Irán registró el mayor uso de la pena de muerte en 35 años: al menos 1.500 personas fueron ejecutadas por el régimen en 2025

Al menos 1.500 personas fueron ejecutadas en Irán durante el último año, de acuerdo con datos preliminares presentados el jueves por la oenegé noruega Iran Human Rights (IHR), en lo que constituye un uso “sin precedentes” de la pena de muerte en el país en los últimos 35 años. Según la organización, la cifra representa un aumento significativo respecto a años anteriores y está marcada por la represión tras las protestas sociales iniciadas en septiembre de 2022.

El director de Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, declaró que la situación es “muy alarmante” y advirtió que el balance es provisional, ya que el conteo final para 2025 aún no está cerrado. “No hay precedentes en los últimos 35 años. Desde que Iran Human Rights existe, nunca hemos tenido estas cifras”, afirmó Amiry-Moghaddam en declaraciones recogidas por la entidad. El balance anterior, correspondiente a 2024, había contabilizado cerca de 1.000 ejecuciones, mientras que en 2023 la cifra fue de 800 y en 2022 superó las 500.

De las ejecuciones verificadas hasta la fecha por IHR, más de 700 están vinculadas a delitos relacionados con drogas. Amiry-Moghaddam señaló que el número de ejecuciones se incrementó notablemente tras el fallecimiento de Mahsa Amini, la joven kurda-iraní que murió bajo custodia policial en septiembre de 2022, lo que desató una ola de protestas contra el régimen. “El objetivo de estas ejecuciones ha sido evitar nuevas protestas. Pero, como se puede ver, en estos días no lo han conseguido”, afirmó el director de IHR.

Organizaciones como Juntos contra la Pena de Muerte, con sede en París, respaldaron la denuncia sobre el incremento de la represión. El director de Juntos contra la Pena de Muerte, Raphael Chenuil Hazan, aseguró a la agencia AFP que la magnitud del uso de la pena de muerte por parte de Irán permite calificarlo como “un crimen de lesa humanidad”. Hazan subrayó que la comunidad internacional debería considerar que Irán, como Estado, incurre en esta categoría debido al uso “masivo y sistemático” de la pena capital.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra calificó la cifra actual de ejecuciones como “asombrosa”. La portavoz Ravina Shamdasani explicó a AFP que se ha “enfatizado repetidamente” que los delitos relacionados con drogas “no deben ser castigados con la muerte”.

IHR reportó que, solo la semana pasada, se llevaron a cabo 64 ahorcamientos, lo que supone un promedio superior a nueve ejecuciones diarias. La organización también advirtió que sus cifras representan “un mínimo absoluto”, ya que la falta de transparencia y las restricciones informativas dificultan el acceso a datos completos sobre las ejecuciones. El método utilizado actualmente es el ahorcamiento, tanto en prisiones como en ocasiones de forma pública.

Entre los ejecutados en 2025, 28 eran mujeres, muchas de ellas condenadas por matar a maridos con los que habían sido forzadas a casarse o que ejercían violencia doméstica, según informaron organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional. Irán ocupa el segundo lugar mundial en número de ejecuciones, detrás de China, de acuerdo con Amnistía Internacional, que advirtió que las cifras han alcanzado “proporciones aterradoras” y que decenas de personas están en riesgo de ejecución tras juicios calificados de injustos y motivados políticamente.

La respuesta oficial iraní, expresada por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, defendió la aplicación de la pena capital solo para los delitos más graves, aunque tanto IHR como la ONU señalan que la mayoría de los casos no involucran delitos letales. Mientras tanto, el país enfrenta una nueva ola de protestas, motivada por el estancamiento económico, y episodios de violencia como los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la ciudad de Lordegan, en el suroeste, y la muerte de un agente en la provincia de Lorestán, reportados por la agencia de noticias Fars.