
Estados Unidos anunció el jueves sanciones contra el ejército y los paramilitares de Sudán, enfrascados en una guerra por el poder, aunque se mostró dispuesto a retomar su papel de mediador.
El miércoles, después de que el ejército suspendiera su participación en las negociaciones, 18 civiles murieron y 106 resultaron heridos en un mercado de la capital, Jartum, por disparos de artillería y bombardeos aéreos de las fuerzas armadas, según un comité de abogados de derechos humanos.
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El ejército de Sudán suspendió su participación en el diálogo auspiciado por Estados Unidos y Arabia Saudita, acusando a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que le disputan el poder de incumplir los compromisos.
Los mediadores acusaron a ambos bandos de violar la tregua, que debía habilitar corredores seguros para entregar ayuda a una población cada vez más necesitada.
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En respuesta, Estados Unidos anunció el jueves nuevas sanciones económicas y de concesión de visas contra los líderes sudaneses por provocar un derramamiento de sangre “espantoso”, dijo el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, en un comunicado.
Las sanciones económicas afectan en particular a cuatro empresas, según el Departamento del Tesoro: dos grupos de armamento del ejército, y dos compañías más, una de ellas relacionada con las minas de oro de Sudán, controladas por el líder de los paramilitares, el general Mohamed Hamdan Daglo, y dos de sus hermanos.
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Una investigación de 2019 realizada por la organización Global Witness estableció que ambas empresas vinculadas a los paramilitares movieron millones de dólares en cuentas en dirhams en Emiratos Árabes Unidos.
“Las sanciones son una herramienta”, coincidió el experto en Sudán Alex de Waal, quien cree que el caso del país africano, bajo sanciones de Estados Unidos durante dos décadas, en tiempos del dictador Omar al Beshir, es “un ejemplo clásico en el que las sanciones nunca solucionaron los problemas”.
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Y es que los dos generales actualmente en guerra son escurridizos: el general Daglo es presentado como uno de los hombres más ricos de Sudán, tercer productor de oro de África, y el general y líder del ejército Abdel Fatah al Burhan desarrolló bajo el embargo previamente aplicado por Washington técnicas para esquivar las sanciones internacionales.
Unas horas antes de este anuncio, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, afirmó en Oslo que su país continúa dispuesto a mediar entre las partes en Sudán, pero que “deben dejar claro con sus acciones que van a cumplir seriamente con el alto el fuego”.
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Niños en estado de desnutrición aguda
Desde que comenzaron los combates han muerto más de 1.800 personas, según la ONG ACLED, y más de un millón de personas han tenido que huir de sus hogares.
Yaqout Abderrahim escapó de Jartum a Puerto Sudán (noreste), donde lleva esperando 15 días por un cupo en un vuelo de salida.
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“Queremos irnos a cualquier precio porque nuestras casas fueron destruidas y ya no tenemos cómo criar a nuestros hijos”, declaró Abderrahim a la AFP en medio de otras familias que acampan en el sitio.

Unas 25 millones de personas, más de la mitad de la población de Sudán, necesitan ayuda y protección, indicó la ONU.
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Barrios enteros de Jartum carecen de agua corriente, la electricidad está disponible por pocas horas semanales y tres cuartas partes de los hospitales en zonas de combate dejaron de funcionar.
Según UNICEF, más de 13,6 millones de niños necesitan ayuda humanitaria, entre ellos “620.000 están en estado de desnutrición aguda, la mitad de los cuales podrían morir si no se les ayuda a tiempo”.
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Unas 350.000 personas han huido a los países vecinos: la mitad a Egipto, el resto a Chad, Sudán del Sur, República Centroafricana y Etiopía.
Sudán está al borde de la hambruna, según la ONU, y se acerca la temporada de lluvias, con el riesgo de epidemias.
Los combates más violentos se registran en Darfur, en la frontera con Chad, donde algunas zonas están completamente aisladas del resto del mundo, sin electricidad ni teléfono.
(Con información de AFP)
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