
El jefe de seguridad presidencial de Corea del Sur, Park Chong Jun, pidió este viernes evitar un derramamiento de sangre ante un nuevo intento de arresto del mandatario depuesto Yoon Suk-yeol, por la declaración de la ley marcial a principios de diciembre.
“No debería haber enfrentamientos ni derramamiento de sangre bajo ninguna circunstancia”, declaró Park Chong Jun mientras crece la preocupación por un posible escalamiento de la crisis política.
“Creo que muchos deben estar profundamente preocupados ante la situación actual, con organismos gubernamentales enfrentándose entre sí”, afirmó a su llegada a la sede del equipo de investigación.
Añadió que el proceso debería llevarse a cabo “de una manera acorde con el estatus de un presidente en funciones”, subrayando que Yoon, aunque fue destituido por el Parlamento el pasado 14 de diciembre, sigue siendo nominalmente jefe de Estado hasta que el Tribunal Constitucional decida si ratifica o revoca su cese.

El pasado viernes, el intento de los investigadores de la Oficina para la Investigación de Casos de Corrupción para Altos Funcionarios (CIO), apoyados por la Policía y el Ministerio de Defensa Nacional, de arrestar a Yoon Suk-yeol en la residencia presidencial, fue frustrado por el PSS, que impidió el ingreso de los agentes.
Esto obligó a suspender el operativo e intensificó el enfrentamiento entre las instituciones gubernamentales. Yoon está siendo investigado por insurrección, un delito que no está cubierto por la inmunidad presidencial en Corea del Sur.
Las acusaciones surgen tras su fallida declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre, un intento que fue ampliamente criticado y que desencadenó su destitución parlamentaria.
El caso generó controversia sobre las competencias de la CIO y la legalidad de las órdenes contra Yoon. Los abogados del mandatario argumentan que el proceso judicial viola precedentes legales, como el de la ex presidenta Park Geun-hye, destituida en 2017 por corrupción, quien pudo esperar el fallo del Tribunal Constitucional antes de enfrentar cargos penales.

También cuestionaron la jurisdicción del juzgado que emitió y prorrogó la orden de arresto, calificándola de “ilegal”. Por ello, solicitaron al Tribunal Constitucional una revisión del caso y una aclaración sobre las competencias legales de los organismos involucrados.
Tras el fracaso del primer operativo, se espera que los investigadores intenten nuevamente ejecutar la orden de arresto contra Yoon en los próximos días.
En caso de lograrlo, el equipo conjunto dispondrá de 48 horas para interrogar al presidente depuesto y, de ser necesario, solicitar una extensión de la detención.
(Con información de AFP y EFE)
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