
Human Rights Watch presentó este jueves un nuevo informe en el que evaluó la situación en Corea del Norte y advirtió sobre la grave crisis humanitaria que se desencadenó en el país en el último tiempo, precisamente tras la pandemia del coronavirus.
Los últimos ocho años, los expertos de la organización entrevistaron a cerca de 150 norcoreanos exiliados -32 de ellos recientes desertores-, estudiaron imágenes satelitales, videos y fotografías de fuente abierta, conversaron con periodistas y activistas con contactos dentro del país y en China, y recurrieron a informes y estudios de comercio internacional. En base a todos estos datos, presentaron el trabajo “A sense of terror stronger than a bullet: The closing of North Korea 2018-2023″ (”Una sensación de terror más intensa que la de una bala: el cierre de Corea del Norte 2018-2023″).
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El texto describe el día a día en el país, antes y después de la pandemia, y expone que, a pesar de que años atrás el país ya era uno de los más aislados y represivos en el mundo, las restricciones que se implementaron en 2020 sólo contribuyeron a un mayor hermetismo y dificultades para afrontar las tareas cotidianas del pueblo.
Bajo la excusa de la propagación del virus, el régimen de Kim Jong-un “ha tratado de reimponer su control en áreas en las que su dominio se había debilitado en las últimas dos décadas y media, en concreto, en el control sobre sus fronteras, la actividad mercantil, los viajes no autorizados y el acceso a la información”, precisa el estudio.
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Para ello, parte de su estrategia se basó en el cierre total del país, incluso en la frontera con China, que supo ser un enlace clave en el comercio -ya sea formal o informal- y con el exterior, y estuvo inactiva hasta el 27 de agosto de 2023. Desde entonces, se han retomado las actividades aunque a un bajo ritmo.
A ello se sumó el endurecimiento de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2017, que limitaron las exportaciones e importaciones de Pyongyang y generaron “efectos indeseados” que “aumentaron las dificultades” de la población para conseguir suministros básicos como medicamentos y alimentos, y hasta para continuar con sus actividades comerciales en el mercado ilegal, su principal fuente de ingresos.
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Según detalla el informe, los más afectados por esta situación fueron las mujeres -por no poder acceder a empleos estatales-, los niños y la población de riesgo en zonas rurales. Inclusive, existe una gran preocupación por la propagación de enfermedades como la tuberculosis y la ausencia total de vacunación infantil, así como por la falta de acceso a remedios para combatir otros virus.
Junto con el impacto sobre la actividad económica, el cierre de fronteras dejó al descubierto el costado más represor y autoritario de Kim Jong-un. Desde 2020, el dictador ordenó el refuerzo de la vigilancia en los puestos límites de todo el país, que llevó a que prácticamente los 321 kilómetros que conectan con el exterior y fueron contemplados para el estudio, estuvieran protegidos por al menos una barrera de alambrado. Antes de la pandemia sólo el 71% de esta extensión contaba con esta vigilancia, es decir, casi 500 kilómetros menos de alambre.
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Inclusive, en muchas de las seis zonas estudiadas se registraron hasta dos y tres capas de enrejado y un aumento de 20 veces de los empleados en los puestos de control. Así, pasaron de unos 325 en 2020 a 6.820 en la actualidad, que se traduce a uno cada 110 metros.
A la par, las autoridades aprobaron a principios de aquel año una nueva ley para el despliegue de la división pokpung gundan del Ejército en estas zonas, para reforzar la vigilancia y erradicar a los oficiales corruptos. También, se les ordenó disparar contra cualquier persona o animal que se acercase a la frontera, aumentando considerablemente el riesgo de cualquier civil que intentara desertar del país.
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Todo ello se desarrolló mientras en las ciudades, las personas seguían enfrentándose a toques de queda nocturnos, dificultades para transitar con libertad durante el día y prohibición de acceso a contenidos extranjeros para un mayor “control ideológico”, que hasta fueron penados con la muerte en algunas oportunidades.

Una desertora que participó del informe aseguró que un familiar suyo, aún en el país, “tiene miedo a salir por la creación de semejante entorno social, una sensación de terror mucho más intensa que una bala o una reja de alambre”.
“Los norcoreanos llevan décadas viviendo con privaciones y aislados. El líder norcoreano debería terminar con las políticas que prácticamente han convertido a Corea del Norte en una cárcel gigante, reabrir sus fronteras al comercio, relajar las restricciones de viaje internas y permitir una asistencia internacional de emergencia”, concluyó la investigadora Lina Yoon a la par que instó a la comunidad internacional a “presionar” aún más a Pyongyang para que ponga fin a sus abusos “sistemáticos” e inicie un diálogo para “reabrir el país al mundo exterior”.
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(Con información de EFE y Europa Press)
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