Legal, puede ser; ético, de acuerdo con sus propias reglas, seguro que no. Esta semana los diarios españoles informaron que el líder de la formación Podemos había tramitado el cobro de una indemnización de 5.316 euros mensuales tras abandonar su cargo en la vicepresidencia del Gobierno.
La ley reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado pauta esta opción para cargos que hayan cesado su función y siempre que no ostenten ningún cargo público ni trabajo en el sector privado. En el caso de Iglesias, abandonó su cargo para lanzarse a la carrera electoral por la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como candidato de Unidas Podemos.
Cuando trascendió su solicitud, Iglesias intentó salir al cruce de las críticas asegurando que este dinero le correspondía ya que es un derecho propio del cargo, pero nunca aclaró qué sucedía con el propio estatuto ético de su partido. En el artículo 12, epígrafe octavo, se afirma que los cargos públicos del partido no percibirán “ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo”.
En una entrevista en el programa La Hora, Iglesias aseguró que recibirá los 5.316 euros solo durante un mes, debido a que tras las elecciones del 4 de mayo tiene el compromiso de tomar posesión como diputado de la Asamblea de Madrid como candidato de Unidas Podemos.
“Es un derecho que me corresponde y durante el tiempo que no sea diputado, pues como han hecho otros muchos exministros y exvicepresidentes, son los ingresos que voy a tener. No va a ser más de un mes”, afirmó.
La solicitud ha tenido gran repercusión en España debido a que Podemos ha logrado gran parte de su capital político después de la crisis del 2008 con un discurso centrado en la oposición a la llamada casta política y los privilegios.
Iglesias consumó el martes su salida del gobierno para competir en las elecciones regionales madrileñas, y fue reemplazado como vicepresidente por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, figura ascendente de Podemos.
El líder izquierdista participó ese mismo día en su último consejo de ministros. Ha formado parte del espacio desde enero de 2020 como vicepresidente segundo de Derechos Sociales, dentro del gobierno de coalición con los socialistas del presidente Pedro Sánchez, donde protagonizó numerosos desacuerdos en varios ámbitos.
Para la sorpresa general, Iglesias anunció el 15 de marzo su salida del ejecutivo para competir el 4 de mayo en las elecciones regionales de Madrid, que los sondeos anuncian muy difíciles para Podemos y donde la presidenta conservadora madrileña, Isabel Díaz Ayuso, espera revalidar mandato.
“Ahora me toca seguir trabajando donde creo que puedo ser más útil”, dijo Iglesias en un video publicado este martes en su cuenta de Twitter.
Según anunció Pedro Sánchez en una breve alocución, y cumpliendo con lo esperado, la vicepresidencia reservada a Podemos recae en Yolanda Díaz, quien seguirá en paralelo como ministra de Trabajo.
La polémica por su indemnización no es la única que pone a prueba el código de ética de Podemos. En 2018 él y su mujer compraron una mansión de 600.000 euro en las afueras de Madrid. La propiedad, de 268 metros construidos en una parcela de más de 2.000 metros cuadrados con piscina, un gran jardín y una casa de invitados, parece muy lejos del discurso de austeridad que él pregona.
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