
Tras la dimisión del primer ministro de Sudán, Abdalá Hamdok, los militares eran los únicos al frente del país este lunes, lo que llevó a muchos ciudadanos a temer que vuelva a instaurarse un régimen represivo.
Desde el golpe de Estado del 25 de octubre, fomentado por el jefe del ejército, el general Abdel Fatah al Burhan, 57 manifestantes han sido asesinado, según un sindicato de médicos prodemocracia.
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Además, se ha violado a manifestantes, según la ONU, y muchos periodistas han sido golpeados e incluso detenidos, en tanto las redes de telecomunicaciones funcionan a la merced del poder.
Por otra parte el general Burhan garantizó por decreto la impunidad de las fuerzas de seguridad, a las que otorgó un poder total en virtud de una “ley de emergencia” heredada de la era del dictador Omar al Bashir, derrocado en 2019 por el ejército tras unas manifestaciones masivas.
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En noviembre, y tras haber pasado un mes en arresto domiciliario, Abdalá Hamdok regresó al puesto del primer ministro gracias a un acuerdo con el general Burhan.
Pero, “paralizado” y sin “haber podido hacer nada” desde entonces, según el experto Magdi Gizouli, del Rift Valley Institute, el primer ministro decidió tirar la toalla el domingo.
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Ahora, señaló Gizouli a la agencia AFP, “los militares son los únicos al mando” del país. Ante ellos, quedan “los manifestantes, que saldrán todavía más a las calles y se enfrentarán a más violencia todavía”.
Cayó la “fachada”
Omar al Bashir, juzgado en diferentes procesos, está encarcelado desde que fue apartado del poder. Pero muchas figuras de su régimen siguen mandando, incluyendo al general Burhan.
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Para la población no cabe duda de que la protesta debe continuar. Las manifestaciones de 2019 condujeron a la expulsión de Al Bashir, y ahora pretenden hacer lo mismo con el general Burhan.
La Asociación de los Profesionales sudaneses, punta de lanza de la revolución contra Al Bashir en 2018-2019 y contra los militares desde el 25 de octubre, volvió a convocar manifestaciones para el martes.
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Este lunes, las fuerzas de seguridad bloqueaban el puente que conecta Jartum con Omdurman, un suburbio del noroeste de la capital, donde dos manifestantes perdieron la vida el domingo.
“La dimisión de Hamdok priva a los generales de su fachada y muestra claramente que el golpe de Estado no es más que una vuelta a la política militar-islamista de Al Bashir”, indicó en Twitter Kholood Khair, especialista en Sudán en el centro de estudios Insight Strategy Partners.
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El 25 de octubre, el general Burhan prolongó su mandato dos años, acabando con cualquier esperanza de que el poder fuera transferido a los civiles antes de que terminara el proceso de transición, supuestamente en julio de 2023.

Para esa fecha, Burhan prometió que se celebrarán elecciones.
Dos meses después, autorizó a las fuerzas armadas a allanar cualquier edificio y a las personas que se encuentren en él y a llevar a cabo cuantas incautaciones consideren necesarias.
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Además, los miembros de los servicios de seguridad se benefician de inmunidad y no pueden ser interrogados.
El emisario de la ONU en Sudán, Voloker Perthes, afirmó que “lamenta” la dimisión de Hamdok y se declaró “preocupado por la crisis política en curso [...] que podría socavar todavía más los progresos realizados desde la revolución”.
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En tanto, Estados Unidos pidió “a los dirigentes sudaneses que pongan de lado sus diferencias [para] asegurar la continuidad del poder civil”, mientras que el Reino Unido se declaró “entristecido” por la dimisión de Hamdok.
“Cuanto más tarden los estadounidenses y los europeos en mostrarle a los generales las consecuencias de sus actos, más podrán consolidar estos sus poderes económico y político a expensas de los sudaneses”, advirtió en este sentido John Prendergast, del centro de reflexión The Sentry.
(Con información de AFP)
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