El Parlamento de la India aprobó este viernes una enmienda a la Ley Waqf de 1995, legislación que regula la gestión de las propiedades donadas por musulmanes para fines caritativos o religiosos, conocidas como waqf. Según lo informado, la reforma permitirá la participación de hindúes en las juntas que administran estos bienes, además de facultar al Gobierno para intervenir en casos de disputa sobre su calificación.
La enmienda fue aprobada a la madrugada de este viernes tras una maratónica sesión de más de 12 horas en la Rajya Sabha, la Cámara Alta del Parlamento. Previamente, la Lok Sabha o Cámara Baja también dio luz verde a la medida tras más de medio día de debate. El texto pasará ahora a la presidenta de la India, Droupadi Murmu, cuyo aval es considerado un trámite formal.
Se estima que las propiedades waqf en la India están valoradas en más de 14.000 millones de dólares, y comprenden desde mezquitas y cementerios hasta escuelas y hospitales financiados con fondos musulmanes para el beneficio de su comunidad ‘waqf’.
La reforma ha generado un fuerte rechazo por parte de la oposición, que advierte sobre un posible retroceso en los derechos de la minoría musulmana. El líder opositor Rahul Gandhi afirmó a través de la red social X que “el proyecto de ley Waqf es un arma destinada a marginar a los musulmanes y usurpar sus leyes personales y derechos de propiedad. Este ataque a la Constitución (...) está dirigido hoy contra los musulmanes, pero sienta un precedente para atacar a otras comunidades en el futuro”.
Entre los principales cambios introducidos por la enmienda figura la posibilidad de que el Gobierno federal determine unilateralmente si una propiedad puede clasificarse como waqf, y la incorporación de supervisores no musulmanes a las juntas de gestión de estos bienes. Según los críticos, esta disposición compromete la autonomía de las instituciones musulmanas y habilita una mayor injerencia estatal.
El Ejecutivo liderado por el primer ministro Narendra Modi justificó la enmienda como una medida para garantizar mayor transparencia y prevenir irregularidades en la administración de los waqfs, que representan una vasta cantidad de bienes en el país. La medida fue impulsada por el Bharatiya Janata Party (BJP), partido en el poder desde 2014.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por supuestas políticas discriminatorias del BJP hacia la comunidad musulmana, que representa aproximadamente el 14 % de la población india, compuesta por unos 1.400 millones de habitantes. En marzo de 2024, el Gobierno implementó la enmienda a la Ley de Ciudadanía (CAA), que otorga la nacionalidad a inmigrantes en situación irregular que no sean musulmanes.
La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) publicó recientemente un informe en el que alertó sobre un deterioro en las condiciones de las minorías religiosas en la India, incluyendo un aumento de la discriminación y la violencia.
La enmienda a la Ley Waqf refuerza el debate nacional sobre el equilibrio entre gobernabilidad, transparencia y derechos de las minorías en un contexto político crecientemente polarizado. La medida se suma a una serie de reformas impulsadas por el Gobierno que, según organizaciones de la sociedad civil, están redefiniendo el papel del Estado frente a las libertades religiosas y la gestión autónoma de las comunidades.
(Con información de EFE)
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