La defensa de Yoon Suk-yeol rechazó las acusaciones de insurrección tras la imposición de la polémica ley marcial

El mandatario surcoreano depuesto por el Parlamento y su círculo cercano se enfrentan a posibles condenas de cadena perpetua o incluso la pena de muerte si son declarados culpables de los cargos

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La defensa de Yoon Suk Yeol aseguró que no cometió ningún acto de insurrección tras la imposición temporal de la ley marcial (REUTERS/ARCHIVO)
La defensa de Yoon Suk Yeol aseguró que no cometió ningún acto de insurrección tras la imposición temporal de la ley marcial (REUTERS/ARCHIVO)

El equipo legal del presidente surcoreano destituido por el Parlamento, Yoon Suk-yeol, defendió este jueves que su cliente no cometió insurrección al imponer una controvertida ley marcial durante varias horas, entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de diciembre.

Esta medida, considerada por muchos como un intento de consolidar el poder, desencadenó su destitución y provocó una crisis política sin precedentes en el país.

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El sábado, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó una moción de juicio político contra Yoon, con 204 votos a favor y 85 en contra. Esta decisión deberá ser ratificada por el Tribunal Constitucional en un plazo de hasta seis meses.

Si se confirma la destitución, se convocarán elecciones presidenciales en un plazo de 60 días. Mientras, el primer ministro Han Duck-soo asume de forma interina la jefatura del Estado.

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La ley marcial, anunciada por Yoon en un discurso televisado alrededor de la medianoche del 3 de diciembre, fue la primera vez que se implementó esta medida en Corea del Sur desde la democratización en los años 80.

Seok Dong-hyeon, el portavoz del mandatario depuesto (REUTERS/Kim Hong-Ji/ARCHIVO)
Seok Dong-hyeon, el portavoz del mandatario depuesto (REUTERS/Kim Hong-Ji/ARCHIVO)

En el marco de la declaración, el ex mandatario envió soldados y helicópteros a la sede de la Asamblea Nacional. Sin embargo, varias horas después, y tras intensas protestas en las calles, los legisladores opositores lograron entrar al parlamento y votar en contra de la ley, obligando a Yoon a dar marcha atrás.

Ahora, Yoon y algunos de sus colaboradores enfrentan investigaciones por corrupción llevadas a cabo por la fiscalía, la policía, el Ministerio de Defensa y oficiales anticorrupción.

Según su portavoz, Seok Dong-hyeon, el mandatario depuesto está “seguro y confiado” de combatir las acusaciones ante los tribunales. “¿En qué lugar del mundo un líder declara una insurrección durante una rueda de prensa en directo?”, cuestionó Seok, refutando las acusaciones de insurrección.

El líder depuesto y su círculo cercano se enfrentan a posibles condenas de cadena perpetua o incluso la pena de muerte si son declarados culpables de los cargos. Por el momento, Yoon tiene una prohibición de viaje internacional, mientras el Tribunal Constitucional evalúa la legalidad de su destitución.

Yoon Suk-yeol no se presentó a una nueva citación por la imposición de la ley marcial

El líder surcoreano no acudió el miércoles a un interrogatorio convocado por la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO).

El líder surcoreano fue destituido recientemente por el Parlamento (Woohae Cho/REUTERS/ARCHIVO)
El líder surcoreano fue destituido recientemente por el Parlamento (Woohae Cho/REUTERS/ARCHIVO)

La citación está vinculada a la polémica declaración de ley marcial emitida por Yoon el pasado 3 de diciembre, bajo el argumento de proteger la democracia.

El lunes, un equipo de investigación compuesto por la policía, el CIO y la unidad de investigación del Ministerio de Defensa convocó a Yoon a comparecer en la sede del organismo anticorrupción en Gwacheon, al sur de Seúl.

Sin embargo, el presidente depuesto no se presentó, como tampoco lo hizo ante la Fiscalía surcoreana el domingo, en el marco de una investigación paralela sobre los mismos hechos.

La Fiscalía advirtió que si Yoon no comparece antes del próximo 21 de diciembre, se verá obligada a solicitar una orden de arresto. Por su parte, el CIO evalúa emitir una segunda citación, sin descartar la posibilidad de solicitar una orden de arresto propia, aunque esta decisión generalmente recae en los fiscales.

(Con información de AFP y EFE)

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