¿Podría el arresto del ex príncipe Andrés acabar con la monarquía británica?

Cuando un miembro de la realeza es objeto de escrutinio, puede parecer una ruptura con la tradición. Sin embargo, a lo largo de los siglos, los miembros de la realeza británica han sido objeto de sospechas en repetidas ocasiones. Lo que hace que el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor sea tan llamativo es que hay que remontarse al siglo XVII para encontrar algo comparable.

La realeza no es ajena a los escándalos, pero las acusaciones de infringir la ley son otra cosa muy distinta. La caída en desgracia de Mountbatten-Windsor tendrá enormes repercusiones para la realeza británica y también nos da una idea de cómo ha cambiado el trato a la realeza desde la muerte de la reina Isabel.

Cuando la corona cayó

No es la primera vez que la realeza británica se cruza con la ley. En 1483, Ricardo III se vio involucrado en la desaparición de sus sobrinos, los príncipes de la Torre. Los dos príncipes eran herederos legítimos y, por lo tanto, una amenaza directa para el derecho de Ricardo al trono. Nunca fue juzgado en un tribunal, y los historiadores aún debaten las pruebas.

El enfrentamiento más dramático entre la monarquía y la ley se produjo con Carlos I. Fue acusado de traición durante la Guerra Civil Inglesa. Fue arrestado en 1649, juzgado y ejecutado públicamente. Este acto conmocionó a Europa y destrozó la creencia de que la realeza estaba por encima de la ley.

Como consecuencia, Inglaterra abolió la monarquía y se convirtió en una república bajo el mandato de Oliver Cromwell. Así pues, la última vez que un miembro de la familia real fue arrestado y juzgado, la propia corona cayó.

Este precedente es importante porque subraya lo poco frecuentes que son los arrestos de miembros de la realeza. Durante más de tres siglos, la monarquía ha evitado ese espectáculo. El hecho de que el arresto de Andrés obligue a compararlo con Carlos I revela lo excepcional que es este momento.

La reputación como estrategia real

En el siglo XIX, la monarquía sobrevivió menos por la fuerza y más por su reputación. Bajo el reinado de la reina Victoria (1837-1901), la corona cultivó la virtud doméstica y la seriedad moral como escudo contra la inestabilidad. La respetabilidad se convirtió en una defensa estratégica contra el escándalo.

Sin embargo, la fama y el poder conducen inevitablemente a un gran interés público, y los escándalos se abrieron paso en la cultura impresa y, más tarde, en los medios de comunicación de masas. El príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, fue acusado de ser Jack el Destripador. Se trata de una afirmación que los historiadores han rechazado en gran medida como teoría conspirativa, pero que persiste porque refleja los temores sobre los encubrimientos de la realeza.

Jaime II fue destituido del trono en 1688 durante la Gloriosa Revolución, en medio de acusaciones de que socavaba las leyes protestantes y promovía a funcionarios católicos. Su aparente abuso de poder, más que un único delito perseguible, le costó el trono.

En el siglo XX, Eduardo VIII generó un tipo diferente de inquietud. Tras su abdicación en 1936, surgieron pruebas de su simpatía hacia la Alemania nazi, seguidas de su reunión con Adolf Hitler en Alemania en 1937. Aunque no hubo ningún proceso judicial, sí causó un grave daño a la reputación de Eduardo y a la confianza del público.

El colapso de la deferencia

Durante gran parte del siglo XX, la monarquía funcionó dentro de una cultura de deferencia. La prensa se abstuvo de informar sobre la vida privada de la realeza y las indiscreciones se gestionaron discretamente. Este acuerdo aisló a la familia real de una exposición mediática continuada. Sin embargo, esto comenzó a cambiar tras una serie de escándalos en la década de 1990. Esto llevó finalmente a Isabel II a calificar 1992 como su annus horribilis.

El auge del periodismo sensacionalista erosionó las antiguas fronteras, y los medios digitales las disolvieron por completo. El silencio ahora intensifica las sospechas en lugar de calmarlas, como fue el caso del silencio de la realeza sobre la salud de la princesa de Gales a principios de 2024, lo que les obligó a hacer pública su lucha contra el cáncer.

Influencia, acceso y percepción pública

Incluso antes del arresto de Andrés Mountbatten-Windsor, la percepción pública ya era perjudicial.

Su arresto se produce en este panorama transformado. Durante su mandato como representante especial del Reino Unido para el comercio y la inversión internacionales, cultivó relaciones con líderes políticos y figuras empresariales acaudaladas de Oriente Medio y Asia Central. Los críticos cuestionaron si había difuminado la línea entre la promoción comercial oficial y las redes de contactos privados.

El episodio de “dinero por acceso” de 2010, en el que se vio involucrada la esposa de Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, profundizó esa percepción. Fue filmada ofreciendo presentaciones a Andrés a cambio de un pago sustancial. Aunque ella se disculpó y Andrés negó su participación, la imagen de la proximidad monetizada a la corona fue corrosiva.

En 2021, una investigación encubierta sugirió que el primo de la reina, el príncipe Michael de Kent, estaba dispuesto a utilizar su estatus real para ayudar a una empresa ficticia a cambio de una remuneración. Él negó haber actuado mal, pero el daño ya estaba hecho.

Una marca sin aislamiento

Bajo el reinado de Isabel II, la longevidad confería autoridad y estabilidad, lo que a menudo suavizaba los escándalos. Bajo el reinado de Carlos II, la institución parece más expuesta. La detención de Mountbatten-Windsor perturba y expone a la familia real a un daño reputacional. Aunque posteriormente fue puesto en libertad, el escándalo aún tiene mucho recorrido.

Carlos es un monarca constitucional. No puede interferir en las investigaciones policiales ni en las decisiones de la fiscalía sin provocar una crisis constitucional. Su autoridad es más simbólica que ejecutiva.

Pero puede alejar aún más de la vida pública al círculo íntimo de Andrés, incluidas sus hijas. Ya ha despojado a su hermano de sus títulos reales y le ha dicho que abandone su hogar, Royal Lodge.

Sin embargo, incluso eso tiene sus límites. El poder de Carlos ahora se basa menos en el control que en la credibilidad. En una sociedad permanentemente vigilante, el juicio no se dicta en privado, sino a la vista de todos.

El precedente que perdura

La última vez que se detuvo a un monarca reinante, Inglaterra abolió la monarquía y se convirtió en una república. El eco histórico es imposible de ignorar. Nos recuerda que cuando la corona se ve envuelta en un proceso penal, las consecuencias trascienden al individuo.

El arresto de Mountbatten-Windsor subraya lo frágil que puede ser esa confianza y lo decisivamente que la moldea el tribunal que realmente importa, el de la opinión pública. Aunque Andrés no es el rey, el escándalo podría haberse suavizado si su hermano Carlos hubiera actuado con más decisión y rapidez para apartarlo de los círculos más cercanos a la monarquía.

Los escándalos reales merman el sentido de misterio que durante mucho tiempo ha protegido a la corona. La monarquía sobrevive no porque tenga un poder político real, sino porque representa la estabilidad, la dignidad y algo ligeramente alejado de la vida cotidiana.

Cuando los miembros de la realeza se ven envueltos en un escándalo, esa sensación de distancia se derrumba y la institución puede empezar a parecer más frágil que intocable.

Artículo publicado originalmente en The Conversation