Cientos de opositores se congregaron este domingo en el centro de la capital georgiana para protestar contra el arresto de varios de sus líderes, condenados en el curso de esta semana a entre siete y ocho meses de prisión por negarse a comparecer ante una comisión parlamentaria de investigación.
“¡Fin de la represión!”, corean los manifestantes, alguno de los cuales portan banderas de Georgia y la Unión Europa.
Según el Código Penal de Georgia, la incomparecencia ante una comisión parlamentaria de investigación se castiga con hasta un año de prisión.
La oposición georgiana no reconoce los resultados de las elecciones legislativas celebradas en octubre del año pasado, por lo que niega toda legitimidad a la comisión parlamentaria, a la que considera un “instrumento de persecución política”.
La comisión fue creada a iniciativa de Sueño Georgiano, el partido en el poder, para investigar la gestión de las anteriores autoridades gubernamentales, actualmente en la oposición.
Varios dirigentes opositores se encuentran en prisión preventiva a la espera de los dictámenes judiciales por negarse a cooperar con la comisión parlamentaria, entre ellos el ex ministro de Defensa Irakli Okruashvili, el ex ministro de Justicia Nikoloz Gvaramia y el ex diputado Nikanor Melia.
El Gobierno de Georgia, país candidato a entrar a la Unión Europea desde 2023, pidió el año pasado a los Veintisiete aplazar hasta 2028 el comienzo de las negociaciones para la adhesión.
Esta decisión gubernamental provocó una ola de protestas de la oposición europeísta que se prolonga ya varios meses y que ha dejado heridos a más de 500 manifestantes y 170 policías.
Los manifestantes acusan al partido gobernante de derivar hacia el autoritarismo y de alinear al país con Moscú, acusaciones que el gobierno niega.
Las figuras de la oposición y los activistas de derechos humanos están siendo objeto de una ola de detenciones y procesamientos.
Otro destacado político de la oposición, Givi Targamadze, fue condenado a siete meses de prisión. También se le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante dos años.
Fue condenado por no cooperar con una divisiva investigación parlamentaria que investigaba los presuntos abusos cometidos durante el gobierno del ex presidente encarcelado Mijail Saakashvili.
Saakashvili, un reformista prooccidental, está cumpliendo una condena de 12 años y medio por cargos ampliamente condenados por grupos de derechos humanos como motivados políticamente.
Melia se encuentra en prisión preventiva desde finales de mayo.
Targamadze, miembro del Movimiento Nacional Unido (UNM) de Saakashvili, dijo que creía que su sentencia era “una orden rusa”.
Está buscado en Rusia desde 2012, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, lo acusó de intentar atraer a los rusos al “terrorismo y la toma ilegal del poder”.
En 2016, Targamadze sobrevivió a un ataque con bomba cuando su coche explotó en el centro de Tbilisi pocos días antes de las elecciones parlamentarias.
Amnistía Internacional afirmó que la “disputada” comisión “ha sido instrumentalizada para atacar a ex funcionarios públicos por su oposición de principios”.
“Las autoridades de Georgia deben detener sus incesantes ataques contra la disidencia y contra manifestantes y activistas políticos”, afirmó en un comunicado, pidiendo la liberación de los presos políticos.
Antes de las elecciones del año pasado, Sueño Georgiano anunció planes para ilegalizar todos los principales partidos de oposición.
(Con información de EFE y AFP)
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