Las críticas de Estados Unidos al presidente Gustavo Petro y a su política de paz en Colombia marcaron la reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrada en Nueva York.
El representante estadounidense ante el organismo internacional calificó de “irresponsables” las acciones del mandatario colombiano, acusando a su Gobierno de socavar el progreso hacia una paz duradera en el país sudamericano.
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Estas declaraciones, recogidas por El Tiempo, reflejan la preocupación de Washington por la dirección que ha tomado la estrategia de seguridad y reconciliación en Colombia bajo la actual administración.
Durante su intervención, el representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Mike Waltz, sostuvo que “las políticas del presidente Petro en el ámbito de la seguridad y de la paz, tanto en Colombia como en el resto del mundo, son irresponsables”.
Waltz argumentó que la falta de planificación, presupuesto y coordinación con otras instancias gubernamentales ha incrementado la inestabilidad y la violencia en Colombia.
Además, criticó la retórica empleada por Petro durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, señalando que el presidente colombiano “recurrió a una retórica ultrajante aquí, en territorio estadounidense, para pedir a los soldados estadounidenses que desobedezcan órdenes e incitan a la violencia aquí en territorio estadounidense”.
Según el representante, este tipo de discurso es indicativo de las “medidas incendiarias” adoptadas por el Gobierno de Colombia.
En ese contexto, Washington también puso en duda su respaldo futuro a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Waltz cuestionó la ampliación del mandato de la misión, que originalmente se creó para verificar la desmovilización de las Farc.
“Lamentablemente, con el tiempo, el mandato de la misión se ha ampliado para reflejar prioridades políticas excesivas, como la justicia transicional y el apoyo a las minorías étnicas”, afirmó el diplomático estadounidense.
Añadió que Estados Unidos “está examinando detenidamente el mandato de esta misión y si amerita el apoyo continuo del Consejo de Seguridad de la ONU, basándose en una evaluación de su contribución a la paz y la seguridad en Colombia”.
La renovación del mandato, que se someterá a votación a final de mes, resulta crucial para que la Misión continúe supervisando aspectos como la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo, la aplicación de sanciones propias, la reforma rural y el capítulo étnico.
Las posturas de otros miembros del Consejo de Seguridad también reflejaron inquietudes y recomendaciones sobre el proceso de paz colombiano.
El Reino Unido, por ejemplo, reconoció los avances logrados por la Jurisdicción Especial para la Paz, pero insistió en la urgencia de acelerar la implementación del acuerdo, especialmente ante la proximidad del noveno aniversario de su firma.
El representante adjunto británico, James Kariuki, hizo un llamado a erradicar la violencia política y a frenar los crímenes contra los firmantes de paz, subrayando la necesidad de que el gobierno colombiano refuerce la protección tanto de los excombatientes como de las comunidades afectadas.
Por su parte, Francia coincidió en la importancia de avanzar en la implementación del acuerdo, pero puso el énfasis en la reforma rural y en la formalización de tierras para campesinos y víctimas.
Dinamarca, a través de su embajadora Christina Markus Lassen, instó al gobierno colombiano a concentrar más recursos y a ampliar la presencia estatal en las zonas más golpeadas por el conflicto, con el objetivo de acelerar la ejecución de los compromisos pactados.
El contexto de estas discusiones se enmarca en la labor de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, cuyo mandato ha evolucionado desde la supervisión de la desmovilización de las Farc hasta abarcar temas como la justicia transicional y el apoyo a minorías étnicas.
La continuidad de esta misión depende de la próxima votación en el Consejo de Seguridad, mientras persisten los desafíos en la protección de los firmantes del acuerdo y en la consolidación de la paz en las regiones más vulnerables del país.
En medio de este panorama, la comunidad internacional mantiene la atención sobre la violencia que aún afecta a quienes apostaron por la paz. La persistencia de ataques contra firmantes del acuerdo y líderes sociales evidencia la magnitud de los retos que enfrenta Colombia para garantizar la seguridad y la reconciliación nacional.
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