La Oficina Nacional de Investigación de Filipinas (NBI, por sus siglas en inglés) recomendó presentar cargos por sedición e incitación a la violencia contra la vicepresidenta Sara Duterte, luego de sus declaraciones en las que afirmó haber ordenado matar al presidente Ferdinand Marcos Jr. en caso de que ella fuera asesinada.
“Finalmente, hemos recomendado presentar cargos de incitación a la sedición y amenazas graves contra la vicepresidenta”, declaró el director del NBI, Jaime Santiago, en una entrevista con la emisora Super Radyo dzBB.
Según el organismo, Duterte fue citada en varias ocasiones en diciembre pasado para explicar sus declaraciones, pero se negó a comparecer tras consultar con su equipo legal.
A pesar de ello, el NBI llevó a cabo una investigación y remitió sus hallazgos al Departamento de Justicia, que deberá analizar las pruebas y determinar si se abre una investigación preliminar.
“Ellos examinarán las pruebas, y si llevan a cabo una investigación preliminar sobre el asunto”, añadió Santiago.
Duterte y Marcos Jr. consolidaron una alianza en las elecciones de 2022, pero su relación se deterioró poco después de asumir el poder.
La vicepresidenta dejó el gobierno en junio de 2023, después de que la Cámara de Representantes comenzara una investigación sobre el uso de fondos reservados de inteligencia.
En noviembre, Duterte declaró públicamente haber dado órdenes de asesinar al presidente en caso de ser atacada.
Ante estos señalamientos, la Cámara de Representantes aprobó la semana pasada una moción para destituir a Duterte, allanando el camino para un juicio político en el Senado sobre corrupción y amenazas contra Marcos Jr.
No obstante, el proceso no comenzará antes de junio, tras las elecciones de medio mandato del 12 de mayo.
Los comicios de mayo, en los que se renovará la mitad del Senado y la totalidad de la Cámara Baja, son cruciales tanto para la familia Duterte como para los Marcos.
Se consideran un referéndum sobre la gestión de Marcos Jr. y una cuestión de supervivencia política para la hija del ex presidente Rodrigo Duterte.
“La suspensión del proceso hasta junio marca una pausa estratégica en medio de una campaña electoral clave”, señalaron analistas políticos.
Para que la destitución de Duterte prospere, al menos 16 de los 24 senadores deben votar en su contra. Por ello, su juicio político se ha convertido en un tema central en la campaña electoral recién iniciada.
La decisión de que estos senadores voten a favor del impeachment de Duterte podría depender del presidente Marcos, dijo a la agencia AFP Dennis Coronacion, presidente del departamento de ciencias políticas de la Universidad de Santo Tomás.
“Si (Marcos) está comprometido con esto, con el proceso de impeachment... creo que es posible conseguir el número necesario de votos en el Senado”, dijo, añadiendo que la votación del miércoles había sido una sorpresa.
Pero si la administración permanece al margen, las posibilidades de que Duterte sea destituido son más cercanas al 50-50, dijo Coronacion, señalando la necesidad que tienen los senadores en funciones de obtener votos del bastión de Duterte, Mindanao, en las próximas elecciones.
(Con información de EFE y AFP)
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