Mientras crecen las advertencias internacionales por el uso de tecnología china en infraestructuras críticas, el Gobierno español ha decidido mantener su vínculo con empresas del gigante asiático señaladas por comprometer la seguridad nacional. La adjudicación de contratos a firmas como Hikvision o Huawei se interpreta en sectores diplomáticos como un gesto de acercamiento estratégico hacia el régimen chino, una dirección que ha encendido alarmas en Washington.
En el centro de la polémica se encuentra la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de instalar decenas de cámaras de videovigilancia de la firma Hikvision, una compañía china vetada por EEUU, el Parlamento Europeo, el Reino Unido y Australia, entre otros países. El sistema de monitoreo opera en instalaciones clave como el complejo de La Moncloa -sede de la Presidencia- y otros organismos del Estado, incluyendo el Ministerio del Interior, Renfe, Correos y Hacienda.
Según reveló el medio EL ESPAÑOL, más de 40 cámaras de Hikvision -empresa con sede en Hangzhou y vinculada al aparato de inteligencia de Beijing- vigilan el perímetro presidencial. Los sistemas permiten identificar digitalmente rostros en espacios públicos y cuentan con capacidad de seguimiento en tiempo real, una tecnología que, según el Parlamento británico, puede ser utilizada por China para fines de espionaje.
El Departamento de Seguridad de Presidencia formalizó en 2022 una licitación por 118.580 euros para actualizar el sistema CCTV de Moncloa con tecnología de Hikvision. La justificación del contrato fue la necesidad de reemplazar cámaras analógicas y ampliar la red IP, aunque sin mención alguna a los reparos internacionales sobre la empresa proveedora.
Desde hace años, las agencias de inteligencia de Estados Unidos han advertido sobre el uso de equipos chinos en infraestructuras occidentales. En 2019, la Casa Blanca incluyó a Hikvision en su lista negra y tres años después vetó su importación por presentar “un riesgo inaceptable de seguridad nacional”.
Hikvision se ha consolidado como uno de los mayores fabricantes mundiales de cámaras de seguridad y sistemas de vigilancia. Su expansión internacional ha sido objeto de creciente escrutinio debido a su presunta implicación en violaciones de derechos humanos en China. Diversos gobiernos han cuestionado su participación en la campaña de represión y control sobre la población uigur en la región de Xinjiang, donde se ha denunciado el uso de tecnologías de vigilancia avanzada para facilitar detenciones masivas y el monitoreo sistemático de grupos minoritarios musulmanes.
El Parlamento Europeo ordenó en 2021 retirar las cámaras de sus edificios por este motivo. Australia también ha prohibido su uso en instalaciones gubernamentales. Dinamarca anunció el año pasado que sustituirá las cámaras de Hikvision por otros dispositivos de seguridad después de que la Dirección de Carreteras invirtiera unos cinco millones de coronas en 2022 en 170 de estos aparatos.
El gobierno de Canadá, por su parte, suspendió el 28 de junio de 2025 todas las operaciones de la filial nacional de Hikvision por representar “un riesgo inaceptable para la seguridad nacional”, según la ministra de Innovación, Ciencia e Industria, Melanie Joly, tras una revisión realizada por agencias de inteligencia canadienses.
En este contexto, la inquietud por la dependencia tecnológica de China se ha visto incrementada tras la reciente denuncia en el Senado de EEUU, donde se solicitó revisar el contrato suscrito por España con Huawei para la interceptación de escuchas policiales. Según una carta remitida por el Comité de Inteligencia estadounidense a la jefa de Inteligencia de la Casa Blanca, “la adjudicación de contratos a Huawei demuestra que no se toman en serio la amenaza de China”.
“En esencia, Huawei y el PCC podrían tener acceso por la puerta trasera al sistema de interceptación legal de un aliado de la OTAN, lo que les permitiría vigilar las investigaciones españolas sobre espías del PCC e innumerables actividades de inteligencia de otro tipo”, advierte la misiva.
El Ministerio del Interior español adjudicó a Huawei un contrato por 12,3 millones de euros para gestionar y almacenar las intervenciones telefónicas autorizadas por jueces y fiscales, enmarcado en los procesos centralizados de contratación pública del periodo 2021–2025. El acuerdo contempla la incorporación de sistemas OceanStor 6800 V5, servidores de alta gama de Huawei, para custodiar grabaciones judiciales del sistema SITEL (de interceptación legal).
La situación ha generado preocupación dentro del propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI), donde fuentes consultadas expresaron a EL ESPAÑOL su “profunda desconfianza” ante el creciente uso de equipamiento chino. “Se antepone el negocio a la seguridad del Estado”, sostuvo un alto funcionario de los servicios de inteligencia, quien subrayó que “China representa un riesgo para los intereses occidentales”.
El malestar se propaga también entre los aliados transatlánticos de España. A los ojos de Washington, Madrid está “jugando con fuego” al facilitar la entrada de empresas chinas en sectores estratégicos. Las advertencias no solo apuntan a riesgos de ciberseguridad, sino a la posibilidad de que información confidencial sea compartida con los servicios de inteligencia de Beijing.
En defensa de sus acciones, tanto el Gobierno chino como las empresas involucradas han negado rotundamente cualquier intención de espionaje, calificando las acusaciones como “infundadas”.
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