El Senado de Estados Unidos aprobó una ley de defensa por más de USD 900.000 millones

El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles una ley de defensa que autoriza 901.000 millones de dólares en programas militares y establece un aumento del 3,8% en el salario de las tropas. La legislación, que supera las 3.000 páginas y recibió amplio respaldo bipartidista, será enviada al presidente Donald Trump para su firma, después de pasar por la Cámara de Representantes.

Entre las medidas adoptadas, el texto refuerza estrategias militares en Centro y Sudamérica, aplica cambios en política de diversidad del ejército e impone obligaciones al Pentágono sobre transparencia y supervisión legislativa, en un contexto de cambio de enfoque estratégico y con énfasis en el desarrollo tecnológico para competir con China.

“Estamos a punto de aprobar, y el presidente firmará con entusiasmo, las mejoras más radicales a las prácticas comerciales del Departamento de Defensa en 60 años”, dijo el senador republicano Roger Wicker, presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado.

El Congreso incrementó el presupuesto militar estadounidense en 8.000 millones de dólares respecto a la petición original de la Casa Blanca e incluyó alrededor de 400 millones de dólares anuales de ayuda militar para Ucrania, así como financiación para la defensa de Estonia, Letonia y Lituania, reafirmando el compromiso con aliados europeos.

La ley consolida más de una docena de órdenes ejecutivas de Trump, incluyendo la eliminación de oficinas de diversidad, equidad e inclusión en las fuerzas armadas y la derogación de programas climáticos, lo que representa un ahorro estimado de 40 millones de dólares, según la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes liderada por republicanos. Asimismo, suprime 1.600 millones de dólares en iniciativas relacionadas con el cambio climático dentro del Pentágono.

En materia legislativa, el Senado también aprobó medidas que derogan autorizaciones de guerra anteriores, como la empleada para invadir Irak en 2003 y la utilizada en la Guerra del Golfo de 1991, con el objetivo de impedir futuros abusos legales para justificar conflictos armados. La ley también levanta permanentemente sanciones impuestas al Gobierno de Siria, continuando con la suspensión temporal previamente establecida por la administración Trump y orientando esta decisión al impulso de la reconstrucción económica y la transición democrática de ese país.

El proyecto encontró resistencia en la Comisión de Comercio del Senado debido a disposiciones sobre el uso de aeronaves militares sin transmitir su ubicación precisa, una excepción involucrada en el accidente ocurrido en Washington, D.C. el pasado enero, donde murieron 67 personas. El senador republicano Ted Cruz, presidente de la comisión, anunció la búsqueda de un acuerdo legislativo bipartidista para el próximo mes, que obligue a todas las aeronaves militares a compartir su posición para evitar incidentes similares.

Exigen al Pentágono videos de ataques a embarcaciones de Venezuela

Los legisladores incluyeron una iniciativa bipartidista que estipula la retención del 25% del presupuesto destinado a viajes de Hegseth, como medida de presión hasta que se entregue a las comisiones de Fuerzas Armadas del Senado y de la Cámara de Representantes el video íntegro y sin editar del bombardeo a una embarcación en el Caribe. En este ataque, ocurrido a principios de septiembre, murieron once tripulantes, incluidos dos supervivientes de un primer bombardeo, a quienes Estados Unidos ha calificado de “narcoterroristas” provenientes de Venezuela. Varios expertos legales consideraron que rematar a sobrevivientes podría constituir un crimen.

La disposición legislativa también exige que Hegseth presente todo el material y pruebas relacionados con el resto de los ataques de la campaña militar implementada por el gobierno de Donald Trump en la región del Caribe. El Pentágono había compartido inicialmente solo una parte del video del operativo; sin embargo, Hegseth aseguró a periodistas, tras reunirse con legisladores, que mostraría el material íntegro en sesiones reservadas a los integrantes de las comisiones correspondientes, pero descartó hacerlo público por tratarse de información “altamente secreta”.

Trump, en declaraciones iniciales, manifestó no tener objeciones para la publicación completa de las imágenes, pero más tarde aclaró que la decisión recaería finalmente en Hegseth.

Según autoridades estadounidenses, la operación en el Caribe y el Pacífico oriental ha conducido a la destrucción de aproximadamente dos docenas de embarcaciones presuntamente cargadas de narcóticos y ha causado al menos 95 muertos, en medio de un contexto de creciente tensión con el régimen venezolano, señalado por Washington de encabezar redes regionales de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

(Con información de AP/EFE)