El traslado forzoso de miles de niños ucranianos a zonas ocupadas por Rusia y a decenas de divisiones administrativas del país agresor -algunos a zonas tan alejadas como el Ártico o Siberia- constituye un crimen contra la humanidad, concluye el informe de una comisión investigadora de la ONU.
El documento de la Comisión Internacional Independiente de Investigación para Ucrania, que esta semana se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recoge pruebas de al menos 1.205 transferencias a zonas ocupadas de Ucrania o deportaciones a Rusia de menores de entre 11 meses y 17 años, de los que un 80% aún no han regresado.
En investigaciones anteriores la comisión de tres expertos, presidida por el noruego Erik Mose, ya había concluido que estos traslados constituían crímenes de guerra, pero ha elevado sus acusaciones a crímenes contra la humanidad, entre otras razones al interpretar que se llevaron a cabo de forma extensa y sistemática.
“Las autoridades rusas en los niveles más altos, incluido el presidente (Vladímir) Putin y entidades que responden directamente ante él han coordinado las modalidades prácticas para llevar a cabo estas deportaciones y traslados”, sostiene el informe de 17 páginas.
Según sus datos, de los 1.205 casos confirmados al menos 995 fueron trasladados a la fuerza desde instituciones de las zonas ocupadas de Lugansk y Donetsk a territorio ruso poco después de la invasión a gran escala en febrero de 2022.
Los niños procedían de cinco ciudades de Ucrania (Donetsk, Lugansk, Mikolaiv, Jersón y Járkov) y las autoridades rusas justificaron su traslado a una evacuación para garantizar la seguridad de los menores.
Sin embargo, señala la comisión, muchos de estos traslados no fueron temporales como competiría a una evacuación, “y por el contrario las autoridades rusas al más alto nivel coordinaron acciones para facilitar la estancia a largo plazo de los niños en Rusia”.
La mayoría de los niños fueron dados en adopción o internados en instituciones de al menos 21 divisiones administrativas a lo largo de toda la geografía rusa, incluyendo familias en zonas próximas al Ártico (Murmansk, Yamalo-Nenets) o Siberia (Tyumen, Omsk, Novosibirsk).
Los investigadores de Naciones Unidas condenan por otro lado que en la mayoría de los casos las autoridades rusas no han informado a padres, tutores, familiares o autoridades ucranianas de estos traslados.
Estas circunstancias y el modo coercitivo en el que muchos de los menores han sido trasladados demuestran según el informe que los menores han sido víctimas de desaparición forzada, otro motivo para considerar que las autoridades rusas han cometido crímenes contra la humanidad.
(con información de EFE)
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