
La basura se acumulaba en las calles de París y se bloqueaban las entregas de combustible de las refinerías porque los trabajadores continuaban con las huelgas contra la reforma jubilatoria, pero el presidente francés Emmanuel Macron se negó a reunirse con los sindicatos y dijo que las enmiendas deben seguir adelante.
Mientras continuaba el debate sobre la reforma en el Senado, los trabajadores bloquearon el viernes las salidas de combustible de las refinerías de TotalEnergies y Esso, mientras se interrumpía el suministro eléctrico y se retrasaba el mantenimiento de algunos reactores nucleares de EDF.
De momento, el impacto no ha sido importante, ya que el frío ha impedido que la basura en París y otras ciudades apeste. Aún no hay colas en las gasolineras, ya que los automovilistas y los operadores de estaciones de servicio se anticiparon a las interrupciones.
Pero el sindicato de línea dura CGT en la refinería Donges de TotalEnergies dijo que la huelga continuaría al menos hasta el jueves y los sindicatos de recolectores de basura no habían fijado una fecha para la reanudación de los servicios.

En una carta a los sindicatos, Macron se negó a aceptar su petición de reunión, diciendo que los sindicatos habían tenido tiempo de sobra para negociar con el Gobierno en los últimos meses y que ahora era el momento de que el Parlamento revise la reforma de pensiones, cuya medida clave es una ampliación de dos años de la edad de jubilación hasta los 64 años.
“No subestimo el descontento que expresan ni el temor de muchos franceses a que no haya jubilación para ellos”, dijo Macron en la carta, publicada por los medios franceses. Añadió que no cedería en la necesidad de restablecer un equilibrio financiero duradero del sistema de pensiones para garantizar las pensiones de las generaciones futuras.
Los sindicatos planean más marchas en todo el país para el sábado. Según una nota del Ministerio del Interior citada por la televisión francesa BFM, la policía espera que se manifiesten entre 800.000 y 1 millón de personas.
Los sondeos de opinión muestran que dos de cada tres franceses se oponen al plan del gobierno de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa.
El rechazo se plasmó en una serie de masivas protestas desde el 19 de enero, pero que no lograron la retirada del proyecto.

Por otra parte, el tiempo apremia para los opositores. El gobierno escogió un polémico procedimiento que limitó los días de examen del proyecto y le permite además aplicarlo por ordenanza si para el 26 de marzo las dos cámaras del Parlamento no se han pronunciado.
El ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, activó además este viernes un polémico mecanismo que limita todavía más el debate en el Senado, donde se encuentra el proyecto, con la esperanza de que la cámara alta lo vote antes del plazo que termina el domingo.
Esta iniciativa enfadó a la oposición de izquierdas, que desde el inicio del trámite busca la obstrucción parlamentaria del texto. “El gobierno amordaza al Senado”, denunció el legislador socialista, Patrick Kanner.

La semana próxima se anuncia decisiva. Un grupo de diputados y senadores debe acordar el miércoles un texto de consenso que, a continuación, el gobierno someterá de nuevo a ambas cámaras a partir del jueves para su último visto bueno.
Con la mayoría del Senado en el bolsillo, el gobierno podría activar un último mecanismo en la Asamblea Nacional (cámara baja) para asegurarse la adopción de la reforma, que sólo podría rechazarse si la oposición presenta una moción de censura y la gana.
Ese mecanismo conocido como el “49.3″ es muy polémico. Philippe Martinez, líder del sindicato CGT, advirtió que su uso sería “muy grave para la democracia” y justificaría que la contestación continuara e incluso aumentara.
(Con información de Reuters y AFP)
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