
Las autoridades iraníes detuvieron este domingo a tres prominentes figuras reformistas, incluida Azar Mansouri, presidenta de la coalición Frente Reformista de Irán, según informó la agencia Fars. Los arrestos de Mansouri, Ebrahim Asgharzadeh y Mohsen Aminzadeh marcan una escalada significativa en la represión del régimen contra la oposición política moderada, apenas semanas después de las masivas protestas que sacudieron el país en enero y dejaron miles de muertos.
Según Fars, agencia vinculada al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, las instituciones de seguridad y judiciales arrestaron a los tres dirigentes bajo acusaciones que incluyen “atentar contra la unidad nacional, posicionarse contra la Constitución, coordinación con la propaganda enemiga, promoción de la rendición, desvío de grupos políticos y creación de mecanismos subversivos secretos”. La formulación de los cargos replica la retórica habitual del régimen contra disidentes, empleada sistemáticamente para criminalizar el disenso político.
La detención de Mansouri resulta particularmente significativa. Activista por los derechos de las mujeres desde los años noventa y secretaria general del Partido Unión del Pueblo Islámico de Irán, Mansouri asumió el liderazgo del Frente Reformista en julio de 2023. Apenas dos semanas atrás, el 26 de enero, expresó públicamente su “disgusto y rabia” contra quienes “arrastraron despiadadamente a la juventud de esta tierra al polvo y la sangre”, en clara referencia a las matanzas de manifestantes durante las protestas de enero. Sus declaraciones desafiaron abiertamente la narrativa oficial del régimen sobre los acontecimientos.

Ebrahim Asgharzadeh, por su parte, fue miembro del parlamento entre 1988 y 1992 y del primer consejo municipal de Teherán de 1999 a 2003, fue inhabilitado políticamente por el Consejo de Guardianes debido a sus posiciones reformistas. En 2019 expresó públicamente su arrepentimiento por el secuestro de diplomáticos estadounidenses, calificándolo de error histórico.
Mohsen Aminzadeh completó el trío de detenidos. Viceministro de Asuntos Exteriores durante la presidencia reformista de Mohammad Jatamí entre 1997 y 2005, Aminzadeh fue uno de los fundadores del Frente de Participación de Irán Islámico, el mayor partido reformista del país. Ya había sido arrestado en 2009 tras las protestas contra la controvertida reelección del presidente Mahmud Ahmadineyad y condenado a seis años de prisión por “conspirar para perturbar la seguridad” y “difundir propaganda” contra la República Islámica.
Los arrestos se producen en un contexto de extrema tensión política. Las protestas que estallaron el 28 de diciembre de 2025, inicialmente motivadas por el colapso económico y la depreciación récord del rial, derivaron rápidamente en un levantamiento antirrégimen de magnitudes históricas. La represión desatada por las fuerzas de seguridad resultó en masacres que dejó más de 6.000 muertos.
El Frente Reformista intentó en enero emitir un comunicado exigiendo la renuncia del líder supremo Ali Khamenei y la transferencia del poder a un “consejo de transición”, según reportó Iran International. Sin embargo, las fuerzas de seguridad emitieron “amenazas contundentes” contra los líderes de la coalición y advirtieron sobre arrestos masivos, lo que obligó a retirar el comunicado. La detención de Mansouri, Asgharzadeh y Aminzadeh podría representar el cumplimiento de esas amenazas.
La estrategia represiva del régimen ha sido exhaustiva. Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, más de 40.000 personas habían sido arrestadas hasta finales de enero. El jefe del poder judicial, Golamhosein Mohseni Eyei, declaró que el trabajo de la justicia sobre “los acontecimientos recientes apenas ha comenzado” y advirtió que los juicios serían expeditos para que sirvan de “elemento disuasorio”. Varios manifestantes ya han sido condenados a muerte bajo la acusación de moharebeh, “guerra contra Dios”, un cargo habitual que conlleva pena capital.
El movimiento reformista iraní, surgido tras la elección de Mohammad Jatamí en 1997, intentó durante décadas transformar el sistema desde dentro mediante reformas graduales. Sin embargo, enfrenta una crisis de legitimidad tras las masacres de enero. Figuras reformistas bajo arresto domiciliario desde 2009, como el ex presidente Mir Hosein Musaví y el clérigo Mehdi Karubí, emitieron declaraciones contundentes calificando las matanzas de “catástrofe” y declarando que “el juego ha terminado” para el régimen. Musaví exigió que las fuerzas de seguridad “depongan sus armas y se aparten del poder” para permitir una transición democrática.
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