Decenas de simpatizantes del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol irrumpieron un tribunal en Seúl este domingo, luego de que un juez extendiera la detención del mandatario destituido por su fallido intento de imponer la ley marcial.
Yoon, quien se encuentra detenido desde la semana pasada tras convertirse en el primer jefe de Estado en ejercicio en ser arrestado en la historia del país, manifestó sentirse “profundamente conmocionado y triste” por el ataque contra el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, donde sus seguidores rompieron ventanas y puertas en protesta por la decisión judicial.
El incidente ocurrió luego de que decenas de miles de personas se reunieran el sábado fuera del tribunal en apoyo al presidente destituido por el Parlamento. La policía desplegó cientos de agentes para controlar la situación, arrestando a varios implicados.
En un comunicado, el cuerpo policial calificó la irrupción como “un incidente ilegal y violento intolerable”.
El ataque al tribunal es el más reciente capítulo de la crisis política que vive Corea del Sur desde que Yoon intentó imponer su fallida ley, que fue rechazada por la asamblea legislativa en una votación que tuvo lugar mientras tropas rodeaban el parlamento. Posteriormente, los legisladores aprobaron su destitución, dejando al mandatario suspendido de sus funciones y enfrentando cargos de insurrección.
El tribunal justificó su decisión de mantener a Yoon bajo custodia durante otros 20 días alegando el riesgo de que pudiera destruir pruebas. Por su parte, el mandatario emitió un comunicado a través de sus abogados, defendiendo “el propósito y la legitimidad” de su polémica declaración de ley marcial y asegurando que continuará luchando contra las acusaciones “sin importar cuánto tiempo tome”.
Sus seguidores aseguran, sin pruebas, que la acción de Yoon estuvo motivada por presunto fraude electoral en las elecciones legislativas ganadas el año pasado por la oposición.
Consecuencias legales y nuevas investigaciones
La prolongación de la detención de Yoon podría facilitar la formalización de una acusación penal por insurrección, delito que podría conllevar cadena perpetua o incluso la pena de muerte si se confirma su culpabilidad.
Además, el Jefe Interino de la Policía Nacional, Lee Ho-young, anunció que investigarán a creadores de contenido de derecha en YouTube, quienes presuntamente transmitieron en directo la irrupción al tribunal, lo que podría agravar la situación legal de los responsables.
Yoon no asistió a un interrogatorio programado este domingo por la Oficina de Investigación de la Corrupción, que planea citarlo nuevamente este lunes a las 10:00 horas (01:00 GMT). Paralelamente, el Tribunal Constitucional continúa evaluando si ratifica su destitución, lo que, de confirmarse, provocaría elecciones presidenciales anticipadas en un plazo de 60 días.
En tanto, su abogado Seok Dong-hyeon criticó la decisión judicial y pidió a los seguidores de Yoon evitar actos violentos, ya que podrían perjudicar el caso del presidente. Por su parte, el analista legal Yoo Jung-hoon señaló que el ataque al tribunal es un hecho sin precedentes en Corea del Sur y que los responsables probablemente enfrenten penas de cárcel.
Yoon sólo ha participado en un interrogatorio del día de su detención, el pasado miércoles, aunque en esa ocasión se negó a responder a las preguntas de los investigadores.
Si el mandatario destituido continúa negándose a ser interrogado, se espera que la CIO considere llevar a cabo una comparecencia forzosa o realizar una visita al centro de detención en Uiwang, al sur de Seúl, donde se encuentra ingresado Yoon para interrogarlo ahí mismo.
(Con información de EFE y AFP)
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