La Unión Europea, Francia y Alemania condenaron este miércoles la decisión del Gobierno de Estados Unidos de imponer vetos de visado a cinco ciudadanos europeos vinculados a la lucha contra el discurso de odio y la desinformación en internet, una medida que Bruselas calificó de “injustificada” y que eleva la tensión política entre Washington y sus socios del otro lado del Atlántico.
Las sanciones, anunciadas el martes por la administración del presidente Donald Trump, afectan, entre otros, al ex comisario europeo francés Thierry Breton, y se basan en la acusación de que estas figuras habrían promovido la censura de la libertad de expresión o discriminado a empresas tecnológicas estadounidenses mediante regulaciones “excesivas”, según la versión oficial estadounidense.
Los vetos representan un nuevo episodio de fricción entre Estados Unidos y Europa, en un contexto en el que altos cargos de Washington han cuestionado abiertamente la relevancia estratégica del continente europeo, criticando su gasto en defensa, su política migratoria y lo que consideran una restricción deliberada de voces ultranacionalistas o de extrema derecha en el debate público.
La decisión llega pocas semanas después de que un documento de Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtiera que Europa se enfrenta a un riesgo de “erosión civilizatoria” si no corrige su rumbo político, un diagnóstico que ha causado alarma en varias capitales europeas y que ha alimentado el debate sobre la necesidad de reducir la dependencia tecnológica y militar de Washington.
Desde Bruselas, la Comisión Europea reaccionó con dureza. Un portavoz afirmó que la UE “condena firmemente la decisión de Estados Unidos” y subrayó que “la libertad de expresión es un derecho fundamental en Europa y un valor compartido con Estados Unidos en el conjunto del mundo democrático”. El Ejecutivo comunitario indicó además que pedirá explicaciones formales a Washington y que se reserva la posibilidad de responder “de manera rápida y decisiva” ante lo que considera una medida arbitraria.
El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó públicamente su respaldo a Breton, con quien dijo haber hablado tras conocerse las sanciones. Macron defendió el trabajo del ex comisario y reiteró que Francia y Europa no renunciarán a proteger su soberanía regulatoria ni la independencia del continente frente a presiones externas.
Breton fue uno de los principales impulsores de la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA, por sus siglas en inglés), una normativa emblemática que obliga a las grandes plataformas tecnológicas a combatir contenidos ilegales como el discurso de odio o el material de abuso sexual infantil. Esta legislación ha sido duramente criticada por la administración Trump, que la considera una amenaza a la libertad de expresión y un ataque directo contra empresas estadounidenses.
La tensión se intensificó a comienzos de este mes, cuando la Comisión Europea multó a la red social X, propiedad del empresario Elon Musk, con 120 millones de euros por incumplir las normas comunitarias sobre moderación de contenidos. Musk y Breton han protagonizado enfrentamientos públicos en el pasado, y el magnate estadounidense llegó a referirse al ex comisario como el “tirano de Europa”.
Además de Breton, las sanciones estadounidenses alcanzaron a Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate, con sede en Estados Unidos; a las activistas alemanas Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la organización HateAid; y a Clare Melford, cofundadora del Global Disinformation Index, según informó la subsecretaria estadounidense de Diplomacia Pública.
El Ministerio de Justicia alemán calificó los vetos a las activistas de su país como “inaceptables” y expresó su apoyo institucional a su labor, subrayando que la lucha contra el odio ilegal en internet se enmarca en el orden constitucional alemán y europeo. “Las reglas del espacio digital en Alemania y en Europa no se deciden en Washington”, afirmó el ministerio en un comunicado.
El Gobierno británico adoptó un tono más cauto, pero defendió también el papel de las instituciones que trabajan para limitar los contenidos más dañinos en la red, recordando que, si bien cada país es soberano en materia de visados, el Reino Unido respalda los esfuerzos para proteger el debate público frente a abusos y campañas de desinformación.
Desde el Global Disinformation Index, uno de los colectivos afectados calificó la medida como un “ataque autoritario a la libertad de expresión” y denunció que la administración Trump estaría utilizando el poder del Estado para intimidar y silenciar a voces críticas, una acusación que Washington rechaza.
El caso de Breton no es aislado. En agosto, Estados Unidos ya había sancionado al juez francés Nicolas Yann Guillou, miembro de la Corte Penal Internacional, en represalia por investigaciones del tribunal relacionadas con Israel y con actuaciones pasadas de funcionarios estadounidenses.
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