El régimen de Vladimir Putin publicó este jueves una lista con 592 ciudadanos canadienses, entre los que se incluye el primer ministro, Justin Trudeau, a los que se prohíbe la entrada a Rusia “de manera permanente”.
Junto a Trudeau aparecen otros nombres de relevancia política en Canadá, como la ministra de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly; la ministra de Defensa, Anita Anand; y el ministro de Justicia, David Lametti.
En el listado, difundido por el Ministerio de Exteriores ruso, aparecen otros varios ministros, asesores, senadores, primeros ministros provinciales e incluso ex parlamentarios de Canadá.
Moscú señaló que está convencida de la necesidad de mantener relaciones “respetuosas y de buena vecindad”, y remarcó que las sanciones se han tomado “de manera involuntaria” y “exclusivamente como respuesta a las acciones hostiles de los líderes canadienses”.
“Rusia busca relaciones mutuamente respetuosas y de buena vecindad con el pueblo canadiense, pidiendo a las autoridades de Ottawa que abandonen el rumbo ‘rusofóbico’ que priva al país de la independencia en política exterior y no cumple con sus intereses nacionales”, apuntó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
Las autoridades canadienses anunciaron el miércoles una nueva batería de sanciones contra Moscú, esta vez contra un total de 203 personas a las que acusa de “complicidad” en el intento de anexión por parte de Rusia de los territorios separatistas ucranianos de Donetsk y Lugansk.
En concreto, el Gobierno de Canadá sancionó a 11 altos funcionarios y 192 miembros de los consejos de las autoproclamadas repúblicas, de los que ha dicho que son “cómplices de las violaciones en curso del régimen de Rusia contra la integridad territorial y la soberanía de Ucrania”.
Por su parte, el ejecutivo de Trudeau quiere convertirse en el primer país del G7 en liquidar los activos rusos para financiar con esos fondos la ayuda a Ucrania. “Estamos buscando la capacidad no sólo de decomisar, sino también de autorizar la confiscación de la propiedad de las personas y entidades sancionadas y permitirnos compensar a las víctimas (ucranianas) después”, aseguró Mélanie Joly.
En esa línea, el primer ministro afirmó que Canadá está buscando “formas de castigar aún más” a Rusia, con tal de incautar propiedades de quienes han sido sancionados por la ofensiva sobre Ucrania.
Desde el inicio de la invasión rusa, lanzada el 24 de febrero pasado, Canadá ha impuesto sanciones a “más de 1.100 personas y entidades” consideradas cómplices del gobierno de Vladimir Putin. Varias de estas sanciones fueron tomadas en coordinación con sus aliados europeos y con Estados Unidos.
“Somos el primer país del G7 en ofrecer este nuevo recurso porque creemos que funcionará”, explicó la ministra canadiense, aunque afirmó que no tenía “estimaciones claras” sobre la suma que se podría recaudar con este nuevo mecanismo.
Mélanie Joly, sin embargo, precisó que “los activos de los oligarcas rusos en Canadá son considerables”.
“Canadá no se quedará de brazos cruzados viendo cómo el presidente Putin y sus cómplices intentan volver a trazar las fronteras de Ucrania con impunidad”, sostuvo la jefa de la diplomacia canadiense, que volvió a manifestar su deseo de que “Ucrania gane”.
La Cámara de los Comunes canadiense aprobó este miércoles por unanimidad una moción que reconoce la invasión rusa en Ucrania como un acto de “genocidio”.
La resolución ha sido presentada por la diputada, Heather McPherson, no es vinculante y no requiere que el Gobierno canadiense tome ninguna medida, tal y como ha informado CBC News.
La moción señala que la matanza de civiles ucranianos, la profanación de cadáveres, el traslado forzoso de niños ucranianos a territorio ruso y las torturas y violaciones perpetradas por soldados rusos constituyen un genocidio.
“Las sanciones se han aplicado con demasiada lentitud, se han aplicado muy, muy tarde, han dado la oportunidad a los oligarcas rusos de ocultar su riqueza, por lo que no han sido apropiadas”, dijo la diputada McPherson.
(Con información de Europa Press y AFP)
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