La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, calificó este miércoles de “preocupante” la proliferación de procesos judiciales contra jueces independientes, fiscales y juristas en Guatemala y advirtió de que el espacio de la sociedad civil de este país “para actuar libre de obstrucciones” está “disminuyendo”.
En un debate sobre la situación del país en el Parlamento Europeo, la comisaria subrayó que en líneas generales las relaciones entre Guatemala y el bloque comunitario son “positivas” y agradeció al país su alineamiento en la condena a la invasión rusa de Ucrania, pero señaló que la Unión Europea está preocupada por los retrocesos en el Estado de derecho.
“Hacemos un llamamiento a las autoridades para garantizar la seguridad de los detenidos y sus derechos a un proceso justo”, señaló Dalli, que recordó que los jueces, fiscales y abogados afectados han participado previamente en investigación de casos de corrupción y enfrentan campañas de intimidación y amenazas en medios de comunicación.
Unos veinte funcionarios de la Justicia guatemalteca se han visto obligados en los últimos meses a exiliarse debido a que, según ha afirmado la mayoría, han sufrido “criminalización” en su contra por parte de la fiscal general.
La mayoría de los exiliados son fiscales que participaron en el combate anticorrupción en Guatemala que se registró entre 2014 y 2020, una lucha que quedó muy debilitada con la expulsión en 2019 de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por parte del Gobierno guatemalteco.
La UE, abundó Dalli, seguirá supervisando la situación y promoviendo la necesidad de trabajar de cerca con la sociedad civil, al tiempo que hará nuevos llamamientos que los derechos humanos y el Estado de derecho se respeten en este país.
En el último boletín de prensa de la CIDH sobre la situación en Guatemala, la comisión mostró preocupación ante el acoso a operadores de justicia porque estos hechos ocurren en “un contexto de severos retrocesos en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala”. Según el canciller de Guatemala, Mario Búcaro, “este informe anual no corresponde a la realidad de mi país, Guatemala es una nación democrática y un estado de derecho”, dijo.
La semana pasada una investigación periodística visibilizó cómo los tres hijos del presidente, a pocos meses de haber recibido el gobierno, cambiaron su vivienda por apartamentos lujos valorados en millones de quetzales comprados a nombre de empresas “de cartón” o ficticias.
(Con información de EFE)
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