El gobierno británico anunció la firma el jueves de un acuerdo para la restitución del archipiélago de Chagos a la República de Mauricio, que permitirá el mantenimiento de una base militar británico-estadounidense en una de esas islas del océano Índico.
“Hace unos momentos, firmé un acuerdo para asegurar la base conjunta de Reino Unido y Estados Unidos en (la isla de) Diego García”, dijo Starmer, después de que la justicia británica rechazara el jueves un recurso de última hora que trató de parar la firma del acuerdo con el país africano.
Tras años de negociaciones, Londres aceptó en octubre reconocer la soberanía de Mauricio sobre Chagos, con la condición de mantener la base militar.
El acuerdo contempla que Reino Unido pague a su excolonia 101 millones de libras (136 millones de dólares) anuales durante 99 años por el arrendamiento de la instalación, explicó Starmer.
“No hay otra alternativa que actuar en interés de Reino Unido aceptando este acuerdo”, afirmó Starmer, que añadió que el costo neto durante la duración del arrendamiento se estima en 3.400 millones de libras (4.563 millones de dólares).
Bloqueo temporal del acuerdo
La firma del acuerdo de restitución estaba inicialmente a primera horas del jueves, pero el Tribunal Superior de Londres, tras recibir poco antes un recurso por parte de dos personas de Chagos, emitió una orden judicial para bloquearla temporalmente.
Tras paralizar, en la madrugada del miércoles al jueves, esa eventual ceremonia virtual, el tribunal convocó una audiencia en la capital británica.
Tras la audiencia, la orden judicial bloqueando temporalmente el acuerdo fue “revocada”, anunció el juez Martin Chamberlain, desestimando el recurso de las dos demandantes, Bernadette Dugasse y Bertrice Pompe.
El magistrado explicó que el interés público y también de Reino Unido se verían “perjudicados” si se extendiera la paralización del acuerdo.
“El puerto, el aeródromo y sus capacidades avanzadas de comunicación y vigilancia ofrecen al Reino Unido y a sus aliados capacidades estratégicas cruciales”, detalló el comunicado de Downing Street tras la firma del acuerdo.
Las dos mujeres, residentes en el Reino Unido, acusaban al gobierno británico de haber tomado la “decisión sin consulta” y ponían en duda la capacidad de las autoridades mauricianas para “actuar en su interés dado el maltrato recibido por los habitantes de Chagos”.
“Hoy es un día muy triste”, reaccionó Bertrice Pompe al finalizar el juicio.
El acuerdo debe ahora someterse a un proceso de ratificación parlamentaria en Reino Unido, lo que podría llevar varios meses.
La finalización del acuerdo se había retrasado por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en noviembre, así como por el cambio de primer ministro en Mauricio.
La administración Trump criticó en varias ocasiones este acuerdo, considerando que favorecía a China, un aliado de Mauricio.
Pero a principios de abril, el presidente estadounidense anunció que aprobaba el acuerdo.
Algunos analistas consideran que este tipo de negociaciones podrían ser una puerta -en el futuro- para destrabar disputas internacionales que el Reino Unido mantiene con otros países, como es el caso de España por Gibraltar y la Argentina, por las Islas Malvinas.
Resoluciones internacionales
Starmer había señalado que las resoluciones legales internacionales habían puesto en duda la propiedad británica de Chagos y que solo un acuerdo con Mauricio podía garantizar que la base siga funcionando.
En 2019, la Corte Internacional de Justicia recomendó que Londres devolviera el archipiélago a Mauricio, tras décadas de batallas judiciales.
Londres mantuvo el control de las islas Chagos cuando Mauricio obtuvo su independencia de Reino Unido en 1968.
Alrededor de 2.000 habitantes del archipiélago fueron expulsados en los años siguientes, especialmente de Diego García, donde se encuentra la base militar.
Esta base se ha utilizado como centro de operaciones para barcos y bombarderos de largo alcance durante las guerras en Afganistán e Irak.
En la audiencia de la mañana del jueves, el abogado de las demandantes, Philip Rule, afirmó que sus clientas habían conocido la noticia de la firma en la prensa, el miércoles por la noche.
Durante la audiencia, medio centenar de ciudadanos originarios de Chagos se manifestó frente al Tribunal Superior de Londres para protestar contra la firma del acuerdo.
“Británico tratado como ciudadano de segunda clase”, se podía leer en uno de los carteles exhibidos por los manifestantes.
(Con información de AFP)
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