La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) instó a la comunidad internacional a imponer sanciones de emergencia contra los responsables de la represión de las protestas en Irán.
El reclamo, realizado junto a la Liga para la Defensa de los Derechos Humanos en Irán (LDDHI), exigió rendición de cuentas para las autoridades iraníes, a quienes acusan de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos. Las organizaciones advirtieron que algunos de estos abusos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
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Las protestas, iniciadas el 28 de diciembre, provocaron una reacción estatal caracterizada por el uso de fuerza letal, incluida munición real dirigida a zonas vitales y ametralladoras montadas en camiones. La FIDH, con sede en París, alertó que la represión continúa y exige una respuesta internacional contundente.
La federación contabilizó al menos 10.000 detenidos hasta el 10 de enero, acusados de diversos cargos, como disturbios y terrorismo. Se destacó la utilización de la figura de ‘moharabeh’ o “hacer la guerra contra Dios”, que puede conllevar la pena de muerte, ejemplificando con un manifestante condenado a ejecución el 14 de enero en Fardis, provincia de Elborz.
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La federación solicitó convocar una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para ampliar el mandato de investigación sobre las violaciones cometidas durante las protestas, buscando que el alcance incluya los hechos recientes.
Por su parte, la ONG Human Rights Activists (HRA), con sede en Estados Unidos, denunció 1.850 víctimas mortales, incluidos nueve menores, y más de 16.700 detenidos.
Además, informó sobre 770 muertes en investigación y advirtió que la magnitud real del impacto podría ser mucho mayor debido a los bloqueos de internet y restricciones informativas. También denunció el uso de armas militares, escopetas y tiroteos a corta distancia, en violación del derecho a la vida, según el Derecho Internacional.
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Videos verificados mostraron decenas de cadáveres en el centro forense de Kahrizak, en Teherán. En Mashhad, se reportó el entierro de hasta 200 cuerpos antes del amanecer y, en Rasht, la exigencia de pagar por las balas para retirar los cuerpos.
El contexto social estuvo marcado por la movilización masiva tras llamados del líder opositor exiliado Reza Pahlavi, lo que derivó en una restricción del acceso a internet ordenada por las autoridades.
El líder supremo Ali Khamenei advirtió que “la República Islámica no retrocederá”, tras lo cual se desplegó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la fuerza paramilitar Basij intervino en ciudades como Fardis, atacando a manifestantes con munición real y vehículos sin identificación.
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La reacción internacional incluyó la expresión de conmoción por parte del secretario general de la ONU, António Guterres, y la advertencia de la relatora especial Mai Sato sobre el impacto del uso de fuerza letal.
(Con información de EFE)
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