La decisión del Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lacio de ordenar a los periodistas de un programa de la televisión pública italiana, Rai, que revelen sus fuentes, equiparándolos con funcionarios públicos, ha puesto en pie de guerra a las asociaciones de prensa del país, que la consideran un precedente “gravísimo” y piden la intervención del Gobierno y el Parlamento.
La RAI anunció este sábado que recurrirá ante el Consejo de Estado la sentencia, que da la razón parcialmente a un abogado citado en una investigación periodística del programa Report sobre la supuesta corrupción existente en la concesión de contrataciones públicas en Lombardía (norte), según medios locales.
“El Ejército tendrá que venir a por los documentos relativos a nuestras fuentes, nunca los entregaremos, los protegeremos hasta la muerte”, aseguró el presentador de Report, Sigfrido Ranucci, apoyado por la dirección de Rai3, el canal en el que se emite el programa.
Se trata de “un precedente gravísimo, un ataque a la independencia y a la autonomía de la información”, aseguró la dirección, antes de añadir que “la empresa hará todo lo posible para garantizar a sus periodistas el pleno ejercicio de la libertad de información y la protección de las fuentes”.
La sentencia permitirá al abogado, Andrea Mascetti, obtener parte de los documentos, los transmitidos por el programa a la Administración, lo que “iguala a los periodistas Rai a funcionarios públicos, reduciendo así el derecho y el deber de los periodistas del servicio público a proteger las fuentes según lo previsto por el secreto profesional”, explicó el secretario de la Unión Sindical de periodistas de la Rai (Usigrai), Vittorio Di Trapani.
“En la práctica, esto significa eliminar para los periodistas Rai la posibilidad de hacer periodismo de investigación, pilar del contrato de servicio”, añadió.
La Federación Nacional de la Prensa (Fnsi) y la Usigrai reclamaron de forma conjunta al Gobierno y al Parlamento “la necesidad de una aclaración urgente sobre la naturaleza jurídica de la Rai” porque sus periodistas “no pueden compararse con los funcionarios de la administración pública”.
“Por lo tanto, las normas sobre el acceso a los documentos deben sucumbir ante el derecho/deber del periodista a proteger sus fuentes. De lo contrario, en los hechos se anularía cualquier posibilidad para los periodistas Rai de hacer su trabajo, y más aún, de hacer periodismo de investigación, así como de cumplir con las obligaciones del Contrato de Servicio”, añadieron.
(Con información de EFE)
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