El primer ministro François Bayrou anunció que someterá a su gobierno minoritario a un voto de confianza el próximo 8 de septiembre en la Asamblea Nacional. La votación será decisiva: si no logra el respaldo de la mayoría, Bayrou deberá presentar su dimisión, lo que abriría la puerta a otra crisis institucional para el presidente Emmanuel Macron, que ya sufrió la caída de su anterior jefe de Gobierno, Michel Barnier, tras una moción de censura a finales de 2024.
El motivo del enfrentamiento es el ambicioso y polémico plan presupuestario para 2026, que contempla un ajuste de 44.000 millones de euros para contener el déficit público. Las medidas incluyen congelación de prestaciones, recortes en programas sociales y, como punto más controvertido, la supresión de dos días festivos. Con estas medidas, el Ejecutivo pretende reducir el déficit del 5,8% del PIB registrado en 2024 al 4,6% en 2026, con la meta de situarlo por debajo del 3% en 2029, en línea con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
Bayrou defendió la decisión en una conferencia de prensa este lunes en París, donde subrayó la necesidad de enfrentar la situación sin dilaciones: “Sí, es arriesgado, pero es aún más arriesgado no hacer nada”, declaró. Además, insistió en que hace falta una “clarificación” sobre la situación presupuestaria y la forma de corregirla y el lugar para hacerlo es “el Parlamento” y no “en los desórdenes en las calles”.
Sin embargo, la aritmética parlamentaria no juega a su favor. Los centristas y conservadores que lo respaldan no suman mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, y los principales bloques opositores ya han adelantado su rechazo.
La ultraderechista Agrupación Nacional, los Verdes, la izquierda de Francia Insumisa y los socialistas han manifestado que votarán en contra. “François Bayrou claramente no ha entendido que los franceses son plenamente conscientes de la crisis económica y financiera en la que nuestro país ha sido sumido después de ocho años de macronismo”, escribió Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista, en redes sociales.
El Partido Socialista, cuyo apoyo era considerado clave, también cerró la puerta salvo un cambio drástico en el plan económico, algo que Bayrou ha descartado de plano. “No abandonaré” el plan de ajuste propuesto en julio, afirmó el primer ministro, quien asegura estar dispuesto a recibir a “todos los grupos parlamentarios”, pero sin ceder en lo que considera reformas imprescindibles para preservar “la libertad y la soberanía” del país.
Un creciente malestar social y económico
El riesgo político se combina con un creciente malestar social. En paralelo al debate parlamentario, sindicatos y movimientos ciudadanos han convocado una gran protesta para el 10 de septiembre bajo el lema “bloquear todo”, una movilización que podría convertirse en un termómetro del rechazo ciudadano a las políticas de austeridad.
La tensión ya se deja sentir en los mercados financieros. El índice CAC-40 de la bolsa de París cerró el lunes con una caída del 1,6 %, mientras que el diferencial entre los bonos franceses y los alemanes alcanzó su nivel más alto desde junio, reflejo del temor de los inversores a una mayor inestabilidad.
Bayrou, que ha intentado en vano mejorar su imagen pública durante el verano —renunciando a vacaciones y lanzando un canal de YouTube, “FB Direct”, para explicar sus medidas—, llega a esta cita con una popularidad en mínimos históricos para un jefe de Gobierno en la era Macron. Aun así, insiste en que el desafío es ineludible: “Si el camino que elegimos es fingir que el problema no existe, no escaparemos. No escaparemos como Estado y como sociedad porque nuestra libertad y soberanía están en juego”, advirtió.
En caso de que el Ejecutivo no supere la moción de confianza, el presidente Emmanuel Macron tendría varias opciones sobre la mesa: designar de inmediato a un nuevo primer ministro, mantener a Bayrou de manera interina al frente de un gobierno provisional o, como alternativa, volver a convocar elecciones legislativas anticipadas.
Con apenas nueve meses en el cargo, Bayrou defendió que aceptar ese escenario forma parte del reto político. A su juicio, “el riesgo” de atravesar una nueva crisis institucional —tras la que ya sacudió al país en 2024 con los comicios anticipados— constituye “la condición para que los franceses tomen consciencia” de la gravedad del problema fiscal que enfrenta Francia.
El 8 de septiembre, Francia no solo definirá el futuro de un Gobierno, sino que también pondrá a prueba su capacidad de afrontar un ajuste económico que divide al país y amenaza con abrir una nueva etapa de inestabilidad política.
(Con información de agencias)
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