La Justicia de Túnez condenó a 40 opositores a penas de hasta 66 años de cárcel por presunta conspiración contra el Estado

La Justicia de Túnez dio por finalizado este sábado el mayor juicio contra opositores de todo el espectro político desde la Primavera Árabe, con severas penas y en medio de denuncias por falta de transparencia.

La Sala Antiterrorista del Tribunal de Primera Instancia de Túnez dio a conocer en las últimas horas sus sentencias contra un total de 40 personas, acusadas de conspirar contra la seguridad interna y externa del Estado, estar vinculadas a grupos terroristas, atacar la integridad del Estado e incitar a la violencia.

37 de ellas fueron sentenciadas a pasar tiempo tras las rejas, mientras tres fueron absueltas tras un recurso de apelación.

La mayoría de las penas de lo que se bautizó “Complot contra la seguridad del Estado” superan los 13 años, aunque hay también una de cuatro años, dos de ocho y una de diez, a la par que 15 de los acusados que están en el exterior fueron castigados con 33 años de cárcel, con ejecución inmediata.

En la lista figuran políticos, empresarios y activistas, casi en su totalidad, opositores al Gobierno.

Destacan, por ejemplo, el empresario Kamel Eltaief, condenado a 66 años de prisión; el político Khayam Turki, a 48 años; el ex dirigente del partido Ennahdha, Noureddine Bhiri, a 43 años; el dirigente de la coalición opositora Frente Nacional de Salvación, Ahmed Nejib Chebbi, a 18 años; al igual que su hermano, el constitucionalista Jawhar Ben Mbarek quien, sin embargo, lleva en detención preventiva desde febrero de 2023, incluso superando lo avalado por la ley.

También está implicado en este caso el intelectual francés Bernard-Henri Lévym, uno de los 15 condenados en rebeldía a 33 años tras las rejas.

El proceso, sin embargo, estuvo plagado de denuncias por falta de transparencia y manipulaciones, por lo que la oposición tildó el juicio de “kafkiano” y “políticamente motivado”, mientras que la defensa de los disidentes lo consideró una “farsa”, luego de que se realizaran tan solo tres audiencias a puerta cerrada, sin la presencia física de los acusados y con acceso restringido a medios y observadores.

También, el abogado Samir Dilou sostuvo que varios de los acusados fueron condenados pese a que aún tienen recursos de casación pendientes: “Lo ocurrido es un escándalo jurídico: veredictos dictados sin audiencia, sin contradicción, sin defensa”.

La ONG Human Rights Watch aseguró en las últimas horas que la definición del macrojuicio demostró que no hubo una “mínima muestra de justicia” y sumó que sus expertos revisaron las “140 páginas del juez instructor”, que fue quien permitió que se abriera el proceso judicial, y que en ellas corroboraron que “estos graves cargos parecen infundados y no basados en ninguna prueba creíble”.

El ex presidente de la Cámara de Apelación del Tribunal Administrativo, Samir Ben Abdelrahmane, coincidió con ellos y sostuvo que el expediente de instrucción está “jurídicamente vacío”.

“No hay crimen, ni prueba material, ni acto que constituya una infracción según el derecho. Se han utilizado testigos anónimos, procedimientos irregulares y elementos ridículos, como un supuesto ‘testigo XXX’”, explicó, antes de denunciar que todo esto tiene por fin “atemorizar a la población, liquidar a la clase política, silenciar el periodismo independiente y destruir lo que queda de democracia”.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos señaló que todo el juicio se llevó a cabo con una “opacidad” sin precedentes, que le impidió cumplir con su deber de informar sobre su desarrollo.

“Este lugar pertenece legítimamente a los periodistas, incluso en tiempos de Ben Ali. Nunca se actuó así. Hoy se prohíbe acceder a los juicios para transmitir lo que ocurre... es el final de toda transparencia. Impedir actuar a la prensa es pisotear el derecho a un juicio justo”, escribió la agrupación en un comunicado.

En tanto, la Liga Tunecina de Derechos Humanos advirtió que la decisión del Tribunal de este sábado representa “un grave retroceso en los derechos constitucionales” en el país y demuestra que la Justicia está siendo utilizada como un “instrumento de represión política”.

HRW también alertó que, desde 2021, en Túnez se ve un aumento de las detenciones arbitrarias, así como una “intensificación drástica de la represión contra la disidencia”.

En julio de aquel año, el presidente Kais Said disolvió el Parlamento para “rectificar el curso de la transición democrática”, tras una convulsa década, algo que la oposición consideró como un autogolpe de Estado.

Luego, en las elecciones de 2024, se hizo nuevamente con la presidencia, aunque con el 70% de abstención.

(Con información de EFE y Europa Press)