El Gobierno del Reino Unido anunció el martes el lanzamiento de una revisión independiente sobre la interferencia financiera extranjera en la política británica, tras la condena del ex eurodiputado Nathan Gill por aceptar sobornos vinculados a Rusia.
Gill fue sentenciado el mes pasado a más de diez años de prisión después de que un tribunal determinara que había recibido dinero a cambio de realizar declaraciones públicas favorables a los intereses del Kremlin. El caso ha reavivado el debate sobre la vulnerabilidad del sistema político británico frente a influencias externas.
El ex parlamentario ocupó un escaño en el Parlamento Europeo representando a dos formaciones de extrema derecha lideradas por Nigel Farage: el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) y el Partido del Brexit. Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2020, Gill pasó a liderar en Gales el partido Reform UK, también encabezado por Farage, aunque ya no forma parte de esa formación.
Steve Reed, secretario de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, con competencias sobre el sistema electoral, afirmó que la conducta de Gill “es una mancha sobre nuestra democracia”. Según explicó, la revisión independiente tendrá como objetivo “eliminar esa mancha” mediante un examen exhaustivo de los mecanismos de control existentes.
Reed detalló que la investigación estará dirigida por Philip Rycroft, ex alto funcionario del Estado, y analizará el marco legal de la financiación política, las normas que regulan a los partidos y la suficiencia de las salvaguardias contra el ingreso de dinero ilícito en la vida pública británica.
Entre los aspectos clave que se evaluarán figuran las donaciones procedentes del extranjero y el uso de nuevos instrumentos financieros, incluidas las criptomonedas, un ámbito que ha generado crecientes preocupaciones entre reguladores y servicios de inteligencia por su opacidad y alcance transnacional.
El ministro subrayó que la revisión abordará “todas las posibles fuentes de interferencia financiera extranjera maligna”, y mencionó expresamente a China como uno de los países cuya actividad será examinada en este contexto. Rycroft deberá presentar sus conclusiones antes de finales de marzo.
El mandato de la investigación excluye, sin embargo, las acusaciones de interferencia extranjera en el referéndum de 2016 sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, una cuestión planteada durante años por algunos opositores al Brexit pero que el Ejecutivo ha decidido dejar fuera del análisis.
Las advertencias sobre la fragilidad del sistema democrático británico frente a operaciones de influencia no son nuevas. Funcionarios del Gobierno y de los servicios de inteligencia han señalado de forma reiterada que actores extranjeros buscan explotar vacíos legales y debilidades institucionales.
En noviembre, el servicio de seguridad interior MI5 alertó a los legisladores de que espías chinos estaban intentando reclutarlos activamente mediante cazatalentos o empresas pantalla. Su director general, Ken McCallum, afirmó entonces que Beijing estaba detrás de “esfuerzos para interferir de manera encubierta en la vida pública del Reino Unido”.
El Ejecutivo confía en que la revisión permita reforzar los controles sobre la financiación política y cerrar posibles vías de injerencia externa, en un contexto internacional marcado por la creciente utilización de instrumentos financieros y redes informales para influir en procesos democráticos occidentales.
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