Zelensky firmó un decreto para retirar a Ucrania de la convención contra minas antipersona

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha dado un paso que marca un giro en la política de defensa de su país al firmar un decreto para abandonar la Convención de Ottawa contra las minas antipersona.

“Por la presente decreto (...) implementar la decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania de fecha 29 de junio de 2025 sobre la retirada de Ucrania” de la histórica convención, anunció Zelensky en un documento publicado en el sitio web oficial de la presidencia.

Esta decisión, que aún requiere la ratificación del Parlamento ucraniano y la notificación formal a Naciones Unidas, representa una respuesta directa a la situación de guerra que vive el país desde la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.

La Convención de Ottawa, firmada por más de 160 países y territorios, prohíbe la adquisición, producción, almacenamiento y uso de minas antipersona.

Estos artefactos, diseñados para ser enterrados u ocultados en el suelo, han sido objeto de condena internacional debido a su impacto devastador en la población civil.

Los grupos de ayuda humanitaria han denunciado durante años que las minas antipersona no solo matan, sino que suelen mutilar a las víctimas, dejando secuelas físicas y psicológicas de por vida. A pesar de la amplia adhesión internacional, ni Estados Unidos ni Rusia forman parte de este tratado, lo que ha generado debates sobre la eficacia y universalidad de la convención.

La decisión de Ucrania de retirarse de la convención se produce en un contexto de intensificación del conflicto con Rusia.

Desde el inicio de la invasión, el territorio ucraniano ha sido escenario de combates que han dejado miles de muertos y desplazados, así como una infraestructura devastada. En este escenario, la seguridad nacional se ha convertido en la prioridad absoluta para el gobierno de Kiev.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania justificó la medida en un comunicado oficial, “Ucrania, que se enfrenta a una invasión de Rusia desde febrero de 2022, se ve obligada a dar prioridad incondicional a la seguridad de sus ciudadanos y a la defensa del Estado”.

El mismo comunicado calificó la decisión de “difícil pero necesaria”, subrayando que el objetivo principal es “proteger nuestra tierra de la ocupación y a nuestro pueblo de las horribles atrocidades rusas”.

El legislador ucraniano Roman Kostenko expresó en redes sociales el sentir de muchos dentro del país: “La realidad de la guerra exigía este paso desde hace tiempo”, afirmó.

Para Kostenko, la decisión de abandonar la convención no es solo una reacción a la coyuntura actual, sino una consecuencia lógica de la asimetría en el uso de armas entre Ucrania y Rusia. “Rusia (...) usa minas contra nuestros militares y civiles a gran escala. No podemos seguir sujetos a condiciones cuando el enemigo no tiene restricciones”, añadió el legislador, en declaraciones recogidas por AFP.

La utilización de minas antipersona por parte de Rusia ha sido documentada por diversas organizaciones internacionales y medios de comunicación.

Según informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, el uso indiscriminado de estos artefactos ha causado numerosas víctimas civiles en zonas de combate y áreas residenciales. Las minas no distinguen entre combatientes y no combatientes, y su presencia prolonga el peligro mucho después de que los enfrentamientos hayan cesado. La decisión de Ucrania de abandonar la Convención de Ottawa se inscribe en este contexto de guerra total, donde las reglas tradicionales parecen haber perdido vigencia.

El impacto de esta medida trasciende las fronteras ucranianas.

Países vecinos y aliados de Kiev, como Polonia, Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia, han adoptado decisiones similares en los últimos años, en respuesta a la amenaza percibida de Rusia. Estos estados, que comparten frontera o proximidad geográfica con el gigante euroasiático, han revisado sus políticas de defensa y, en algunos casos, han flexibilizado su adhesión a tratados internacionales en materia de armamento. La tendencia refleja una creciente preocupación por la seguridad regional y la percepción de que los marcos legales existentes no ofrecen suficiente protección frente a un adversario que actúa fuera de las normas.