Los indultos a los independentistas catalanes dividen a España en el medio de una tormenta política

“I som on som. I som on som”, lanzó el presidente Pedro Sánchez en catalán parafraseando al poeta Miquel Marti i Pol. Somos lo que somos. Palabras que sonaron con la maravillosa acústica del Liceu de Barcelona y que fueron interpretadas a su manera por cada uno de los protagonistas de este drama hispano-catalán. Allí Sánchez confirmó que van a ser indultados los nueve presos del “proces”, los funcionarios del gobierno catalán responsables de la declaración unilateral de independencia de 2017. Una decisión que no se sabe si llevará a la convivencia democrática de los catalanes y el resto de los españoles pero que, por el momento, no deja a nadie contento. Lo expresó a los gritos un infiltrado de la izquierda radicalizada dentro del propio teatro: “¡Visca la terra!!!”. Y en la puerta, donde se congregaron unos cuantos separatistas para decirle “¡Traidor!” a Sánchez en la cara.

El indulto no es suficiente para los independentistas. Dicen que apenas los saca de la cárcel. Quieren amnistía, es decir que también les borren los delitos. El actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, dejó plantado a Sánchez en el Liceu y desde Tarragona volvió exigir otro referéndum para determinar la independencia catalana. Del otro lado, desde el centro hasta la derecha más rancia, todo es “una desgracia”. Inés Arrimadas, la presidenta de los liberales de Ciudadanos acusó al gobierno de “arrodillar España ante el golpismo”. El presidente del PP (Partido Popular, derecha) Pablo Casado describió lo sucedido en el Liceu como “una ópera bufa”. “Ha usado una medida de gracia para dar un golpe de gracia a la legalidad, concediéndolo a quien no lo ha solicitado, no se arrepiente y, además, amenaza con volverlo a repetir”, dijo Casado. La extrema derecha de Vox habla directamente de “insulto a los españoles”, “ilegalidad” y pide “una revuelta judicial” para detener los indultos. Ya anunció que recurrir a los tribunales y la liberación de los nueve presos puede demorarse un tiempo más.

Sánchez justifica la medida con palabras como concordia, democracia, legalidad y Constitución. Insiste en que se trata de un paso para caminar hacia una nueva etapa en Cataluña. “La razón fundamental de los indultos que nos disponemos a aprobar es su utilidad para la convivencia. Y estoy convencido de que sacar a estas nueve personas de la cárcel, que representan a miles de catalanes, es un rotundo mensaje de la voluntad de concordia y convivencia de la democracia española”, dijo en su discurso. Antes, había conseguido el apoyo de los poderosos empresarios y la Iglesia de Cataluña. También dicen que lo estaban presionando desde la UE a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Sea lo que sea, no se va a ganar muchos amigos. Pero es posible que logre un período de gracia de unos dos años en los que el independentismo catalán pudiera quedar entre paréntesis. “Si Pedro Sánchez y su Gobierno acaban perdiendo las elecciones dentro de dos años se deberá más al precio de la luz que a las medidas de gracia”, escribió Antón Losada en elDiario.es. “Esa mayoría quiere ver un Gobierno que tire para adelante y deje de gustarse anunciando que lo va a hacer o distraerse enredado con las nostalgias y ensueños de esa minoría que solo es feliz en el pasado”.

Nueve de los doce acusados del procés fueron condenados a entre 9 y 13 años de cárcel por delitos de sedición y malversación de fondos públicos. El resto, a multas e inhabilitación por desobediencia. El preso más emblemático es Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, la izquierda republicana catalana, quien dijo desde la cárcel que “es un orgullo estar preso por haber colocado urnas. El indulto se lo pueden meter por donde les quepa”. Eso dejó muy descolocado a “Sánchez, el magnánimo”, como le dicen al presidente en los bares de Madrid. Indulta a los que no se arrepienten de nada. Pero son los que le pueden dar algunos votos imprescindibles para pasar leyes en el Congreso.

La Ley de Reglas para el Ejercicio de la Gracia de Indulto que aplica el gobierno de Sánchez fue promulgada en 1870, aunque revisada y actualizada varias veces. Es el artículo 62 de la Constitución española y da prerrogativa al Jefe de Estado, en este caso Felipe VI, a “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Y agrega que los indultos no pueden mancillar “el prestigio de los tribunales, ni la misma moralidad y orden público”. También aclara que no se trata de una amnistía, que es la que perdona el delito. El indulto perdona la pena y el reo debe hacerse cargo de los costos del proceso y asumir su culpabilidad.

Quien queda fuera de todo este proceso es el líder del procés, Carles Puigdemont, el entonces presidente de la Generalitat, que escapó a Bruselas el 29 de octubre de 2017. Fue arrestado un año más tarde cuando viajaba por Alemania, pero la Corte Suprema de ese país negó la extradición a España. Regresó a Bruselas y desde allí lanzó su candidatura al Parlamento Europeo. Obtuvo la banca, pero en marzo de este año le quitaron los fueros. Desde entonces, juega con el “voy pero no voy” y hasta manda mensajes por las redes insinuando que se encuentra en forma clandestina en Barcelona. Fue él quien encabezó la movida separatista que creó la peor crisis en el país desde la instalación de la democracia tras la noche franquista. Alrededor del 90% de los votantes catalanes apoyaron la independencia en el referéndum del 1 de octubre de 2017, pero la participación fue solo del 43% y se hubiera necesitado una mayoría. A pesar de eso, el Parlamento catalán declaró la independencia el 27 de octubre, antes de que Madrid suspendiera la autonomía de la región. El gobierno español destituyó a los dirigentes catalanes, disolvió el parlamento y convocó elecciones regionales anticipadas dos meses después. Los partidos separatistas obtuvieron una estrecha mayoría. Puigdemont, al no haberse sometido a la justicia española —sobre él todavía pesa una euroorden de detención y el viernes pasado pasó a disposición de las autoridades judiciales belgas— no tiene derecho a ser indultado. Primero deberá ser condenado.

España logró después de mucha sangre, sudor y lágrimas, pacificar el País Vasco. Lo de Cataluña es un proceso totalmente diferente, pero aparece como un nuevo desafío “a la vasca” para esta España compuesta por muchas Españas.

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