potentes. En 2023, el aumento del límite de potencia a 500 vatios en Nueva Gales del Sur sumó incentivos, mientras que vendedores ofrecían códigos PIN para desbloquear la velocidad, bajo la excusa de uso en propiedad privada.
El fenómeno prospera por una combinación de factores: ausencia de transporte público eficaz, clima favorable y la inexistencia de una edad mínima obligatoria para conducir e-bikes, que, junto con la autorización para que menores de 16 años circulen por las veredas, facilita el acceso y el uso masivo entre adolescentes de familias acomodadas.
El control policial se ve obstaculizado por el riesgo de accidentes durante las persecuciones y la rápida adaptación de los jóvenes a los vacíos legales, lo que alimenta la percepción de impunidad y contribuye a la expansión del uso. Scruby sostiene que “la tecnología ha superado la capacidad de la ley para regularla”, y que la falta de regulación efectiva ha permitido que el fenómeno crezca sin control.
La respuesta de las autoridades y nuevas medidas
Un caso reciente en Queensland ejemplifica la gravedad de la situación: un niño de ocho años falleció tras chocar su bicicleta eléctrica ilegal contra la de un adolescente de quince años, cuyo fatbike era de mayor potencia. El adolescente enfrenta cargos por operación peligrosa de un vehículo con resultado de muerte y conducción sin registro ni seguro. Este episodio expone el vacío legal en seguros: las víctimas de accidentes graves no pueden acceder a indemnizaciones, ya que la ley no exige cobertura para estos vehículos.
Frente a la presión social y la difusión viral de episodios masivos, el gobierno de Nueva Gales del Sur propuso reformas que incluyen la fijación de una edad mínima para conducir e-bikes, la adopción de estándares europeos de seguridad con límite de 250 vatios, protecciones anti-manipulación y la autorización para que la policía destruya bicicletas eléctricas ilegales.
El ministro de Transporte de Nueva Gales del Sur, John Graham, declaró: “Convertiremos a Sídney en una ciudad ciclística, pero bajo condiciones que garanticen la seguridad y el control del fenómeno”.
Las iniciativas oficiales han generado divisiones. Desde el sector comercial consideran que las medidas resultan excesivas y destacan los beneficios ecológicos, mientras que familias usuarias subrayan la practicidad de las bicicletas eléctricas.
Por su parte, Scruby remarcó que, aunque las nuevas propuestas son un avance, “el gobierno no ha abordado la cuestión del seguro, lo que deja sin compensación a las personas gravemente heridas por una e-bike”.
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