El primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas y el director de puertos del territorio caribeño fueron arrestados el jueves por cargos de contrabando de drogas en el sur de Florida, dijeron funcionarios federales.
El primer ministro Andrew Fahie y la directora gerente Oleanvine Maynard fueron arrestados por agentes de la Administración de Control de Drogas de EEUU en el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa-locka y acusados de conspiración para importar cocaína y conspiración para lavar dinero, según una denuncia penal. El hijo de Maynard, Kadeem Maynard, enfrenta los mismos cargos.
Fahie y Oleanvine Maynard habían estado en el aeropuerto para reunirse con narcotraficantes mexicanos, que en realidad eran agentes encubiertos de la DEA, para ver un cargamento de USD 700.000 en efectivo que los funcionarios de BVI esperaban recibir por ayudar a contrabandear cocaína desde Colombia a Miami y Nueva York, dijeron los funcionarios en la denuncia.
Una fuente confidencial de la DEA se había reunido previamente con Maynard y su hijo después de ser presentados por un grupo de autoproclamados agentes libaneses del grupo terrorista Hezbollah, según la denuncia. Después de que Fahie se involucró, los funcionarios de las Islas Vírgenes Británicas acordaron permitir que los contrabandistas trajeran la cocaína a través del puerto de Tortola antes de continuar hacia los EEUU.
A través de un comunicado ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, dijo estar horrorizada con el hecho.
“Estoy horrorizada por estas graves acusaciones. Este arresto demuestra la importancia de la Comisión de Investigación recientemente concluida”, señaló.
Truss indicó que se mantienen atentos al desarrollo de los acontecimientos dentro de Islas.
“He hablado con el Gobernador de las Islas Vírgenes Británicas y él llevará a cabo una reunión de emergencia del Gabinete del Territorio más tarde hoy. Mañana establecerá los próximos pasos, incluida la publicación urgente del informe de la Investigación”, aseguró.
Un territorio poco transparente
Las Islas Vírgenes británicas, un territorio de ultramar del Reino Unido y uno de los principales paraísos fiscales del mundo, albergan dos tercios de las cerca de 1.000 empresas fachada utilizadas por los cientos de ejecutivos y políticos mencionados en los Papeles de Pandora.
Este archipiélago caribeño encabeza la clasificación de la oenegé Tax Justice Network de las jurisdicciones fiscales más opacas del mundo, seguido de las Islas Caimán y las Bermudas.
Son citadas habitualmente en las revelaciones de la prensa sobre evasión fiscal en el mundo, sobre todo en los FinCEN o en los Papeles de Panamá.
Ese territorio genera más del 51% de sus ingresos por el registro de empresas extranjeras, de las que hay 950.000 según una estimación publicada en la web del gobierno del archipiélago.
Se considera que muchas de estas empresas son cascarones vacíos utilizados como fachada en complejos entramados fiscales para ocultar el origen de los fondos o sus destinatarios.
Las Islas Vírgenes británicas tiene un gobierno autónomo, pero su gobernador es nombrado por la reina Isabel II por recomendación del gobierno británico.
Los asuntos exteriores y militares del territorio dependen de Londres.
Hace dos años, el Reino Unido aprobó una enmienda a su ley contra el blanqueo de capitales para exigir a sus territorios de ultramar y a las dependencias de la Corona británica (que incluyen a las Bermudas, Jersey, Guernsey y la Isla de Man) que establezcan registros públicos de beneficiarios, para revelar los verdaderos propietarios que se esconden detrás de muchas empresas ficticias.
A principios de 2021, las Islas Vírgenes acordaron hacer público su registro de empresas para 2023, lo que parecía un avance en el levantamiento del secreto fiscal, pero los grupos que luchan contra la opacidad financiera se habían quejado de que en realidad era un paso atrás respecto a los compromisos originales.
El archipiélago, al igual que otros territorios británicos considerados como paraísos fiscales, ha construido su atractivo y sus ingresos sobre las ventajas concedidas a las empresas en materia impositiva.
El endeudamiento masivo de los gobiernos de todo el mundo para combatir la pandemia ha aumentado la presión sobre los paraísos fiscales y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prepara una reforma global del impuesto de sociedades que muchas de estas jurisdicciones, como Panamá, Bermudas y las Islas Vírgenes británicas, han acabado por apoyar.
(Con información de AP y AFP)
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