La Asamblea Nacional francesa rechazó este viernes la propuesta del llamado “impuesto Zucman”, impulsada por la izquierda, que buscaba establecer un gravamen del 2% sobre el patrimonio de quienes poseen más de 100 millones de euros, unos 1.800 contribuyentes en Francia. La votación se resolvió con 228 diputados en contra y 172 a favor, y debilitó el apoyo tácito del Partido Socialista (PS) al Gobierno minoritario de Sébastien Lecornu.
En la misma sesión, la cámara baja descartó también una versión considerada “más ligera” del gravamen, que proponía un impuesto del 3% sobre patrimonios superiores a 10 millones de euros, con exenciones a empresas familiares e innovadoras, una concesión al Gobierno. Esta variante fue rechazada con 228 votos en contra y 171 a favor.
Ambas propuestas se presentaron como enmiendas al proyecto presupuestario de 2026 impulsado por Lecornu, que centra sus esfuerzos en la reducción del déficit. El primer ministro, presente en la votación, expresó su “profunda discrepancia” con la idea del impuesto sobre las grandes fortunas. Lecornu argumentó que “no existe ningún impuesto milagro”, afirmando que Francia nunca ha gravado los activos empresariales y defendió que una medida similar sería probablemente anulada por el Consejo Constitucional.
Tras conocerse los resultados, el líder de los diputados socialistas, Boris Vallaud, reprochó la postura intransigente del Ejecutivo. “No ha habido el mínimo compromiso por parte del Gobierno”, criticó Vallaud, advirtiendo que esa actitud “lo lleva al mal camino”.
En la misma línea, el primer secretario del PS, Olivier Faure, señaló en una entrevista en el canal BFMTV que, pese a avances recientes en la aprobación de subidas impositivas a grandes empresas y tecnológicas, estas medidas resultan insuficientes. Faure insistió que si el Ejecutivo no da pasos adicionales, su permanencia al frente del Gobierno está en juego, tal como había planteado el PS la última semana.
El rechazo a los nuevos gravámenes mantiene la presión política sobre Lecornu, en un contexto de fragmentación parlamentaria derivada de las elecciones anticipadas de 2024 en las que la mayoría presidencial perdió su hegemonía frente a un Parlamento dividido y con mayor presencia de la extrema derecha. El propio Lecornu ha subrayado el compromiso de sacar adelante unos presupuestos antes de fin de año, tras sobrevivir a una moción de confianza este mes por suspender la controvertida reforma de las pensiones.
El grupo socialista, clave para la estabilidad del Gobierno, ha reiterado que su respaldo dependerá de la inclusión de medidas efectivas de “justicia fiscal”. “El debate no está cerrado”, aseguró el diputado Arthur Delaporte, anunciando que seguirán presentando propuestas alternativas. De acuerdo con datos del economista Gabriel Zucman, la implantación de un impuesto de este tipo aportaría aproximadamente 20.000 millones de euros anuales provenientes de sólo 1.800 hogares.
Mientras tanto, sectores conservadores y el Ejecutivo rechazan la fiscalidad sobre activos profesionales, argumentando riesgos para el empleo y la actividad económica. Laurent Wauquiez, líder parlamentario de Los Republicanos (LR), celebró el voto negativo, asegurando que la tasa “mataría el trabajo y la actividad económica”.
(Con información de EFE, AFP y Bloomberg)
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