El Parlamento Europeo aprobó este martes un paquete de cláusulas de salvaguardia diseñadas para proteger a los agricultores europeos frente a posibles distorsiones derivadas del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.
La votación, celebrada en Estrasburgo, concluyó con 483 votos a favor, 102 en contra y 67 abstenciones. Las medidas buscan ofrecer garantías al sector primario europeo, aunque su aplicación efectiva depende de que el polémico acuerdo, actualmente suspendido, entre finalmente en vigor.
Las salvaguardias establecen umbrales específicos para activar mecanismos de protección en sectores considerados sensibles: carne de vacuno, aves de corral, azúcar, arroz, huevos y cítricos. Según el reglamento aprobado, la Comisión Europea iniciará una investigación si el precio de un producto procedente del Mercosur es inferior en al menos un 5% al del mismo producto en la UE, o si el volumen de las importaciones aumenta en más de esa proporción.
El umbral del 5% representa una mejora sustancial respecto a la propuesta inicial de la Comisión, que establecía un límite del 10%. Si las investigaciones confirman un perjuicio grave para los productores europeos, Bruselas podrá suspender temporalmente las preferencias arancelarias concedidas a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en un plazo máximo de 21 días.
El eurodiputado conservador español Gabriel Mato, ponente del texto en la Eurocámara, defendió que las salvaguardias ofrecen “una protección real y efectiva” para los agricultores. Mato argumentó que el mecanismo “permite actuar antes de que el daño al mercado sea irreversible” y subrayó que las medidas proporcionan “estabilidad y previsibilidad” al sector primario europeo.
La Comisión también se comprometió a presentar informes semestrales al Parlamento sobre el impacto de las importaciones en los sectores sensibles, además de trabajar en la alineación de estándares de producción aplicables a las importaciones, especialmente en bienestar animal, uso de pesticidas, seguridad alimentaria y condiciones laborales.
Sin embargo, estas salvaguardias se han aprobado en un contexto de profunda incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial. El 21 de enero, apenas cuatro días después de la firma del pacto en Asunción, el Parlamento Europeo decidió por estrecho margen remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre su legalidad. La votación, que se saldó con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, paraliza de facto el proceso de ratificación hasta que los jueces emitan su dictamen, un procedimiento que puede tardar entre 18 y 24 meses.
El grupo político Patriotas por Europa, al que pertenece el partido español Vox, votó en contra de las salvaguardias por considerarlas insuficientes. El eurodiputado Jorge Buxadé calificó las medidas como “papel mojado” y argumentó que los países del Mercosur no las han reconocido formalmente como parte del texto firmado, por lo que se trata de “un instrumento unilateral de la Unión Europea sin garantías reales de aplicación”. Buxadé también cuestionó la eficacia del mecanismo al señalar que “para cuando el supuesto es que haya un daño grave, el daño ya se ha producido”.
La Comisión Europea, que firmó el acuerdo el pasado 17 de enero, conserva la potestad legal de aplicarlo de manera provisional sin esperar a la Eurocámara, una vez que alguno de los países del Mercosur lo ratifique. Hasta el momento, Bruselas no ha tomado una decisión al respecto. Algunos Estados miembros, como Alemania y España, han presionado para que se active la aplicación provisional, mientras que otros, encabezados por Francia, se oponen frontalmente al pacto por temor a sus efectos sobre la agricultura europea.
El acuerdo comercial, resultado de 26 años de negociaciones, crearía la mayor zona de libre comercio del mundo al vincular a 720 millones de personas. Para la Unión Europea, el pacto representa la oportunidad de eliminar aranceles sobre el 91% de sus exportaciones al Mercosur, lo que permitiría ahorrar a las empresas europeas más de 4.000 millones de euros anuales. Los principales beneficiados serían los sectores del automóvil, la maquinaria, los productos farmacéuticos, el vino y los licores. A cambio, la UE facilitaría la entrada de carne de res, aves, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos a su mercado.
Los detractores del acuerdo, entre ellos Francia y varios sindicatos agrícolas europeos, sostienen que el pacto perjudicará gravemente al sector primario europeo al permitir la entrada de productos más baratos que no necesariamente cumplen con las normas comunitarias en materia de sostenibilidad, bienestar animal y uso de pesticidas. Sus defensores, por el contrario, argumentan que el acuerdo impulsará una economía europea debilitada por la competencia china y por los aranceles impuestos por Estados Unidos, además de garantizar el acceso a materias primas críticas como el litio, fundamentales para la transición energética.
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